Aprueban proyecto de ley contra robo de salario en Asamblea estatal de Nueva York

Aprueban proyecto de ley contra robo de salario en Asamblea estatal de Nueva York.

El proyecto de ley SWEAT (sudor), diseñado para ayudar a los trabajadores a recuperar los salarios robados, fue aprobado por la Asamblea Estatal de Nueva York. Para que se convierta en ley tendrá que ser aprobado por el Senado Estatal y luego enviado al escritorio de la gobernadora Kathy Hochul, para su firma y aprobación final.

El proyecto de ley SWEAT había sido aprobado por la legislatura del Estado de Nueva York en 2019, pero el exgobernador Andrew Cuomo, lo vetó de manera decepcionante.

El proyecto de ley SWEAT fue reintroducido con el número de proyecto de ley A766 / S2762 y sus principales patrocinadores y organizaciones comunitarias esperan que se promulgue este mismo año.

Según la ley actual, si un empleador le debe dinero a un trabajador, es realmente difícil cobrar dinero porque los empleadores pueden ocultar fácilmente sus activos.

La ley SWEAT permitirá a los trabajadores congelar los activos del empleador (llamado 'gravamen'). Este gravamen es importante porque significa que cuando los trabajadores son engañados con su pago, en realidad podrán recuperarlo.

La senadora estatal de origen colombiano, Jessica Ramos, junto a la asambleísta del estado, Linda Rosenthal, son las principales impulsoras de esta iniciativa, quienes en gran medida reconocen la labor que realizan estos trabajadores, especialmente los de la construcción.

Jessica Ramos explicó en su cuenta de Twitter que la deuda de salario es cuando los empleadores fallan en pagar el salario que legalmente merece el empleador.

Según Ramos, alrededor de 1 billón es robado a los trabajadores en el estado de New York al año. Sin embargo, tratar de ganar esos salarios a través del sistema legal, es un largo, costoso y difícil proceso.

“La deuda de salario hiere a los trabajadores, sus familias, así mismo a negocios honestos y pagadores de impuestos”, expresó la senadora de Queens.

La aprobación en la Asamblea significa que este proyecto de ley pondría fin al robo de salario cometido por subcontratistas en contra de los trabajadores de la construcción.

Una vez que sea aprobado por el Senado y firmado por la gobernadora, y en el caso que los empleadores no cumplan la ley, se podrían enfrentar a violaciones civiles, si un contratista o subcontratista, no realiza los pagos debidos y completos a los trabajadores.

Según informes del Departamento de trabajo de Estados Unidos al año se estima que se roban $1.000 millones, afectando a miles de trabajadores, siendo la industria de la construcción la más afectada.

El proyecto de ley también establece que, si un contratista realiza o acepta un contrato de construcción, asumirá la responsabilidad por cualquier deuda resultante al hacer un reclamo salarial. Garantiza, además, que las empresas constructoras o bien los gerentes de la construcción, sean lo suficientemente responsables de las acciones de las empresas que subcontratan.

La legislación se convierte en un antídoto contra el robo de salario. Los trabajadores pueden presentar una demanda privada contra su empleador directo para cobrar cualquier salario no pagado, incluyendo, horas extras y beneficios complementarios.

Los empleadores ya no podrán cometer las mismas acciones inescrupulosas, donde el subcontratista o intermediario laboral ocultaba activos, cambiaba de empresa o entidad, para evitar responsabilidades de una acción de robo de salario.

La senadora Ramos exigió que se apruebe en el Senado estatal el proyecto de ley contra Robo de Salario que les “da a los trabajadores la habilidad de recuperar salarios adeudados, poniendo un derecho de retención en la propiedad del empleador; preservando el bien hasta que el DOL o la Corte pueda escuchar y resolver el caso”, indicó.

Según miembros de la organización Proyecto de Justicia Laboral, se estima que se han robado $1 mil millones en salarios de los trabajadores en todo el estado, y mientras los trabajadores van a juicios, esos procesos legales únicamente quedan en papel.

Las personas que experimentan esta situación continuarán estando vulnerables y expuestos a más robos si no se aprueba una ley que los proteja.

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