Las desigualdades a las que están sometidos los adultos mayores al momento de ejercer derechos básicos como la salud y la seguridad social es un hecho en la ciudad de Nueva York, por tanto, el derecho a una vida más digna debería ser una prioridad para las autoridades.
Las vulnerabilidades en los adultos mayores acentuadas por la desigualdad social, la sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado, y una salud reproductiva deteriorada, son las reflexiones que nos ocupan en este momento, donde el presupuesto recientemente aprobado en la ciudad no escucho sus demandas para asignar una mayor proporción a NYCHA.
Sumado a esto, la pandemia global del COVID-19, afectó especialmente a las comunidades más vulnerable. Amplificó la violencia, el abuso y el abandono de las personas mayores en toda la ciudad de Nueva York, que ya estaba en aumento.
Según HelpAge International, una ONG internacional que ayuda a las personas mayores a reclamar sus derechos, desafiar la discriminación y superar la pobreza, para que puedan llevar una vida digna, segura, activa y saludable, antes de la pandemia del COVID-19, se estimaba que uno de cada seis personas mayores estaba sujetas al abuso. La evidencia emergente indica que esto ha aumentado considerablemente como resultado directo de la pandemia.
Es una realidad, el COVID-19 ha resaltado y exacerbado el abuso y la negligencia que las personas mayores siempre han enfrentado.
La pandemia del COVID-19, está provocando un estrés considerable en personas de todas las edades, por ejemplo, debido a la pérdida de ingresos y las difíciles condiciones creadas por las restricciones de movimiento, distanciamiento físico y medidas de aislamiento, pero especialmente, está afectando gravemente a las personas mayores, principalmente a las mujeres que ya estaban en desventaja social y económica antes de la pandemia.
Si bien existe un gran deterioro en el contexto político y normativo en género y envejecimiento, en la ciudad de Nueva York, el abuso sufrido por las personas mayores incluye abuso físico, (como el ocurrido hace pocas semanas en una de las calles de New York, donde un joven empuja a una anciana de 92 años), financiero, psicológico, verbal y hasta sexual, así como negligencia.
Entre las personas con mayor riesgo están las mujeres mayores, personas con discapacidades y personas con necesidades de apoyo.
La feminización del envejecimiento sumada a la desigualdad social; a la violencia; a un estado de salud desgastado; al no acceso a la educación; a ingresos mínimos; a la falta de reconocimiento de su participación activa en la economía de la familia, la comunidad y la sociedad, entre otros factores, está originando que esta importante problemática en las mujeres mayores llegue a la vejez con serias desventajas.
Aún en la vejez, las mujeres siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia, por lo tanto, desde el Departamento del Adulto Mayor de la ciudad de Nueva York, es importante cambiar el enfoque de envejecimiento, porque la mirada social que se tiene actualmente está vista desde una perspectiva utilitaria.
Las personas mayores no existen como sujetos que construyen el futuro, si no como individuos inactivos, sin capacidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. Incluso las personas que viven en situación de calle en distintos barrios de Nueva York son estigmatizadas como seres despreciables sin crear ningún aporte a la ciudad.
Con demasiada frecuencia, el abuso en la vejez está oculto. Las personas mayores no lo denuncian, ya que temen la retribución o el estigma, y a veces no lo reconocen como abuso.
La alcaldía de Nueva York en conjunto con el Consejo, deben reconocer que existe el abuso en la vejez y asegurar que las leyes estén en su lugar y se utilicen para enjuiciar a los perpetradores.
Entre las medidas más exitosas para reducir la desigualdad, están mejorar la calidad de los servicios públicos para que los ciudadanos en situación vulnerable puedan favorecerse, por ejemplo, de buenos sistemas de salud y educativos. En este sentido, las políticas fiscales equitativas serán clave para que los gobiernos estén en condiciones de profundizar y ampliar los programas sociales existentes.