El indulto otorgado a Juan Orlando Hernández no solo liberó a un expresidente condenado por narcotráfico. Liberó, también, una avalancha de dudas, indignación y desconfianza que vuelve a poner en evidencia una verdad incómoda para Honduras, para Estados Unidos y para toda la región: la justicia sigue siendo frágil cuando choca con el poder político.
Hernández no fue un ciudadano cualquiera. Fue presidente de Honduras durante ocho años. Fue aliado estratégico de Washington. Fue, según un jurado federal en Nueva York, un actor clave en una conspiración que permitió el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Su condena a 45 años de prisión fue presentada como una victoria histórica contra la narcopolítica y la impunidad. Su indulto, en cambio, borra de un plumazo ese mensaje. No se trata solo de una decisión legal. El indulto presidencial es, por definición, un acto político.
Donald Trump no cuestionó una sentencia a través de tribunales ni presentó nuevas pruebas; simplemente utilizó el poder absoluto que le confiere su cargo para anular, de facto, una condena firme.
Y lo hizo en el momento más sensible posible: a pocos días de unas elecciones en Honduras y acompañado de un respaldo explícito al partido político de Hernández. Este contexto no es anecdótico. Es central.
Cuando un indulto coincide con intereses electorales, promesas de apoyo externo y afinidades partidarias, deja de ser un acto humanitario o correctivo para convertirse en una señal de interferencia. Para millones de hondureños, el mensaje fue claro: las condenas por narcotráfico pueden ser reversibles si se cuenta con los aliados correctos.
El golpe a la credibilidad es profundo. Durante años, Estados Unidos promovió la extradición como una herramienta esencial para combatir el crimen organizado en Centroamérica. Fiscales, jueces y agentes arriesgaron vidas para construir casos sólidos contra redes criminales incrustadas en el poder político. El caso Hernández era el trofeo máximo de esa narrativa. Hoy, ese trofeo está manchado.
¿Cómo se explica a las víctimas de la violencia, a las familias desplazadas, a los jóvenes forzados a migrar, que uno de los hombres señalados como responsable político de esa tragedia salga libre por decisión presidencial? ¿Cómo se les dice a los fiscales que su trabajo no será neutralizado por cálculos políticos?
El indulto abre heridas que nunca cerraron. Heridas de desconfianza en las instituciones. Heridas de hartazgo ciudadano. Heridas de una democracia debilitada por la sensación permanente de que hay dos sistemas de justicia: uno para los poderosos y otro para el resto.
Más grave aún es el precedente. El mensaje que recibe la región es devastador: la lucha contra el narcotráfico no es un principio inquebrantable, sino una herramienta sujeta a conveniencia.
Hoy se persigue a un líder, mañana se le libera. Hoy se promete mano dura, mañana se ofrece perdón. En Honduras, el indulto no ocurre en el vacío. Juan Orlando Hernández enfrenta procesos pendientes por corrupción en su país. Su partido intenta recuperar el poder.
La polarización sigue intacta. En este escenario, la liberación del exmandatario no calma las aguas; las agita peligrosamente.
Para muchos hondureños, el indulto no reescribe la historia. No borra las denuncias de fraude electoral, ni los testimonios presentados en tribunales, ni la condena de su hermano por narcotráfico, ni los expedientes abiertos por corrupción. Lo que sí hace es confirmar una sospecha largamente instalada: que el poder, cuando se protege a sí mismo, es capaz de vaciar de contenido a la justicia.
Este editorial no afirma que los indultos no deban existir. Son una figura legal contemplada en los sistemas democráticos. Pero su uso requiere responsabilidad, transparencia y coherencia.
Indultar a un expresidente condenado por narcotráfico, sin explicar con claridad las irregularidades del proceso ni asumir las consecuencias políticas y morales de la decisión, no fortalece la democracia: la erosiona.
La pregunta clave no es si Trump tenía la facultad de indultar. La tenía. La pregunta es si debía hacerlo. Y, sobre todo, qué precio pagarán los pueblos cuando la justicia se convierte en moneda de cambio.
Hoy, Juan Orlando Hernández es un hombre libre. Pero Honduras no lo es. Sigue atrapada entre heridas abiertas que no sanan: corrupción, violencia, desigualdad e impunidad. Cada decisión que privilegia el poder por encima de la verdad profundiza esas heridas.
Mientras no exista un compromiso real con la rendición de cuentas —sin excepciones, sin padrinos políticos, sin perdones estratégicos— la democracia seguirá siendo frágil y la justicia seguirá pareciendo selectiva. El indulto no cerró un capítulo. Reabrió una herida. Y en Honduras, como en toda la región, las heridas abiertas no olvidan.
Juan Orlando Hernández: del poder absoluto al indulto presidencial que sacudió Honduras