Por Nerea González
Buenos Aires.- El fiscal argentino Gerardo Pollicita solicitó la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, una decisión que fue criticada desde las filas oficialistas y aplaudida por la oposición.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado", según la presentación difundida en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del Gobierno "podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El pedido de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D'Elia, al dirigente islámico Jorge "Yussuf" Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las circulares rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.
Según la solicitud ante el juez Rafecas, "para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias" a ese acuerdo.
"Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina", añade la presentación del fiscal.
Por su parte, el oficialismo presentó ante la Justicia documentos "jurídicamente relevantes" para rebatir la denuncia presentada por Nisman, como documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición e información de la Secretaría de Inteligencia, entre otros.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó a través de Twitter que "la denuncia de Nisman no tiene sustento".
"Todos los juristas de prestigio dijeron en estas semanas que detrás de la denuncia no hay una configuración de delito. Por lo tanto, debería haber sido desestimada", reiteró Rossi.
"Se ha juntado lo peor de los medios con lo peor del poder judicial", aseguró el gobernador de la provincia de Entre Ríos (este), Sergio Urribarri, en la misma red social.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que es una estrategia de "golpismo judicial activo" para desestabilizar al Gobierno.
Por el contrario, la oposición argentina celebró la apertura de una investigación contra Fernández.
"Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar", dijo la diputada Patricia Bullrich, de Propuesta Republicana (Pro).
"Creemos que el memorándum con Irán fue la punta de un iceberg de negociaciones secretas y oscuras", agregó.
Para el diputado radical Julio Cobos, la noticia "confirma la gravedad institucional" que atraviesa Argentina, al contar con "la presidenta de la Nación imputada y el vicepresidente (Amado Boudou) procesado".
En tanto, la Fiscalía general anunció el grupo de fiscales que reemplazará a Nisman al frente de la unidad de investigación especial para la causa por el atentado contra la AMIA.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, informó en una rueda de prensa que los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini reemplazarán a Nisman.
FISCAL SOLICITA PRUEBAS
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó a la Justicia unas 50 medidas, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales, para avanzar en la acusación por encubrimiento a terroristas contra la presidenta argentina.
Aunque Pollicita solicitó secreto de sumario, según fuentes judiciales consultadas por el diario Clarín, en el requerimiento de instrucción el fiscal pidió al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, medio centenar de medidas para corroborar datos que se remontan a 2011.
La batería de pruebas solicitadas por Pollicita incluye cruces de llamadas para probar los vínculos de los implicados en la presunta trama de encubrimiento, comprobación de los lugares desde donde se realizaban las comunicaciones y registros de las entradas y salidas de edificios gubernamentales como la Cancillería argentina y la Casa Rosada.
También solicita declaraciones testimoniales y registros en lugares que se mantienen en estricto secreto, según informó Clarín.
TESTIGO REVELA IRREGULARIDADES
Una testigo que estuvo en el operativo en la casa donde murió el fiscal argentino reveló graves irregularidades en el protocolo para preservar las pruebas.
Natalia Fernández, de 26 años, relató en una entrevista publicada por el diario Clarín una larga lista de irregularidades en el operativo que se desarrolló en la vivienda de Nisman.
La joven, que ejerció de testigo imparcial del operativo -requisito habitual en este tipo de casos en Argentina-, explicó que presenció cómo los agentes repasaron la documentación esparcida sobre la mesa de Nisman, tocaron el teléfono del fiscal, usaron los baños y la cafetera.
"Tomaban mate y pidieron medialunas. Tocaban todo. Había unas cincuenta personas. La fiscal preguntaba ¿la cortamos acá y la seguimos mañana?", señaló Fernández.
La testigo aseguró también que los agentes le dieron documentación para firmar cuyo contenido desconoce y que parte de las actas las firmó al día siguiente.
Además, agregó, una agente agarró un teléfono móvil de Nisman con la intención de responder porque recibía llamadas. "Yo misma empecé a decir 'no, no, dijeron que no lo toquen, es el teléfono del tipo al que mataron'.
La mina (mujer) soltó el teléfono y hubo carcajadas", añadió. Natalia Fernández detalló que oyó decir a los peritos que "el disparo a Nisman salió a 11 centímetros de su cabeza" y que unos días antes habían encontrado en un edificio próximo al domicilio del fiscal casquillos de bala de un arma que no es común en Argentina.
Asimismo, recordó que la fiscal del caso, Viviana Fein, le mostró una bolsa con cinco "casquillos de bala o algo así". Fein aseguró que "lo que dice esta chica no existe, son descabelladas las expresiones que pone en mi boca".
"No es ni mínimamente lo que pasó", recalcó en declaraciones al canal Todo Noticias, y anticipó que estudiará con la jueza de la causa las declaraciones de Fernández porque "está mintiendo" y "tendrá que hacerse cargo".
Respecto a los casquillos de bala, Fein subrayó que se halló "una sola vaina servida y nada más, y cuatro balas en el cargador, y un proyectil en el cerebro del doctor Nisman".
Al testimonio de Natalia Fernández se sumó después el de otro hombre, cuya identidad se mantuvo en secreto, que fue observador del operativo horas después de la retirada del cadáver.
Entrevistado por el canal Telefe, el segundo testigo explicó que vio "pisadas de sangre" en uno de los pasillos contiguos, que la puerta del baño donde fue hallado el cuerpo era corrediza y que no había manchas de sangre en el espejo, en contra de lo que hasta ahora se había difundido.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, murió de un disparo en la sien en circunstancias aún no aclaradas, cuatro días después de denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a sospechosos iraníes del ataque.
Un mes después de su muerte, los investigadores se han mostrado incapaces de encontrar pruebas concluyentes para determinar si fue un suicidio o un asesinato, aunque las primeras pericias descartaron la intervención de terceras personas.
La exmujer del fiscal Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, querellante en la causa en representación de sus hijas, ha criticado duramente la forma en que se desarrolla la investigación.
Mientras el proceso avanza, el escepticismo domina a la sociedad argentina.
Según una encuesta de la consultora Management and Fit, el 70 por ciento de los argentinos cree que la muerte de Nisman quedará impune frente a un 23 por ciento que confía en que se esclarecerá.
Además, el 55 por ciento considera que la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández es cierta, según este sondeo realizado entre 2.400 personas de distintas regiones argentinas.
PISADAS DE SANGRE
Un hombre que actuó de testigo en el operativo en el domicilio del fiscal Nisman, reveló a la cadena Telefe que vio sangre en el baño de la casa y pisadas en el pasillo contiguo.
El testigo, cuya identidad se mantuvo en secreto, fue, según él, requerido por la Policía argentina para actuar como observador imparcial del operativo alrededor de las 6.40 hora local del 19 de enero, horas después de que fuera hallado el cadáver del fiscal.
"Entramos al departamento nos dirigimos al dormitorio, veo a mi lado izquierdo el baño, que está al lado del vestidor y veo ahí el piso lleno de sangre", contó el testigo, de profesión carpintero.
Según su testimonio, vio mucha sangre "en el centro del baño, al lado de la ducha" junto a la puerta, que según él y en contraste con las informaciones difundidas hasta ahora, era "corrediza".
También aseguró que no vio manchas de sangre en el espejo del baño y que había "pisadas de sangre en el pasillo del vestidor".
En el domicilio había algo menos de 30 personas y la televisión del dormitorio de Nisman estaba encendida, al igual que uno de los ordenadores de la casa, de acuerdo con su versión. Asimismo, recordó que había documentos en un cubo de basura y los peritos les sacaban fotos y los filmaban.
Las informaciones aportadas por este testigo aportan nuevas dudas sobre la actuación de los investigadores.
GOLPE SIMBÓLICO
Aunque la imputación solicitada el viernes pasado por el fiscal Gerardo Pollicita contra la mandataria, el canciller Héctor Timerman y varios colaboradores por supuesto encubrimiento a terroristas no implica que el juez de la causa, Daniel Rafecas, vaya a tomar medidas que anticipen un proceso judicial, el gesto supone un tremendo golpe simbólico para el Ejecutivo.
Pollicita siguió el camino marcado por el fallecido Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA y que cuatro días antes de morir denunció a Fernández por considerarla como la principal responsable de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque que dejó 85 muertos en 1994 a cambio de intensificar relaciones comerciales con Irán.
"La imputación no implica anticipar condena o prejuzgamiento, pero significa que la Justicia entiende que hay elementos suficientes para investigar a las personas acusadas en la denuncia de Nisman", dijo el director de la consultora Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.
Fernández está protegida por fueros que impiden su detención pero no su procesamiento y en caso de ser citada a declarar puede hacerlo por escrito, aunque desde el Gobierno insisten en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones y, por tanto, no puede ser llamada a indagatoria.
Al contrario de lo que ocurrió tras la muerte de Nisman -cuando optó por no comparecer en público hasta pasada una semana, la presidenta mantuvo su agenda oficial y encabezó dos actos en el sur del país durante el fin de semana.
Sin embargo, en sus discursos no hubo ningún tipo de referencia a la petición de imputación ni al caso Nisman.
"Estamos tercamente empecinados en brindar alegría", sostuvo Fernández durante su primera comparecencia pública, en la sureña localidad de El Calafate (provincia de Santa Cruz), tras la presentación de Pollicita, donde buscó dar una imagen despreocupada.
"Se siguen asombrando cómo aguanto todo lo que tengo que aguantar (...) aprendí acá, en la Patagonia, con el viento, con el frío, con la nieve, con el olvido", dijo durante el segundo acto del fin de semana, en el que se emocionó al defender sus convicciones y principios de Gobierno.
Sin embargo, la polarización aumenta en todos los sectores de la sociedad argentina, que aún no se ha recuperado de la conmoción que supuso la muerte de Nisman.
La división se deja notar incluso en el propio Poder Judicial, escindido entre los jueces y fiscales a quienes desde el Ejecutivo se acusa de golpismo y los que han opinado públicamente que no hay pruebas para sustentar las acusaciones de Nisman.
Entre los primeros, el oficialismo cuenta también a los que tienen en sus manos otras causas contra altos cargos del Gobierno como el vicepresidente Amado Boudou, con dos procesos por corrupción y falsificación de documentos, o la que investiga irregularidades en una empresa hotelera participada por Fernández.
La ruptura quedará escenificada el próximo miércoles en una marcha silenciosa convocada por fiscales en homenaje a Nisman, al cumplirse un mes de su muerte, criticada duramente desde el Gobierno.
Una marcha a la que se sumarán los principales precandidatos presidenciales opositores y que contará también con el apoyo de distintas organizaciones sociales, como la comunidad judía.
El caso Nisman ha intensificado además la brecha entre el gobernante Frente Para la Victoria (FpV) y los partidos de la oposición, en un año electoral de resultados imprevisibles.
En un gesto de unidad poco frecuente, los principales bloques opositores se juntaron el pasado jueves en una audiencia pública para reclamar la verdad sobre la muerte del fiscal y exigir garantías de independencia para que el Poder Judicial investigue la denuncia de Nisman contra Fernández.
La reunión se convocó en paralelo a la sesión del Senado en la que el oficialismo votó en solitario su última gran iniciativa legislativa, la reforma de la Secretaría de Inteligencia, en cuyo debate la oposición se ha negado a participar.