La Sra. María López, originaria de México, encontró en la venta ambulante un modo de sobrevivencia, lleva más de 10 años vendiendo frutas y verduras en El Bronx. Desde entonces ha vivido con un profundo temor porque su trabajo que considera “digno y honesto”, está expuesto a exorbitantes multas en niveles superiores a su ganancia.
Una nota característica entre los vendedores ambulantes es que durante muchos años se han acostumbrado a que los empujen, les quiten sus productos, los desalojen de sus pertenencias, los echen de las avenidas y hasta que los arresten.
La Sra. López relató que hace aproximadamente más de una década mientras trabajaba entre la avenida Grand Concourse y la calle Fordham, los oficiales del NYPD se acercaron a su puesto y empezaron a repartir sus productos.
Además, fue arrestada por la policía y recibió una multa, lo que provocó que su caso fuera a Corte y pasara a manos de un Juez para que le quitaran la multa por vender en la calle sin permiso. Para su buena suerte, la multa fue revocada.
“Lo que más me dolió fue que ese día mi hija de 4 años estaba conmigo, es una experiencia que nunca olvidas”, recuerda María López.
Su hija quien a la fecha mantiene ese recuerdo intacto, le pide: “Mama ya no trabajes porque nos puede llevar la policía otra vez”, a lo que ella responde: “Hija nosotros tenemos que trabajar para sostener a la familia, también tenemos que apoyar a nuestras compañeras y luchar para obtener permisos y no estar corriendo de la policía”.
A pesar de que la multa de la Sra. López fue revocada, muchos de los más de 20,000 pequeños negocios que según el Proyecto de Vendedores Ambulantes existen en la ciudad, no cuentan con la misma suerte. Los vendedores reciben multas de hasta $1,000 por no poseer un permiso que les permita operar.
Esta continúa lucha de varios años llevó a que decenas de vendedores ambulantes se apostaron frente a la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, para exigir que estos dueños de pequeños negocios puedan obtener permisos que les permitan “trabajar dignamente en las calles”.
“Estamos luchando por los permisos, queremos que la gobernadora Hochul nos escuche y para que legalicen la venta ambulante”, demandó María López, quien también es miembro del Proyecto Vendedores Ambulantes.
Desde que llegó la pandemia a la ciudad de Nueva York, miles de personas que quedaron en el desempleo, encontraron en la venta ambulante una manera de obtener ingresos. Sin embargo, han sido sometidos a un sistema cruel y opresivo.
La mayoría de estos trabajadores originarios de distintos países del mundo, son inmigrantes indocumentados, y, a pesar de que Nueva York se jacta de ser un refugio para los inmigrantes, sus autoridades no están dispuestas a tratar de manera justa a estos pequeños empresarios.
“Nosotros no queremos ser una carga para la ciudad, queremos los permisos para poder trabajar y estamos dispuestos todos los comerciantes ambulantes a pagar impuestos, pero también queremos respuesta, queremos que se nos apoye en lo que le estamos pidiendo a la gobernadora”, demandó María López.
Mohamed Attia, director de la organización Proyecto Vendedores Ambulantes, se unió a este llamado para que la gobernadora Kathy Hochul, los incluya en el presupuesto estatal destinado para las pequeñas empresas y parar con los permisos ilegales.
Estamos aquí para asegurarnos de que el gobierno estatal escuche nuestra voz. Vamos a pasar 24 horas frente a su oficina esperando llamar su atención y una respuesta”, dijo Mohamed Attia.
Las legisladoras demócratas del estado de Nueva York senadora Jessica Ramos junto a la asambleísta Jessica Gonzales-Rojas, presentaron un proyecto de ley para pedir que se priorice a los vendedores ambulantes al eliminar el límite de licencias que se les proporcionan y permitir que estas pequeñas empresas puedan recibir ayuda de manera urgente a través de las leyes S1175 en el Senado y A5081 en la Asamblea.
Estas legislaciones en ambas Cámaras se relacionan con la regulación de los vendedores ambulantes en ciudades con una población de un millón o más al autorizar a dichas ciudades a adoptar un programa para regular a los vendedores ambulantes. Requiere que los vendedores ambulantes obtengan un permiso y prevé sanciones por el incumplimiento de dichas normas.
El proyecto de ley propone, además, eliminar la aplicación del NYPD de la venta ambulante y las sanciones penales por delitos de venta ambulante, garantizando la supervisión realizada únicamente por una agencia civil.
Igualmente, formalizar la industria de la venta ambulante, crear un camino hacia el espíritu empresarial al eliminar la barrera actualmente insuperable para ingresar a la industria y permitir que se anulen las condenas penales anteriores por venta ambulante para garantizar que no haya consecuencias federales de inmigración.
De llegar a aprobarse esta legislación más de 20,000 propietarios de pequeños negocios se benefician al “trabajar en la calle sin estar corriéndose de la policía”.
“Yo pienso que si la gobernadora nos da este apoyo que nosotros estamos pidiendo podríamos trabajar honradamente en la calle, sin el temor que la policía nos vaya a poner una multa y que sanidad nos recoja nuestras cosas”, recalcó la Sra. María López.
Trabajadoras esenciales necesitan ser incluidos en el presupuesto estatal de Nueva York