El 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó lo que calificó como un “golpe letal” contra el crimen organizado: un ataque militar en aguas internacionales del Caribe que destruyó una embarcación presuntamente operada por miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que se ha expandido por toda América Latina en la última década.
En las imágenes difundidas por el propio mandatario en su red Truth Social, se observa cómo un misil impacta de lleno contra una lancha rápida, provocando su destrucción total.
Según la Casa Blanca, once presuntos narcoterroristas murieron en el operativo. Este episodio no es un hecho aislado. Es parte de un despliegue militar sin precedentes de EE.UU. en el Caribe y de una narrativa que coloca al gobierno de Nicolás Maduro como un “narco-Estado”, vinculado a cárteles, guerrillas y redes transnacionales de narcotráfico. La acusación no es nueva, pero el ataque del 2 de septiembre marca una nueva fase: ya no se trata de sanciones, denuncias o procesos judiciales, sino de acciones militares letales.
Venezuela acusada de ser un “narco-Estado”
La acusación de que Venezuela se ha convertido en un narco-Estado no nació en 2025. Desde hace más de dos décadas, organismos internacionales y autoridades de EE.UU. vienen alertando sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado venezolano.
El término se consolidó en 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de narcoterrorismo, señalándolos como líderes del llamado Cartel de los Soles.
Según Washington, el cartel estaría compuesto por generales y oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuyo distintivo en el uniforme —un sol dorado en las insignias— dio nombre a la organización. Para la justicia estadounidense, estos militares usaron sus rangos y sus conexiones con el chavismo para facilitar el tráfico de toneladas de cocaínahacia EE.UU., en alianza con las FARC colombianas y otros grupos.
La acusación de narcoterrorismo contra un jefe de Estado en funciones no tiene precedentes en América Latina. Fue, de hecho, el primer paso de la narrativa estadounidense de que Venezuela ya no es solo un régimen autoritario, sino un Estado criminal.
El Cartel de los Soles: un Estado dentro del Estado
El Cartel de los Soles se consolidó, según investigaciones de la DEA, a partir de los años
noventa, pero alcanzó su máxima influencia bajo el chavismo.
Entre los casos más emblemáticos destacan:
Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar, extraditado a EE.UU. en 2023,
acusado de introducir toneladas de cocaína al país norteamericano.
Clíver Alcalá Cordones, general retirado, sancionado en 2011 y entregado a la justicia estadounidense en 2020, donde aceptó cargos de narcotráfico.
Tareck El Aissami, exvicepresidente y ministro de Petróleo, detenido en Venezuela en 2024 por corrupción, pero señalado por EE.UU. como parte de la cúpula narcotraficante.
Carlos Orense Azócar, condenado en Nueva York en 2023 por narcotráfico, con vínculos directos a la red de los Soles.
Además, el caso de los “narcosobrinos”, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, marcó un antes y un después: fueron arrestados en Haití con 800 kilos de cocaína y condenados en EE.UU. en 2017.
Estos episodios sirven como evidencia, para Washington, de que el círculo íntimo de Maduro está directamente involucrado en actividades criminales.
El Tren de Aragua: exportación criminal de Venezuela
Si el Cartel de los Soles representa la infiltración militar, el Tren de Aragua simboliza la expansión criminal hacia toda América Latina.
Nacido en las cárceles venezolanas, el Tren de Aragua se ha convertido en una megabanda transnacional con presencia en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y, según informes recientes, con intentos de penetrar en EE.UU. a través de redes migratorias.
El grupo se dedica no solo al narcotráfico, sino también al tráfico de personas, la prostitución forzada, la extorsión y el sicariato. En julio de 2025, el Tesoro de EE.UU. lo designó como organización terrorista internacional, lo que habilita medidas militares más agresivas.
El ataque del 2 de septiembre contra una embarcación atribuida al Tren de Aragua se inscribe en este marco: enviar un mensaje de que Washington está dispuesto a usar la fuerza letal contra lo que considera “narcoterrorismo exportado desde Venezuela”.
La presencia del narcotráfico venezolano en Estados Unidos
La narrativa de Washington sobre Venezuela como un narco-Estado no es abstracta: en las últimas dos décadas, múltiples investigaciones y juicios en tribunales estadounidenses han documentado la llegada de drogas procedentes del país caribeño a territorio norteamericano.
Según la DEA, Venezuela se convirtió en una ruta clave para el envío de cocaína desde Colombia hacia EE.UU. utilizando aviones clandestinos, embarcaciones rápidas y redes internacionales de distribución. Se calcula que cada año decenas de toneladas de cocaína transitan por corredores controlados por grupos vinculados a militares venezolanos y bandas como el Tren de Aragua.
Casos emblemáticos como el de los llamados “narcosobrinos” —Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, familiares directos de la primera dama Cilia Flores— mostraron cómo la élite chavista estuvo involucrada en intentos de introducir cientos de kilos de cocaína en Nueva York.
Ambos fueron arrestados en Haití y condenados en EE.UU. en 2017. Más recientemente, la extradición del exjefe de inteligencia Hugo “Pollo” Carvajal y los procesos judiciales contra generales y funcionarios venezolanos han confirmado la existencia de redes estructuradas de narcotráfico con conexiones directas a territorio estadounidense.
La preocupación de Washington no solo radica en la entrada de drogas que “contaminan las calles” del país, como repite la Casa Blanca, sino también en la posibilidad de que estas organizaciones se asocien con mafias locales y utilicen comunidades migrantes como canales logísticos y financieros.
De allí que el gobierno de Trump haya pasado de las acusaciones diplomáticas a los ataques militares letales, bajo el argumento de que la seguridad interna de EE.UU. está en juego.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe
La operación naval no fue improvisada. Desde mediados de agosto, EE.UU. había desplegado en el Caribe una flota de más de ocho buques de guerra:
Tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson).
Un crucero lanzamisiles (USS Lake Erie).
Tres buques anfibios (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale).
Un submarino nuclear de ataque rápido (USS Newport News).
A este poderío se suman más de 4,500 efectivos, incluidos 2,000 marines, helicópteros, aviones de vigilancia y sistemas de misiles Aegis.
Se trata del mayor despliegue en la región desde la crisis de los misiles de 1962, según comparó el propio Maduro.
La Casa Blanca no ha confirmado si esta movilización es solo disuasoria o si contempla la posibilidad de golpear objetivos dentro de Venezuela. Pero el mensaje es claro: Washington está dispuesto a “usar todos sus recursos militares para combatir al narcotráfico”.
La respuesta de Nicolás Maduro
El gobierno de Venezuela reaccionó denunciando una “agresión imperial” y acusó a Trump de montar un show mediático con inteligencia artificial para justificar el ataque.
Maduro aseguró que “1,200 misiles estadounidenses apuntan a Venezuela”, calificando la situación como “la más grande amenaza en 100 años”. El chavismo ha tratado de contrarrestar la narrativa estadounidense afirmando que Venezuela tiene un “récord impecable” en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sostiene que la expulsión de la DEA en 2005 fue una medida de soberanía y no un intento de encubrir operaciones ilícitas.
Sin embargo, los hechos y las investigaciones judiciales en EE.UU. y Europa han reforzado la percepción internacional de que el régimen venezolano no solo tolera, sino que participa activamente en el narcotráfico.
La oposición venezolana y el “cerco” internacional
Mientras el chavismo denuncia conspiraciones, la oposición interpreta el despliegue militar como parte del “cerco internacional” que, tarde o temprano, obligará a Maduro a abandonar el poder.
María Corina Machado afirmó en un foro en Panamá:
“Cada día que pasa se cierra el cerco que los demócratas de Occidente han impuesto al cartel narcoterrorista en Miraflores. Sabemos que sus días están contados”.
Otros líderes, como Edmundo González Urrutia, aseguran que Venezuela debe prepararse para una “transición democrática inevitable”, en la que la justicia internacional jugará un papel central.
Consecuencias regionales: división en América Latina
El operativo y la narrativa de narco-Estado han dividido a los gobiernos latinoamericanos:
Ecuador, Argentina y Paraguay han seguido la línea de Washington, declarando al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como grupos terroristas.
Colombia, bajo Gustavo Petro, ha cuestionado la existencia misma del Cartel de los Soles y ha advertido sobre los riesgos de una intervención militar.
México, con un papel clave, observa con cautela y espera la visita de Marco Rubio para definir una postura más clara.
La región se enfrenta a un dilema: alinearse con Washington en la narrativa de “narco Estado” o mantener posiciones más neutrales frente a Maduro.
La comunidad internacional: entre sanciones y posibles intervenciones
La ONU ha recibido una queja formal de Venezuela denunciando que el despliegue estadounidense constituye una “grave amenaza a la paz y seguridad regional”. Rusia e Irán, aliados del chavismo, podrían aprovechar la escalada para reforzar su presencia en Caracas. Mientras tanto, la Unión Europea mantiene sanciones contra el régimen, pero evita respaldar acciones militares directas.
Estados Unidos, por su parte, ha elevado las recompensas contra Maduro y sus aliados, y ha dejado claro que “ninguna opción está fuera de la mesa”.
¿Hacia dónde va la estrategia de Trump?
El ataque letal del 2 de septiembre debe leerse como un mensaje doble:
1. A nivel interno, Trump se presenta como el líder que no duda en aplicar la fuerza contra el crimen organizado.
2. A nivel externo, busca debilitar aún más la legitimidad de Maduro y forzar su aislamiento total. El riesgo, sin embargo, es la escalada. Una cosa es destruir una embarcación en aguas internacionales y otra muy distinta atacar instalaciones dentro de Venezuela.
El propio Marco Rubio ha evitado descartar esta posibilidad, diciendo que EE.UU. enfrentará a los carteles “donde sea que operen”.
El dilema de un Estado señalado como criminal
Con cada nuevo paso, se consolida la narrativa estadounidense: Venezuela es un narco- Estado donde el gobierno, en lugar de combatir el crimen, lo dirige. El ataque del 2 de septiembre ha reconfigurado el tablero geopolítico: el Caribe ya no es solo un escenario de rutas de narcotráfico, sino un tablero militar y diplomático donde se juega el futuro de Venezuela.
El cerco se cierra: sanciones, recompensas, procesos judiciales, aislamiento diplomático, despliegues militares y, ahora, ataques letales. El chavismo responde con amenazas y llamados a la defensa nacional, pero cada vez se ve más arrinconado. La gran pregunta es: ¿se conformará Washington con golpes puntuales, o está preparando el terreno para una intervención directa en territorio venezolano?
Estados Unidos y la guerra necesaria contra el narco en Venezuela