EDITORIAL

La guerra contra el narcotráfico nunca ha sido un camino fácil. Décadas de esfuerzos, cooperación internacional y sacrificios humanos han demostrado que combatir este flagelo exige determinación, recursos y voluntad política.

En ese contexto, el reciente ataque letal de Estados Unidos contra una embarcación atribuida al Tren de Aragua en el Caribe marca un punto de inflexión. Por primera vez en años, Washington deja de lado las medias tintas y decide actuar con la fuerza militar contra lo que considera una amenaza directa a su seguridad: el narco-Estado venezolano.

El operativo, que dejó once supuestos narcoterroristas eliminados, ha generado controversias. Sin embargo, no puede ignorarse la realidad que lo sustenta: Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones criminales que exporta drogas, violencia y corrupción más allá de sus fronteras.

Lejos de ser un accidente, el auge del narcotráfico bajo el chavismo responde a una estructura de poder donde altos funcionarios militares y civiles han sido señalados como socios activos de los carteles. La justicia estadounidense ha documentado estos vínculos a través de juicios, condenas y extradiciones que ponen en evidencia la infiltración criminal en el propio corazón del Estado venezolano.

El Cartel de los Soles, integrado por militares de alto rango, no es un mito ni una invención propagandística. La DEA, el Departamento de Justicia y cortes federales han presentado pruebas concretas de su rol en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Casos como el del general Hugo “Pollo” Carvajal, extraditado y procesado en Nueva York, o el de los sobrinos de Cilia Flores, condenados por intentar introducir 800 kilos de droga, son apenas la punta del iceberg.

El problema se agrava porque no estamos hablando de bandas aisladas, sino de un aparato estatal capturado por intereses criminales. La frontera entre gobierno y mafia se borró en Venezuela, y eso convierte al régimen de Nicolás Maduro en algo más peligroso que una dictadura: un narco-Estado que se beneficia del comercio ilícito a costa de la estabilidad regional.

A esta ecuación se suma el Tren de Aragua, una megabanda surgida en cárceles venezolanas que hoy opera en al menos seis países latinoamericanos. Su alcance va más allá del narcotráfico: secuestros, extorsión, tráfico de personas y prostitución forzada forman parte de su repertorio delictivo. Designado como organización terrorista por Estados Unidos, este grupo refleja el fracaso absoluto del Estado venezolano en controlar su propio territorio y el riesgo que implica permitir que redes criminales se expandan sin freno.

Que Washington decida golpear de manera directa a esta organización criminal no solo es legítimo, sino necesario. El mensaje es claro: no habrá refugio seguro para quienes amenazan la seguridad hemisférica con drogas y violencia.

El despliegue de buques, submarinos y miles de efectivos en el Caribe es una medida de disuasión estratégica. Maduro lo compara con la crisis de los misiles de 1962, pero la diferencia es evidente: Cuba albergaba misiles soviéticos listos para un conflicto nuclear, mientras que Venezuela alberga redes criminales que destruyen vidas en cada calle de Nueva York, Miami o Los Ángeles.

Estados Unidos tiene derecho —y responsabilidad— de proteger a su población de esta amenaza. Las drogas que salen de puertos venezolanos no se quedan en Caracas, terminan en las comunidades latinas y afroamericanas de Estados Unidos, alimentando adicciones, muertes por sobredosis y violencia callejera. Permitir que esta cadena continúe sería un acto de negligencia.

Algunos críticos sostienen que estas acciones violan la soberanía venezolana o que abren la puerta a una intervención militar directa. La realidad es que la soberanía se pierde cuando un gobierno entrega su aparato estatal al crimen organizado. Venezuela, bajo Maduro, ha dejado de actuar como un Estado responsable. Sus puertos, aeropuertos y fuerzas de seguridad están al servicio de las mafias.

Ante esa realidad, la comunidad internacional tiene dos opciones: mirar hacia otro lado o actuar. Estados Unidos ha decidido actuar, no solo por su interés nacional, sino también porque cada kilo de droga que intercepta significa menos sufrimiento en sus barrios y menos poder para las mafias que destruyen vidas en toda América.

Apoyar la decisión de Estados Unidos no significa romantizar la guerra contra el narco ni ignorar sus costos humanos. Significa reconocer que el narcotráfico es un enemigo existencial que se ha vuelto más fuerte al capturar Estados enteros. Venezuela no es un caso aislado, pero es el ejemplo más dramático de cómo un régimen puede convertirse en cómplice del crimen organizado.

Si el mundo quiere ver un futuro distinto para la región, debe respaldar medidas firmes. La diplomacia, las sanciones y los foros internacionales no han frenado al narco-Estado venezolano.

La fuerza, en este momento, aparece como la última herramienta disponible. Estados Unidos no libra esta guerra solo por sí mismo. La libra por millones de jóvenes que pueden ser víctimas de las drogas en sus calles. La libra también por los venezolanos que hoy sufren bajo un régimen corrupto que ha hecho del crimen una política de Estado.

El ataque en el Caribe y el despliegue militar no son excesos: son señales de una determinación renovada para enfrentar un enemigo que se esconde detrás de las fronteras de un país, pero que afecta a todos. En la lucha contra el narcotráfico, ceder no es una opción. Ganar es una obligación.

Venezuela en la mira: la guerra de EE.UU. contra el narco venezolano