La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 transformó la ciudad de Nueva York, y el espeluznante silencio en que se vio envuelta arrasó con su economía, dejando a miles de personas en el desempleo, teniendo como primera opción recurrir al negocio de la venta ambulante.
Si bien la ciudad está reabriendo su economía al eliminar algunas restricciones pandémicas, los vendedores ambulantes en su mayoría inmigrantes indocumentados, se sienten aislados y frustrados porque su trabajo durante décadas ha sido criminalizado.
En todo el estado de Nueva York, los vendedores ambulantes forman parte del ecosistema cultural que tanto los caracteriza, especialmente dentro de la ciudad, generando un importante aporte al sistema económico.
El tramo de Roosevelt Avenue en Queens, por ejemplo, se ha convertido en un imán para la venta ambulante. Al bajarte en cualquier estación del ruidoso tren 7, es inevitable no abrirte paso en una arteria comercial llena de carritos, pequeños puestos de comida, sombrías, etc.
Te hace un guiño la comida mexicana, ecuatoriana, colombiana, salvadoreña, nepalí, india. Decidir entre comprar tacos, arepas o pinchos de carne es lo más difícil. El instinto aventurero o el ajetreo laboral del día a día te lleva a buscar: ¿Quién tiene las porciones más generosas? o ¿Cuál es el más barato?
La coreografía equilibrada por parte de los vendedores que te llaman reafirma una vez más, la diversidad cultural en que se encuentra sumergido el condado de Queens, que, además, fue una de las zonas más afectadas por la pandemia del COVID-19.
Según el Proyecto de Vendedores Ambulantes, en Nueva York existen alrededor de 20,000 empresarios que se dedican a la venta ambulante, en su mayoría pertenecientes a las minorías, quienes, hasta la fecha, “forman parte de una economía sumergida de trabajadores que no pueden adquirir las licencias comerciales necesarias para legitimar su negocio”.
Durante décadas, ha habido un límite arbitrario en las licencias de mercancías generales y los permisos de vendedores ambulantes. Conseguir un permiso legal para operar “es muy complicado” para los vendedores ambulantes y poder trabajar.
Ingresar en esa larga lista de espera, podría llevar varios años, lo que genera que muchos de estos trabajadores tengan que trabajar sin autorización legal en aceras, avenidas, parques y estaciones de metro.
Algunos otros, para poder trabajar tienen que recurrir ante personas que ya cuentan con el permiso y pagar sumas exorbitantes, incluso casi 10 veces más de su valor inicial.
Los permisos de la ciudad tienen un costo que oscila entre $200 y $500 Sin embargo, algunas “personas inconscientes y aprovechadas” lo alquilan en hasta $20,000
Experiencias de los vendedores
La venta ambulante afecta a los residentes de los 5 condados. La Sra. María López, originaria de México encontró en la venta ambulante un modo de sobrevivencia, lleva más de 10 años vendiendo frutas y verduras en El Bronx.
Desde entonces, ha vivido con un profundo temor porque su trabajo que considera “digno y honesto”, está expuesto a exorbitantes multas en niveles superiores a su ganancia diaria.
Una nota característica entre los vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York es que durante muchos años se han acostumbrado a que los empujen, les quiten sus productos, los desalojen de sus pertenencias, los avergüencen ante los transeúntes, los echen de las avenidas y hasta que los arresten.
La Sra. López relató que hace aproximadamente más de una década mientras trabajaba entre la avenida Grand Concourse y la calle Fordham, los oficiales del NYPD se acercaron a su puesto y empezaron a repartir sus productos.
Además, fue arrestada por la policía y recibió una multa, lo que provocó que su caso fuera a Corte y pasara a manos de un Juez para que le quitaran la multa por vender en la calle sin permiso. Para su buena suerte, la multa fue revocada.
“Lo que más me dolió fue que ese día mi hija de 4 años estaba conmigo, es una experiencia que nunca olvidas”, recuerda María López.
Su hija quien a la fecha mantiene ese recuerdo intacto, le pide: “Mamá ya no trabajes porque nos puede llevar la policía otra vez”, a lo que ella responde: “Hija nosotros tenemos que trabajar para sostener a la familia, también tenemos que apoyar a nuestras compañeras y luchar para obtener permisos y no estar corriendo de la policía”.
A pesar de que la multa de la Sra. López fue revocada, muchos de los más de 20,000 pequeños negocios que según el Proyecto de Vendedores Ambulantes existen en la ciudad, no cuentan con la misma suerte.
Los vendedores reciben multas de hasta $1,000 por no poseer un permiso que les permita operar bajo una autorización legal.
Esta continúa lucha de varios años ha llevado a que decenas de vendedores ambulantes se manifiesten por las calles de la ciudad de Nueva York para exigir que estos dueños de pequeños negocios puedan obtener permisos que les permitan “trabajar dignamente en las calles”.
“Estamos luchando por los permisos, queremos que la gobernadora Kathy Hochul nos escuche para que legalicen la venta ambulante”, demandó María López, quien también es miembro del Proyecto Vendedores Ambulantes.
Desde que llegó la pandemia a la ciudad de Nueva York, miles de personas que quedaron en el desempleo, encontraron en la venta ambulante una manera de obtener ingresos. Sin embargo, han sido sometidos a un sistema cruel y opresivo.
La mayoría de estos trabajadores originarios de distintos países del mundo, son inmigrantes indocumentados, y, a pesar de que Nueva York se jacta de ser un refugio para los inmigrantes, sus autoridades no están dispuestas a tratar de manera justa a estos pequeños empresarios.
“Nosotros no queremos ser una carga para la ciudad, queremos los permisos para poder trabajar y estamos dispuestos todos los comerciantes ambulantes a pagar impuestos, pero también queremos respuesta, queremos que se nos apoye en lo que le estamos pidiendo a la gobernadora”, demandó María López.
Legalizar la venta ambulante podría, además, regularizar esta industria para saber y entender todo lo que se está vendiendo en las calles, permitiría a las autoridades asegurarse de que sea saludable con el objetivo de proteger a los clientes.
Los activistas y defensores de los vendedores demandan poner fin a un sistema que por muchos años no ha estado funcionando para la comunidad inmigrante y latina.
Uno de los principales obstáculos que han enfrentado los defensores de los vendedores ambulantes, ha sido cambiar las leyes a nivel estatal y local, pero, además, cambiar la percepción que se tiene hacia este sector, porque no son vistos como empresarios o como pequeñas empresas legítimas. Algo que también se ha convertido en su principal bandera de lucha.
“Yo pienso que si la gobernadora nos da este apoyo que nosotros estamos pidiendo podríamos trabajar honradamente en la calle, sin el temor que la policía nos vaya a poner una multa y que sanidad recoja nuestras cosas”, recalcó la Sra. María López.
Proyectos de ley para legalizar la venta ambulante
En una ciudad marcada por las persistentes desigualdades, la devastación provocada por la pandemia afectó a los más vulnerables siendo los latinos y negros quienes representaron los mayores índices de contagiados y fallecidos. Por ello, los cambios normativos en la venta ambulante son necesarios para evitar nuevas catástrofes.
Los vendedores ambulantes también forman parte del extenso grupo de más de medio millón de inmigrantes indocumentados que no son elegibles para recibir asistencia financiera del gobierno, ni cheques de estímulo.
En Nueva York los permisos actualmente están limitados a 2,900 para alimentos y 853 para vendedores de mercancías en general, con una lista de espera de 12,000 neoyorquinos.
La demanda de licencias de proveedores generales es tan grande que la lista de espera en sí ha estado cerrada para solicitudes durante casi una década y solo unas 5,000 personas pueden vender comida legalmente.
La Sra. Ciria Santiago, originaria de Veracruz México, vende cosas de temporada en la 37 avenida en Jackson Heights. A pesar de “trabajar duro todos los días”, vive con temor a ser arrestada por la policía o ser desalojada de su mercancía.
Sin embargo, se mantiene optimista porque sus constantes exigencias en las calles de la ciudad de Nueva York aseguran que van a “ganar esta lucha”. “Todos vamos a ganar, juntos vamos a trabajar y esto se va a lograr cueste lo que cueste… Aquí estamos y no nos vamos”, afirmó.
Mohamed Attia, director de la organización Proyecto Vendedores Ambulantes, se unió a este llamado para que la gobernadora Kathy Hochul, los incluya en el presupuesto estatal destinado para las pequeñas empresas y parar con los permisos ilegales.
Los activistas instan a la legislatura estatal a incluir una asignación única de $19 millones en el presupuesto de este año para formalizar la industria de la venta ambulante en ciudades con una población de un millón.
Intro S1175 en el Senado y Intro A5081 en la Asamblea
Las legisladoras demócratas del estado de Nueva York senadora Jessica Ramos junto a la asambleísta Jessica Gonzales-Rojas, presentaron un proyecto de ley para pedir que se priorice a los vendedores ambulantes al eliminar el límite de licencias que se les proporcionan y permitir que estas pequeñas empresas puedan recibir ayuda de manera urgente a través de las leyes S1175 en el Senado y A5081 en la Asamblea.
Estas legislaciones en ambas Cámaras se relacionan con la regulación de los vendedores ambulantes en ciudades con una población de un millón o más al autorizar a dichas ciudades a adoptar un programa para regular a los vendedores ambulantes. Requiere que los vendedores ambulantes obtengan un permiso y prevé sanciones por el incumplimiento de dichas normas.
El proyecto de ley propone, además, eliminar la aplicación del NYPD de la venta ambulante y las sanciones penales por delitos de venta ambulante, garantizando la supervisión realizada únicamente por una agencia civil.
Igualmente, formalizar la industria de la venta ambulante, crear un camino hacia el espíritu empresarial al eliminar la barrera actualmente insuperable para ingresar a la industria y permitir que se anulen las condenas penales anteriores por venta ambulante para garantizar que no haya consecuencias federales de inmigración.
La legislación requiere que estos microempresarios obtengan licencias para operar sus negocios dentro del sistema regulatorio local existente, poniendo fin de manera efectiva a la venta ambulante no regulada y eliminando la barrera actualmente infranqueable para ingresar a la industria.
La asignación garantizará la supervisión y el alcance apropiados asociados con el programa en la ciudad de Nueva York.
De llegar a aprobarse esta legislación más de 20,000 propietarios de pequeños negocios se benefician al “trabajar en la calle sin estar corriéndose de la policía”.
Jessica Ramos, hija de padres colombianos que en algún momento fueron indocumentados, ha dicho que estos vendedores ambulantes desde mucho antes de la pandemia han sido ignorados, mal pagados y desatendidos por todos los niveles del gobierno.
Su demanda se basa en que, tanto la gobernadora Kathy Hochul como el alcalde Eric Adams, “nos escuchen, nos colaboren y nos legalicen las forma en que nuestros inmigrantes le dan de comer a nuestros hijos y mantienen nuestras comunidades pujantes”.
La representante de Queens remarcó que por mucho tiempo el sistema actual ha penalizado a estos trabajadores innovadores y empresarios. Han sido castigados y criminalizados por trabajar honradamente, después de sufrir una pandemia con consecuencias tan críticas para la economía, sobre todo, en un momento que las rentas comerciales han elevado sus precios.
“¿Cómo es posible que les prohibamos a la gente no solamente darle de comer a sus familias y ofrecer comida a un precio razonable para los pobres? ¿Cómo es que no impulsamos a los que sí pueden levantar esta ciudad?”, se preguntó Ramos.
Con la aprobación de su proyecto de ley, espera ayudar a quienes durante la pandemia han demostrado ser los que apoyan el dinamismo económico de la ciudad.
“No necesitamos más permisos, sino más bien que todos tengan permisos”, exigió Jessica Ramos, que representa al Distrito 13 ante el senado estatal de Nueva York.
Trabajadoras esenciales necesitan ser incluidos en el presupuesto estatal de Nueva York