NUEVA YORK VS. TRUMP

PARTE II

Durante la presidencia de Trump se agudizó la persecución a los inmigrantes, la administración ha aumentado redadas y deportaciones, pero el último golpe a la inmigración lo ha dado al enviar a ciudades santuarios, - incluyendo Nueva York-, a un grupo de élite de la Patrulla Fronteriza, especializada en deportar inmigrantes.

A continuación una perspectiva general de esta nueva jugada en el caso Trump vs. Ciudades Santuarios y sus implicaciones para los trabajadores inmigrantes de la llamada Capital del Mundo.

A nivel nacional la situación de los trabajadores inmigrantes cambió cuando en octubre de 1986, el Congreso aprobó el Acta de Reforma Migratoria y Control, conocida en sus siglas en inglés como ICRA, autorizando la legalización de trabajadores indocumentados que podían probar que residían en este país continuamente, sin documentación, desde enero de 1982.

Entonces nueva mano de obra migrante se añadió oficialmente a la estructura productiva del país, pero desde entonces, -hace ya treinta y cuatro años-, no se ha aprobado una sola ley federal que ayude a los inmigrantes.

Las ciudades santuario en general, son jurisdicciones municipales que limitan la cooperación del gobierno local con el gobierno federal, para reforzar las leyes de inmigración y deportar a inmigrantes sin documentación.

La Federación Americana para Reforma Migratoria estima que en el 2018 a nivel nacional existían quinientas sesenta y cuatro jurisdicciones, -incluyendo estados, condados y municipalidades-, que adoptaron políticas santuario.

El movimiento que estableció las ciudades santuario en Estados Unidos inició en 1980 con raíces en la filosofía religiosa, así como en historias de movimientos de resistencia a las injusticias estatales y surgió como desafío a la negativa del gobierno de Estados Unidos a otorgar asilo a refugiados de países como El Salvador y Guatemala.

Más de 75.000 salvadoreños y 200.000 guatemaltecos fueron asesinados por sus gobiernos para reprimir el movimiento comunista en ese momento.

Grupos basados religiosos del suroeste de Estados Unidos impulsaron inicialmente el movimiento con ocho iglesias que se declararon públicamente santuarios en marzo de 1982, a esto le siguieron ordenanza prohibiendo el uso de fondos y recursos de las ciudades para ayudar a la aplicación de la ley federal de inmigración.

TRÁGICA ERA TRUMP

Desde que asumió la presidencia Donald Trump, ha firmado varias ordenes ejecutivas que afectan a los inmigrantes indocumentados a nivel nacional, haciéndoles más vulnerables de ser deportados.

Solo en la primera semana de febrero del 2017 seiscientos inmigrantes de once estados, incluyendo cuarenta y un inmigrantes de la ciudad de Nueva York fueron arrestados por el Servicio de inmigración ICE, que indicó que el 95% de esos arrestos fueron a personas con cargos criminales y que treinta y ocho tenían por lo menos un delito.

La administración Trump publicó una lista de principios de inmigración al Congreso, incluyendo financiar un muro a lo largo de la frontera con México, una ofensiva contra la afluencia de menores centroamericanos y frenar las subvenciones federales a las ciudades santuario.

El 6 de marzo de 2018, el Departamento de Justicia demandó a California, por la aprobación de leyes que decía, imposibilitan a funcionarios federales de inmigración para hacer su trabajo y deportar a extranjeros criminales.

Durante su último informe ante el Congreso, Trump dijo que trágicamente, hay muchas ciudades en Estados Unidos, donde los políticos radicales han elegido dar santuario a extranjeros ilegales criminales y mencionó la violación y asesinato de una anciana en Nueva York.

ATAQUE A CIUDADES SANTUARIO

En Nueva York las redadas han sido planificadas y dirigidas contra inmigrantes que han cruzado la frontera particularmente de México y Centroamérica.

Durante esta presidencia ICE ha realizado más redadas y arrestos en el área metropolitana de Nueva York que en cualquier otra época de su historia.

Como oferta de campaña Trump ofreció detener y deportar a ocho, de los más de once millones de inmigrantes sin documentos que habían en el país.

Nueva York es parte de la lucha de Trump para quitar fondos federales a la ciudad santuario, tema clave de su campaña y emitió una orden ejecutiva declarando que jurisdicciones que se niegan a cumplir con 8 U.S.C. 1373, - una disposición de la ley federal sobre el intercambio de información entre las autoridades locales y federales-, no
sería elegible para recibir subvenciones federales.

Desde entonces treinta y tres estados introdujeron leyes que requieren que las fuerzas del orden locales cooperen con ICE y soliciten que se detenga a extranjeros para su deportación.

Nueva York ha respondido que no cooperará con los esfuerzos federales de inmigración y que continuará con sus políticas de bienvenida a los inmigrantes.

NUEVA YORK PRO INMIGRANTE

En el Estado de Nueva York actualmente todos los inmigrantes, -independientemente de su estatus migratorio-, pueden obtener una licencia de manejo, también el Estado apoya DACA que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados que estudian o trabajan y no tienen récord criminal.

Los trabajadores inmigrantes sin documentos en la ciudad de Nueva York, se estima son más de medio millón y un setenta por ciento de ellos, tienen trabajos pagados en servicios de comida, construcción, ventas, limpieza.

Las regulaciones de la ciudad prohibe a empleados públicos y oficiales de policía preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier residente con quien tengan contacto.

De acuerdo a un estimado del Centro Pew, un sesenta y dos por ciento de los trabajadores sin documentos de Nueva York, son de origen latinoamericano y en general todos los trabajadores sin documentos tienen peso en la participación de la fuerza laboral y están en todo tipo de negocio e industria, particularmente en la de comida, que es una de las que más emplea mano de obra indocumentada.

CIUDAD PROTEGE A SUS MIGRANTES

Una de las primeras medidas que tomó la ciudad para proteger a su fuerza laboral migrante ocurrió el 17 de septiembre de 2003, cuando el Alcalde Michael Bloomberg por Orden Ejecutiva No 41, ordenó la protección de la privacidad de los inmigrantes indocumentados para facilitarles a ellos el acceso a los servicios de la ciudad que
necesitaban y eran esenciales de recibir, entre otras cosas dijo:

“Nuestra política general en esta área, protege la confidencialidad legal de los inmigrantes, independientemente de su estatus, cuando ellos reportan un crimen o
visitan un hospital o enviar a sus niños a la escuela”.

Por esta orden los inmigrantes indocumentados han tenido acceso a solicitar ciertos servicios o beneficios, sin que los empleados del gobierno local averigüen su estatus migratorio a menos que sea requerido por ley o sea necesario para determinar si es elegible para recibir esos servicios o beneficios, además si un inmigrante indocumentado es víctima o testigo de un crimen o si busca ayuda de la policía, no está requerido de declarar su estatus migratorio.

ESCUADRÓN ESPECIAL BORTAC

Trump está enviando unidades de élite de la Patrulla Fronteriza para realizar arrestos en ciudades santuario. Ha enviado cien agentes con capacitación tipo Fuerzas Especiales, para arrestar a inmigrantes indocumentados en ciudades santuarios de todo el país.
El despliegue iniciará de febrero a mayo.

Según el New York Times, un centenar de agentes de la Unidad Táctica de
la Patrulla Fronteriza ayudará a oficiales locales de Inmigración y Control de Aduanas a arrestar inmigrantes indocumentados en Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark.

BORTAC es una unidad táctica de élite con entrenamiento tipo Fuerzas Especiales, que lleva granadas de aturdimiento y actúa esencialmente como el equipo SWAT de la Patrulla Fronteriza, realizando operaciones de alto riesgo contra individuos violentos, grupos criminales y narcos, disponen de equipamiento y entrenamiento especial,
incluida preparación como francotiradores.

El director interino de ICE, Matthew Albence, expresó: “Durante años, en jurisdicciones donde no se nos permite asumir la custodia de extranjeros de las cárceles, nuestros oficiales se ven obligados a realizar arrestos en general de extranjeros criminales, quienes han sido liberados en las comunidades.

Cuando las ciudades santuario liberan a estos delincuentes de regreso a la calle, aumenta la posibilidad de que ocurran delitos prevenibles y, lo que es más importante, de víctimas prevenibles.

CASO BARELA

Durante el año fiscal 2019, ICE deportó a 267.000 inmigrantes, 143.000 fueron arrestados y más del 86%  habían cumplido condenas en prisión o tenía cargos pendientes, según el comunicado de Inmigración, que ha criticado las políticas de ciudad santuario de Nueva York, al informar del arresto de un mexicano que fue liberado después de ser acusado de varios delitos, entre ellos intento de violación.

De acuerdo con ICE, Martín Estrada Barela fue arrestado por la policía de Nueva York el 17 de enero de 2019, acusado de intento de violación, privación ilegal de la libertad e intento de agresión, tras lo cual fue encarcelado.

La agencia federal indicó en un comunicado que el 20 de enero la división de Operaciones de Ejecución y Remoción del Inmigración, presentó una orden de detención contra Estrada Barela para que se mantuviera apresado, pero que en febrero, el inmigrante pagó una fianza y fue liberado como resultado de las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York”, criticadas por ICE y por Trump.

Varios alcaldes y gobernadores han reaccionado a las críticas del presidente, incluyendo el alcalde de Nueva York quien dijo a través de su cuenta en Twitter: “Cada vez que Trump abre su boca miente y ya no me sorprende, pero el explotar el asesinato de una mujer de noventa y dos años en un ataque vil a la labor extraordinaria de la Policía de
Nueva York, es despreciable.

Esta situación contrasta con los ataques a policías de la ciudad por parte de criminales, situación que refuerza los argumentos de Trump, sin embargo el análisis de la situación continúa y un jefe retirado de la Policía en Iowa, señaló que las policías locales no deberían ocuparse de asuntos inmigratorios por razones que van desde la capacitación, los recursos y las relaciones con la comunidad.

Varios fiscales locales han dicho que políticas de inmigración federales, impiden que las víctimas y testigos colaboren con las autoridades locales debido a su situación de inmigración, más allá de la discusión, están las calcinaciones de campaña presidenciales, en una lucha que probablemente termine con las elecciones generales.