EDITORIAL
El transporte ha sido, desde el surgimiento de la ciudad, uno de sus grandes y permanentes retos.
No se puede desmerecer los esfuerzos y la capacidad de uno de los sistemas de transporte masivo, como el de los trenes neoyorquinos que sirven diariamente a millones de pasajeros, conectando barrios, condados e incluso ciudades a nivel estatal, sin embargo, no se puede voltear la cabeza para otro lado y negar un problema latente como el de la dificultad que diariamente padecen, propios y visitantes, de movilizarse en la famosa Capital del Mundo.
Hay varios elementos para este problema. Si bien uno de ellos es la cantidad de automóviles, agravados por el surgimiento de servicios como Uber, que ha sufrido un duro golpe con las nuevas disposiciones de las autoridades de la ciudad, que han favorecido a los taxis amarillos, cuyo funcionamiento deja mucho que desear y que tienen un largo historial de violaciones y abusos, funcionando según algunos como una mafia, incluso con incursión en la política local, la ciudadanía exige la aplicación de restricciones a todos los conductores de taxis y servicios de transporte.
Esta no es una defensa de Uber, pero hay que reconocer que los autos de este servicio, precisamente por ser de propiedad de sus conductores, ofrecen mejores condiciones de higiene e incluso de seguridad. Muchos de los conductores de taxis amarillos que trabajan para otra persona, propietaria de los autos, no les importan las condiciones en que estos se encuentran y mantienen. Por otro lado hace falta mayor educación para los choferes de los taxis, que no saben de hospitalidad y como lo ha demostrado la creación de una nueva comisión para evitar la discriminación, promueven y extienden prejuicios raciales, religiosos e incluso de genero o preferencia sexual, al negarse a dar servicio a los clientes basados en estos criterios.
Las autoridades deben investigar más sobre casos de cooperativas con arraigo en comunidades de origen extranjero, que han sido agentes de promoción de regímenes y partidos políticos extranjeros en campaña, como el caso de las cooperativas de taxis en barrios ecuatorianos, que han servido como promotores del partido en el poder, promocionándolo, distribuyendo material y según algunos informantes sirviendo de servicio de espionaje, al cual se le ha beneficiado y forman parte del “clientelazgo político”, vinculados incluso al surgimiento de medios informativos radiales e impresos.
Si bien algunos de estos sistemas se construyeron después de que se introdujera la legislación ADA y se diseñaron previamente para su accesibilidad, los de Boston y Chicago son casi tan viejos o antiguos como el sistema de metro de la ciudad de Nueva York, pero son mucho más accesibles.
El tema de la movilidad en la ciudad no podía tener mejor defensor que el Contralor Stringer, quien con sus acertados y bien fundamentados informes, vuelve a poner el dedo en la llaga sobre las serias limitaciones y carencias del sistema de trenes para servir y facilitar la movilidad a personas con discapacidades, ancianos y familias con niños, resaltando el impacto económico de esta falencia. Cabe descartar que los informes tienen un fundamento y una presentación bastante objetiva, pero certera y ofrece una serie de sugerencias y posibles soluciones, que lamentablemente recaen, en la mayoría de los casos en manos de la legislatura local y estatal, siendo de estas dos la del Estado, la más problemática y menos eficiente, como lo demuestra el record de trabajo, que apunta a una profunda pugna política y al uso de la legislatura como plataforma de trabajo partidista, antes que un órgano dedicado a legislar en beneficio de los ciudadanos.
Entre otras cosas la Contraloría favorece el nuevo plan Fast Forward de la MTA, solicita un nuevo mecanismo de financiación para respaldar las inversiones en accesibilidad, a fin de democratizar el servicio y la movilidad de todos los neoyorquinos, para que produzcan y tengan un estilo de vida digno de una ciudad que aún se considera líder a nivel mundial. Ese es el reto planteado por el Contralor, “hacer que el sistema de metro de MTA sea accesible para todos los neoyorquinos”.
Los efectos de un sistema de movilización inaccesible pueden apreciarse con cifras concretas en el caso de este informe, que si bien ser refiere a personas con discapacidades, ancianos y niños, se puede ampliar para comprender la gran importancia de la eficiencia en los recursos de movilización de la ciudad y sus consecuencias a nivel laboral, productivo, de vivienda, de segregación económica y social.
Como explica el informe, “para los pasajeros con movilidad reducida y sus familias que desean vivir cerca de una estación accesible, los costos de vivienda locales pueden ser un gran impedimento. Las rentas promedio en vecindarios con al menos una estación accesible son más altas que en vecindarios con estaciones inaccesibles…Dado que los discapacitados, los heridos, los ancianos y las familias con niños pequeños ya soportan grandes gastos en atención médica y otros servicios, estas rentas más elevadas pueden ser prohibitivas.”
Efectivamente, existen esfuerzos para rescatar y modernizar el sistema de tránsito local en los cinco condados, pero hace falta una campaña educativa en diferentes niveles, local y entre los turistas, para promover el respeto y cuidado al sistema de trenes, autobuses y espacios públicos.
Lamentablemente las leyes cada vez más permisivas promueven el irrespeto y los crímenes contra la propiedad pública, según justifican algunos por la falta de espacio en las cárceles y por el tan manipulado criterio de discriminación de las minorías, que a veces parece parece parte de una campaña auspiciada por el crimen organizado.
Nueva York es una ciudad que enfrenta retos y que lucha fuertemente para mantener su liderazgo y su calidad de vida, a pie, en bicicleta, autobús, tren o auto, sus habitantes continuarán diariamente luchando para hacer realidad su sueño americano.