EDITORIAL
Apelando a la justicia social, una vez más se da un paso hacia la legalización del uso de la droga más popular en Nueva York, la marihuana.
El impacto de la marihuana en las comunidades minoritarias, como la latina, es innegable, es otra forma de mantener a este grupo en un estado de franco deterioro y desventaja mental, porque dependencia, emocional, física, o de cualquier forma, es una desventaja para lograr el progreso de un ser humano.
Ya Nueva York a nivel estatal aprobó el uso medicinal de la droga y eso, hasta cierto punto y con base científica, puede ser aceptable. Pero argumentar que los ingresos por gravar la droga podrían ayudar a abordar una serie de necesidades, incluido el deteriorado sistema de transporte público, es justificar una iniciativa que favorece en primera instancia a los productores de la droga en el extranjero, no hay que olvidar que el mayor defensor de la comercialización de la marihuana ha sido el Chapo Guzmán.
Los noticieros diariamente dan cuenta de la incautación de droga proveniente de países latinos. El informe requerido por Cuomo, estimó que el mercado legal de la marihuana es de entre $ 1.7 mil millones y $ 3.5 mil millones anuales, entonces ante la incapacidad de generar fondos y sobretodo de administrarlos apropiada e inteligentemente, lo más tentador es mandar mano a ese mercado, solo que no se ha logrado diseñar la forma para integrarse a la industria oficialmente, lo que ha provocado la aprobación de ley de despenalización, pero hay una diferencia enorme entre despenalizar y legalizar.
Como no se ha dado luz verde al consumo y comercialización de marihuana en el Estado, el gobierno ha dando varios pasos para ir conquistando terreno, primero autorizó el uso medicinal y actualmente reduce las sanciones, lo cual responde fundamentalmente a la incapacidad del sistema de justicia y del sistema carcelario. Según datos de la Oficina Federal de Investigaciones, entre 2008 y 2017, más de 360.000 personas fueron arrestadas por posesión de marihuana en el Estado de Nueva York. La mayoría atrapadas fumando marihuana en público y que desde ahora recibirán citatorios en lugar de ser arrestadas y los fiscales de Brooklyn y Manhattan ya no procesan a la mayoría de los delitos de bajo consumo.
Los partidarios han elogiado la ley como una iniciativa de justicia social, que aborda las desproporcionadas formas en que la prohibición de la marihuana ha impactado a las comunidades minoritarias, pero el impacto se considera solo en términos de aplicación de la ley, pero no en términos de prevención, de investigar y erradicar las causas de la adicción en la que caen principalmente los jóvenes de las llamadas minorías, que no tienen dinero para estudiar, a pesar de las facilidades existentes, pero tienen recursos para adquirir droga.
Proporcionar a las personas que han sufrido las consecuencias de una condena injusta por marihuana, un camino para que se eliminen sus registros y reducir las sanciones, suena a un discurso diseñado a satisfacer los requerimientos de los grupos delictivos. Los inmigrantes que no desean problemas con su proceso de legalización, deben en primer lugar, evitar realizar cualquier actividad fuera de la ley, esa es la solución, usar el sentido común y no usar el discurso populista para contentar a los contribuyentes de campaña, porque los defensores de la droga obviamente tienen muchos recursos, ya que incluso hay un grupo de presión del Proyecto de Política de Marihuana a nivel nacional.
La propuesta de re-invertir los impuestos de las ventas legales de marihuana en capacitación laboral, empoderamiento económico, programación de desarrollo juvenil, escuelas públicas, programas de tratamiento de drogas y campañas de educación pública, suena bien, pero ni siquiera se ha desarrollado un sistema eficiente para borrar los récords y satisfacer los gastos de aplicación de la ley, que requiere millones en inversión de tecnología, o es que los fondos obtenidos se usarán para pagar a grupos y beneficiarios partidistas que hacen campaña a cambio de asignación de fondos?