Hay realidades que por más que no lo deseemos crecen tanto, que su ruido es imposible de callar. Ese es el caso de la peligrosidad en una región clave del continente americano, conocida como el Triángulo del Norte.
Los inmigrantes de los países centroamericanos que llegan a Estados Unidos huyendo de situaciones de extrema violencia, actualmente enfrentar la deportación como única alternativa, esto incrementa los niveles de violencia en la región.
La deportación expedita de la gran cantidad de niños centroamericanos representan retos difíciles y costosos para Estados Unidos, que luego del éxodo infantil del 2014, ha respondido con deportaciones masivas. El Presidente Obama se vio prácticamente obligado a aprobar un crédito de emergencia de casi $ 4 billones.
Actualmente el gobierno estadounidense, - emulando la Alianza para el Progreso implementada por el Presidente Kennedy en los años 60-, ejecuta el Plan de la Alianza de la Prosperidad, con lo cual se enviarán millones de dólares para evitar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Será suficiente?
Las acciones del Presidente Obama en este aspecto son determinantes van dirigidas a acciones más concretas y efectivas que demuestren el liderazgo de esta nación en términos de Derechos Humanos.
La comunidad latinoamericana estará muy pendiente de su disposición real y efectiva para ayudar a los centroamericanos a través de la aprobación de un TPS, el cual por principio debería ser apoyado no únicamente por organizaciones afines a los derechos de los inmigrantes o de asuntos legales, sino por toda la comunidad, particularmente por los directivos de las agrupaciones comunitarias, que durante desfiles y fiestas cívicas se enorgullecen de sus raíces centroamericanas. Igualmente la comunidad cubana, que tiene gran representación política en las diferentes esferas de la estructura estadounidense tiene la obligación moral de manifestarse.
México por su parte, debe analizar a conciencia su rol en este problema regional, cuando por un lado permite el libre tránsito de cubanos por su territorio para que lleguen a Estados Unidos y obtengan automáticamente la residencia, niega, dificulta y deporta a los centroamericanos, cuyos problemas son generados en parte por la estructura del tráfico de drogas con base operativa en suelo mexicano.
Las disposiciones de la Ley HR 7311, William Wilberforce sobre Tráfico de víctimas y su protección, promulgada por el Presidente George W. Bush es un ejemplo y concede derechos sustanciales para la protección a los niños no acompañados procedentes de países que no tienen frontera común con Estados Unidos.
La propuesta por el Departamento de Justicia en el 2014, fue adelantar los casos que afectan a niños y familias ante los los tribunales de inmigración. Pero Estados Unidos se está enfocando en el problema desde su conveniencia para evitar el incremento migratorio. Al mismo tiempo acepta a los refugiados sirios, sin que la comunidad latina como fuerza unificada diga una sola palabra al respecto.
La mayoría de migrantes centroamericanos son menores de edad y mujeres y este no es un simple caso de migrantes sino un asunto de Derechos Humanos, en el cual los esfuerzos de los países involucrados poco pueden hacer por el poderío que han logrado desarrollar las mafias criminales locales.
¿Qué se necesita para que el Congreso revise las leyes migratorias contemplando las particularidades de cada caso? ¿Existe discriminación contra los centroamericanos? ¿Se ha cuestionado públicamente a los candidatos presidenciales sobre este tema?
Lo que queda claro es que existe un desbalance en los niveles de participación social y política de los países latinoamericanos, un monopolio político, cultural que se manifiesta incluso en los medios de comunicación que dan prioridad a temas intrascendentes.
Es fundamental que el gobierno analice los parámetros que se siguen en las políticas migratorias para disminuir graves e injustas diferencias, como en el caso del tratamiento a los inmigrantes centroamericanos y los privilegios a los inmigrantes cubanos, mientras estos últimos son acogidos, los segundos son deportados a pesar de la inefable y monstruosa ola de violencia que se vive en sus países de origen, propiciada fundamentalmente por el consumo de cocaína en Estados Unidos.
La situación migratoria de las diferentes nacionalidades es muy diferente y hay que analizar sus particularidades, sin que por eso se evada el sentido de la justicia y de la prioridad que ciertos casos merecen.
Un ajuste temporal, es lo menos que se puede conceder para mermar los profundos traumas de una generación que está creciendo bañada en sangre en el Triángulo del Norte, corazón de este hemisferio.