
Luego de que un grupo de republicanos de la ciudad de Nueva York presentara una demanda ante los tribunales de justicia para que unas 800.000 inmigrantes con tarjeta verde, permiso de trabajo, DACA y TPS no puedan votar en las elecciones municipales, finalmente un Juez del tribunal de primera instancia dictaminó anular la Ley Local 11-2022. Sin embargo, los defensores de los inmigrantes y de esta legislación aseguraron que van apelar la decisión.
Esta legislación había sido aprobada por mayoría absoluta el año pasado por el Concejo Municipal y promulgada en enero de este año.
Según indica el fallo emitido por el Juez Ralph Porzio, del Condado de Staten Island la Ley Local 11-2022 viola la constitución del Estado de Nueva York. Además agrega que esta nueva legislación viola la ley electoral del estado de Nueva York y la ley de autonomía municipal.
El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, quien fue uno de los principales políticos en liderar esta demanda, argumentó que la ley cambiaría la forma en que necesitaban hacer campaña.
“La Constitución del estado de Nueva York establece expresamente que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de edad y residencia tienen derecho a registrarse y votar en las elecciones”, expresa parte del fallo.
Según el Juez del Tribunal Supremo del estado, Ralph Porzio, la ley electoral del estado de Nueva York reafirma que este derecho se otorga solo a los ciudadanos, escribió, y la ciudad de Nueva York estaba excediendo su autoridad otorgada constitucionalmente al intentar extender el derecho al voto a personas que no son ciudadanos.
Los defensores de los inmigrantes y de esta legislación emitieron varias declaraciones en rechazo a la decisión de la corte hoy lunes.
Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York en un comunicado oficial dijo que “la decisión de revocar la Ley Local 11 por parte de este tribunal inferior de Staten Island no nos sorprende, porque los opositores republicanos a la ley presentaron específicamente su demanda en un tribunal que sabían que sería favorable a ellos”.
También aseguró que seguirán luchando para garantizar que los casi un millón de neoyorquinos que construyen sus vidas en la ciudad de Nueva e invierten en sus comunidades puedan opinar sobre su democracia local y decidir quien los representa.
Dijeron que el voto municipal es legal y piensan apoyar la apelación de la decisión del Juez.
“Nos negamos a permitir que el veredicto de hoy promueva la privación de derechos de las comunidades negras y latinas en la ciudad de Nueva York”, agregó Murad Awawdeh.
Dentro de esta misma línea la directora ejecutiva de La Colmena Yesenia Mata dijo que confía en que los tribunales de apelación razonables fallarán a favor de dar a la comunidad inmigrante una voz en su gobierno.
“Los representantes electos en el consejo de la ciudad de Nueva York votaron abrumadoramente para aprobar el voto de los no ciudadanos para que seamos la ciudad más grande del país en apoyar la democracia. A diferencia de los republicanos, los neoyorquinos realmente creen que no hay impuestos sin representación", argumentó Yesenia Mata.
La consejera Asociada de Latino Justice PRLDEF, Fulvia Vargas, que lidera el trabajo de redistribución de distritos electorales y derechos de voto de la organización en Nueva York, reclamó que esta decisión judicial de hoy priva de sus derechos a casi un millón de neoyorquinos y ataca el núcleo mismo de la democracia representativa.
“El derecho al voto extendido por la Ley Local 11 presentó una oportunidad para remediar la contradicción entre llamar esenciales a tantos trabajadores inmigrantes, pedirles que arriesguen sus vidas para mantener la ciudad en marcha, mientras se les niega una voz en el gobierno local que toma decisiones vitales sobre su vive”, dijo Vargas.
Desde Latino Justice PRLDEF junto a sus socios legales anunciaron que van a apelar la decisión y restaurar el derecho al voto de los neoyorquinos que merecen ese derecho.



























