Existe una realidad en Chile: el Estado tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. Es un hecho que la violencia está instalada y se dispara de manera periódica en la Araucanía, por lo mismo, se debe buscar la explicación, el origen para lograr apagar estos hechos, instalar acuerdos políticos y encontrar soluciones.
Desde el regreso a la democracia han muerto más de 16 personas mapuches, la mayoría en manos de carabineros. Hace una semana, ocurrió un nuevo asesinato de un comunero, el gobierno lo calificó como un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y lo que considera, grupos terroristas.
Desde hace 140 años la comunidad mapuche está pidiendo reivindicación al Estado. Sin embargo, nunca se les ha prestado atención, por el contrario, se les ha tratado como vulgos, extremistas y grupos destructivos de la paz social, a los que hay que aplastar con armas.
La violencia y prácticas punitivas contra el pueblo indígena no es una práctica reciente. Los gobiernos han hecho una labor de demolición moral a través de los años, los han tratado como hordas salvajes a las que se les debe poner el yugo, entregándole libertad y atribuciones al ejército para atacarlos, fuera de toda proporción legal.
¿Quitar extensiones de tierras que le pertenecían al pueblo mapuche, despojándolos de casi 10 millones de hectáreas de territorio original, de manera violenta y arbitraria, es justificable?
En 1861, cuando las comunidades mapuches ya estaban asentadas en la Araucanía, ingresaron a Chile 15 mil colonos de distintas nacionalidades. El ejército chileno ocupó, dividió y entregó tiránicamente los territorios indígenas a los colonos para que los produjesen.
El ejército hizo una labor ofensiva que consistió en desgastar al pueblo indígena, destruyendo sus rucas, quemando plantíos, robando ganado. Detuvieron, secuestraron, mutilaron, quemaron y mataron niños y familias completas.
Estas incursiones salvajes y violentas buscaban destruir la integridad de los mapuches para ir generando la ocupación de territorios y, además, lograr apropiarse del ganado.
Más de cien mil indígenas fueron reducidos y expulsados de sus terrenos ancestrales, desconociendo todo derecho que tenían por parlamento.
Hacia 1934, en Lonquimay, miles de mapuches vivían hacinados, trabajando horarios extenuantes, siendo reprimidos y abusados (igual que en las salitreras del norte del país). Ante las iniquidades, los obreros y el campesinado mapuche se sublevaron.
Fueron rodeados por militares y llevados a Santiago, pero ni siquiera llegó la mitad, pues gran parte de ellos fueron torturados y asesinados en el camino.
El presidente de entonces, Arturo Alessandri, no condenó el actuar del General de carabineros responsable de la matanza, por el contrario, lo puso al frente de la guarnición de Santiago.
Tiempo después, el General encabezó una nueva masacre, la del seguro obrero, donde alrededor de sesenta estudiantes chilenos, rendidos, a veinte metros de la Moneda, fueron acribillados. Todo aprobado por el mandatario.
Este 9 de noviembre, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, prorrogó por 15 días más el Estado de Excepción Constitucional de emergencia, en cuatro provincias de la Macrozona Sur. Esto, a raíz del presunto enfrentamiento que terminó con la vida del comunero Yordan Llempi, en Cañete.
Según el mandatario, el despliegue armado se hizo para dar paz y tranquilidad a los chilenos. No. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, no para instalar la paz. El gobierno señaló que, en medio de una encuesta pública, más del 80% de los ciudadanos quiso extender el Estado de Excepción, lo que no dijo es que solo votó el 17% de la población.
La Constitución señala que el estado de emergencia se decreta en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación.
En 2013, durante el primer mandato de Piñera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encomendó un estudio exhaustivo de la situación de los Derechos Humanos sobre el pueblo mapuche y las reclamaciones territoriales, particularmente en las regiones del Bío Bío y la Araucanía.
Ben Emmerson, experto enviado por la ONU, señaló que las autoridades debían evitar invocar la Ley 18.314 sobre antiterrorismo, creada en dictadura en 1984, porque la comunidad mapuche no quiere apropiarse del poder del Estado.
Señaló que es fundamental que se instaure una Comisión Consultiva Nacional, con amplia representatividad de integrantes de la nación mapuche, para avanzar en materias como el reconocimiento constitucional de esta y las demás etnias presentes en Chile, y la restitución sus tierras.
Es importante la definición de una Estrategia Nacional, para planificar una política participativa, para así avanzar en el reconocimiento político, cultural y práctico de la nación mapuche.
Es la ceguera histórica del Estado chileno, más bien, la falta de voluntad política, debido al profundo interés de forestales y empresas que choca con la reclamación de territorio. Ese es el real conflicto.
Marcha mapuche finaliza con 10 detenidos y 18 heridos en centro de Santiago