Mike Brownfield
El 25 de octubre de 1983, las primeras tropas de las 7,000 en total llegaron a las costas de Granada bajo el mando del presidente Ronald Reagan. ¿El objetivo de la misión? Sofocar un violento golpe de estado que amenazaba con poner al país en el bloque comunista y dar a la Unión Soviética otro punto de apoyo en el patio trasero de Estados Unidos.
Al igual que el presidente Reagan actuó decisivamente para proteger los intereses americanos en 1983, así también debe estar Estados Unidos preparado hoy para responder a las amenazas de las fuerzas terroristas después del 11 de septiembre de 2001. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la nación? ¿El presidente? ¿El Congreso? Recientemente en la Fundación Heritage, los exprocuradores generales Edwin Meese III, John D. Ashcroft y Michael B. Mukasey debatieron el asunto y sus puntos de vista sobre la Constitución en lo referente al poder del presidente y el papel del Congreso y de la Corte Suprema en tiempo de guerra.
Después del 11 de septiembre, comenzaron a surgir preguntas sobre el balance adecuado entre el Congreso y el presidente, así como sobre el papel de las cortes de justicia. Asuntos como la captura y el tratamiento que debe darse a los detenidos, las técnicas de interrogatorio, la vigilancia y seguimiento, las convenciones de Ginebra, el espionaje telefónico, Guantánamo o el papel de las cortes de justicia en tiempo de guerra se convirtieron en asuntos de intenso debate así como las elecciones presidenciales de 2008.
La pregunta de quién es responsable de la seguridad de Estados Unidos nos retrotrae a la Declaración de Independencia, que anuncia al mundo la soberanía de Estados Unidos y, con ella, el “pleno poder para declarar la guerra”. Los Fundadores veían la seguridad de la nación como la primera responsabilidad del gobierno federal y diseñaron un sistema de equilibrio de poderes para que estos no estuvieran solo en comités ni en las manos de una sola persona. Meese describe ese equilibrio en un informe especial de la serie “Entendiendo qué es América”:
En teoría, estas delegaciones [de poder] dieron lugar a una tensión entre el presidente y el Congreso. El presidente tiene la capacidad última de decisión sobre el despliegue de tropas y casi todos los aspectos de la conducción de la guerra. El Congreso tiene el poder sobre el erario público mediante el cual puede frenar la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, en vez de estar enfrentados, los poderes que tienen ambas ramas del gobierno sobre la seguridad nacional han demostrado ser complementarios y las escasas disputas se han resuelto llegando a un compromiso y no en enfrentamiento.
Sería un milagro que el control de la mayor fuerza militar conocida por la humanidad se rigiera por el compromiso político durante más de dos siglos si no fuese porque fue así diseñado.
Meese también destaca la autoridad del presidente bajo la Constitución para poder actuar rápida y decisivamente garantizando así la seguridad de Estados Unidos como elemento clave del genial diseño de los Fundadores. Es un poder que permitió a Reagan ejecutar la operación de Granada y es un poder que ayudará al presidente a proteger la nación tras el 11 de septiembre.
Aunque los Fundadores no podrían haber nunca imaginado los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, o las fuerzas terroristas que hicieron de Estados Unidos su enemigo, ellos construyeron una república que pudiese soportar y derrotar todas las amenazas externas y prosperar. La guerra contra el terrorismo, que se libra contra un enemigo con pocos activos y dirigido con intención mortal contra objetivos blandos, simplemente ha aumentado la importancia de la agilidad y la confidencialidad.
El presidente tiene el poder, y asume la responsabilidad, de tomar decisiones difíciles en un instante — sea tener que confiar en recientes pero inciertos datos de inteligencia, bombardear una guarida de al-Qaeda, dirigir un ataque con un avión robot contra un terrorista, o arrestar a un sospechoso de terrorismo. Estas decisiones no están sujetas a la consideración o el veto legislativo. Ni podrían estarlo, si se desea mantener la seguridad de la nación en una era en la que un estado paria o un grupo terrorista no estatal puede amenazar la vida de millones de americanos.
James Madison escribió: “La seguridad contra el peligro exterior es uno de los objetos primigenios de la sociedad civil. Es un objeto reconocido y esencial para la Unión Americana”. Hoy, cuando Estados Unidos continúa su lucha global contra las fuerzas terroristas, es vital recordar quién es el responsable último de la seguridad de la nación, lo que indica la Constitución y cuál era la intención de los Fundadores.