Dejar en el limbo a más de 800.000 personas que están inscritos en el programa DACA es una cuestión inmoral, sobre todo, porque este país se ha beneficiado de tantas personas que llegaron en la infancia y que ahora muchos de ellos son profesionales.
Existen médicos, enfermeros, abogados, maestros, que la llegada a este país, también les ha cambiado la vida. Realmente el programa DACA es un tipo de protección tenue, es como dijo un joven en una manifestación “una curita en una gran herida insuficiente de cubrir”.
Sería inaceptable que miles de beneficiarios de DACA que también han presentado nuevas solicitudes permanezcan a merced de los tribunales o de una simple orden ejecutiva presidencial. El presidente Joe Biden debe cumplir su promesa de campaña, de crear un camino a la ciudadanía para estas personas.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams y la gobernadora de estado Kathy Hochul, también deben estar alineados en esta misma dirección de protección a estos jóvenes.
En Nueva York hay más de 38,000 beneficiarios de DACA que durante este tiempo se han convertido en nuestros amigos, familiares, colegas y vecinos, incluso en funcionarios de gobierno y autoridades electas.
El Comisionado de la oficina de Inmigración de la ciudad de Nueva York, Manuel Castro y la asambleísta del estado, Catalina Cruz, han sido soñadores, llegaron siendo unos niños al país, de México y Colombia respectivamente, ambos han sido fieles defensores de los inmigrantes y apoyado a sus comunidades.
Al igual que ellos miles de jóvenes de DACA han llamado a este país y esta ciudad “su hogar”, muchos incluso, nunca han visitado sus países de origen, ni tampoco tienen amigos. No podrían deambular por el Barrio que nacieron, el único sistema de transporte que conocen, por ejemplo, es el metro de la ciudad de Nueva York.
Estos jóvenes a pesar de ser médicos y haber estado en primera línea luchando contra el COVID-19, injustamente permanecen en total incertidumbre que amenaza su estabilidad, su familia y su futuro.
Ese sentimiento de inestabilidad permanece latente, por las disputas legales, desde que inhumanamente el expresidente Donal Trump, lo pretendió eliminar.
Proteger a los beneficiarios de DACA fue una de las principales promesas durante la campaña del presidente Biden, pero preservar y reforzar la agencia, es una medida que afronta enormes desafíos, que podrían invalidar esas protecciones para esos jóvenes inmigrantes.
Si el próximo 6 de julio de 2022 se da un fallo en contra, después de que el Juez de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, escuche la apelación de la administración del presidente Joe Biden, contra la anulación del programa.
Los congresistas tienen una nueva oportunidad de redimirse con sus constituyentes y finalmente entregar un camino hacia la ciudadanía y el estatus legal permanente, para no permitir que la finalización o continuación de este programa acabe en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y sean ellas quien decidan.
Pensar en la durabilidad y un plan a largo plazo para permitir que los soñadores continúen prosperando y construyendo este país, significa crear una solución que vaya más allá de DACA. Proteger a estos jóvenes se requiere de mucha voluntad política, que varias autoridades electas y líderes organizacionales han demandado.
Los legisladores tienen en sus manos brindar un camino seguro y sostenible hacia la ciudadanía a casi un millón de jóvenes, lo que permitirá, además, dejar a un lado esa incertidumbre que no les permite vivir con tranquilidad y dejar de percibir los riesgos de una persona indocumentada por las falsas expectativas que se han generado desde 2012 que se creó bajo la administración del expresidente Barack Obama, el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El mayor sueño de muchas de estas personas que están condenadas a sobrevivir a pesar de estar estudiando una carrera universitaria es servir a este país y su comunidad que durante mucho tiempo se ha beneficiado de sus impuestos, sin ni siquiera poder recibir los beneficios que podría obtener un ciudadano estadounidense.
Es momento de que las autoridades del país y de Nueva York retribuyan con dignidad a estas personas, que brinden ese camino a la ciudadanía y que no sea simplemente cuestión de suerte.
Es una medida que se alinea con los valores del país. La inmigración es un derecho humano y un principio firmemente establecido de que ningún ser humano es ilegal o indigno de protección bajo la ley.
Es importante también recordar a los políticos que no traten a los jóvenes de DACA como simples piezas electorales que relucen en momentos de elecciones cuando se trata de acaparar el voto.
Por cada padre indocumentado o por cada beneficiario de DACA, también hay un hermano o familiar que tiene plenos derechos de ejercicio del voto y cuando estén frente a una papeleta electoral sabrán quien cumplió o no sus promesas.
Es momento de que las autoridades muestren acciones para aprobar legislaciones que garanticen que los soñadores sean protegidos al garantizar igualdad de oportunidades para todos.