Proyecto promesa:
Entre mayor coloniaje y estadidad para Puerto Rico
Por Armando Bermúdez
IMPACTO
Como enfermo cuasi terminal, Puerto Rico tiene muy pocas opciones para salvarse, y el remedio que le acaba de aplicar el Congreso de Estados Unidos ha causado conmoción en el cuerpo político, social boricua, porque no será manejado por los puertorriqueños, sino por interventores federales.
¿Es por culpa del Estado Libre Asociado? ¿Será por artimañas de los estadistas del Partido Nuevo Progresista que por décadas quieren anexar Borinquen a Estados Unidos como estado 51?
¿’PROMESA’ DESCONECTADA?
La legislación H.R. 5287 denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA por sus siglas en inglés), con la que se pretende sacar de la crisis que corroe sus arcas a la Isla del Encanto es producto de negociaciones entre el presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, y el gobierno de Barack Obama. La junta estará integrada por siete miembros con mayoría republicana.
PROMESA se ha estructurado ante una propuesta del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mediante un proyecto de ley bipartidista que ha creado una junta de control para reestructurar la deuda de $72 mil millones de Puerto Rico.
Los independentistas coinciden con los partidarios del Partido Popular Democrático (PPD) en que PROMESA les quita soberanía, es intervencionista y es de viejo estilo colonialista.
El senador federal Robert Menéndez, dijo que era necesario que el proyecto de ley contemplara un camino claro para reestructurar la deuda de la isla, sin embargo, denunció que el panel de control que propone el texto legislativo constituye un acto de “evidente neocolonialismo”.
Señaló que dicha junta fiscal no será elegida por los ciudadanos y tomará decisiones sin tener que rendir cuentas a la población de la isla caribeña, lo que a su juicio supone una suerte de “oligarquía virtual” que manejará una deuda multimillonaria.
Por su parte, el congresista Luis Gutiérrez insistió en que serán los trabajadores puertorriqueños quienes paguen la deuda que sufre el Estado Libre Asociado, y también quienes corran con los gastos de la junta fiscal que no han elegido y que, sin embargo, velará por los intereses de los bonistas.
CONGRESO TIENE LA PALABRA
Puerto Rico no pudo pagar $422 millones el 1 de mayo y enfrenta un incumplimiento el 1 de julio de otros $2 mil millones.
Como la medida, ha sacudido a todo Puerto Rico y a la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Nueva York y todo Estados Unidos, el congresista Charles Rangel sostuvo que “el Congreso tiene la responsabilidad de enfrentar la gran deuda de puerto Rico y ahora tiene la herramienta necesaria para hacerlo con PROMESA que no es ni un rescate ni tampoco les costará a los contribuyentes norteamericanos”.
Rangel indico que “el Fondo Monetario Internacional no puede proveer ayuda económica a Puerto Rico porque no es un país soberano. Desde el fin de la Guerra Hispanoamericana en 1898, los EE.UU. tomaron posesión de Puerto Rico como parte de su territorio. Como la Isla no es una municipalidad ni un estado, no puede declarar el Capítulo 9 de bancarrota, una opción para los 50 estados. Puerto Rico tiene las manos atadas y solo el Congreso puede desatarlas. Es mandatorio que hagamos lo correcto para ayudar a nuestros compatriotas de Puerto Rico”.
¿Es que Puerto Rico no tiene otra opción que aceptar las reglar que le imponen en el Congreso, entonces? Rangel dice que “entiende” a los que se preocupan de la Junta Observadora creada bajo la ley para observar a Puerto Rico en asuntos fiscales y desarrollar un plan para pagar la deuda “puede que induzca demasiado control”.
Subraya el veterano político neoyorquino: “Enfrentados a un déficit impagable de $2 billones, Puerto Rico necesita que el Congreso establezca estas reglas y regulaciones. Puerto Rico recientemente no pudo pagar $422 millones y es muy probable que no pueda pagar cientos de millones más si el Congreso no actúa. Lo que tenemos a mano es la mejor opción.
INGERENTE A INTERESES
No obstante, al ser Puerto Rico un territorio colonizado, y no haber resuelto su estatus, PROMESA es visto por un gran sector como ingerente y extraño a sus intereses, aunque haya sido diseñado para salvar la economía puertorriqueña. De allí la contundente expresión de María de Lourdes Negrón, candidata a la gobernación por el Partido Independentista sobre PROMESA: “Será un grupo de estadounidenses por los que nadie en Puerto Rico habrá votado y que asumirán control total del país. Hoy, dos cosas tienen que indignar profundamente a los puertorriqueños, la primera, el desprecio demostrado por los Estados Unidos en el debate y la aprobación de esta medida que representa la llegada de una dictadura al desnudo y, la segunda, el que haya quienes quieran sacar provecho político de esta humillación diciendo estar en contra de la Junta, pero reafirmando su lealtad de siempre al Estado Libre Asociado que es el régimen de inferioridad política que le concede esos poderes absolutos a los Estados Unidos sobre los puertorriqueños”.
La Junta, sostiene Negrón, no vendrá a “poner la casa en orden ni adjudicar responsabilidades por el desastre económico ni a promover desarrollo”, llegará “a imponer medidas de austeridad que provocarán gran sufrimiento y necesidad: reducción de pensiones, recortes a la salud pública, privación de recursos para educación pública, eliminación de empleos públicos y a garantizar, por encima de cualquier otra consideración, que aparezcan al precio que sea los fondos necesarios para pagar a los acreedores de Wall Street”.
“La Junta es la más reciente bofetada colonial y la única respuesta digna es el repudio tajante al sistema colonial que la ha engendrado y el reclamo fuerte y claro de descolonización e independencia”, sostuvo Santiago Negrón.
PPD: ES UNA OFENSA
Coincidiendo con la postura independentistas, los moderados “populares, sin embargo, coincidieron en apreciaciones sobre PROMESA: “Este proyecto no solamente es antidemocrático, es una negación a los principios más básicos de cualquier democracia. Es el ejercicio burdo de una mentalidad colonial que quiere imponerse sobre el Pueblo de Puerto Rico y equivale a básicamente desproveernos de las herramientas democráticas para nosotros mismos tomar nuestras propias decisiones”, sostuvo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Por su parte, el ex gobernador Rafael Hernández Colón aseguró que el proyecto, según redactado por la mayoría republicana en el Congreso es una ofensa para un gobierno elegido por el Pueblo de Puerto Rico y pre establece de que los puertorriqueños no tienen derecho al voto.
“El proyecto de PROMESA no es una promesa, es una ofensa. Es una ofensa no solo a la actividad democrática del Pueblo de Puerto Rico, si no a la inteligencia misma de aquellos que entendemos los procesos gubernamentales y que sabemos que el remedio va a ser peor que la enfermedad. No es posible que privándole a Puerto Rico de su gobierno propio, entregándole ese poder a una Junta de siete personas nombradas por el Gobierno federal, aquí fluyan unos procesos de gobierno que nos permita atender la crisis que tenemos y que fomenten el desarrollo económico”, sostuvo Hernández Colón.
El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares dijo que el HR-5278 en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos solo sirve para “perpetrar la colonia”.
ABRE PUERTAS
“Soy el primero en reconocer que hace falta la colaboración del Gobierno Federal, pero tiene que ser bajo la premisa del trato como un Estado, no con trato desigual e inferior. He establecido múltiples propuestas en esta dirección”, dijo Rosselló Nevares.
Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington -partidario del PNP- dijo sobre PROMESA: “desde 1898, hasta el presente, Puerto Rico ha estado y continúa estando sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos al amparo de la Cláusula Territorial. PROMESA, al promover la creación de una Junta de Supervisión Fiscal, no altera ni modifica la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En ese sentido, Puerto Rico no ha cedido ni perdido nada, pues nunca hemos sido soberanos”.
Pierluisi, considera que PROMESA abrirá mayor concientización sobre el actual estatus colonial de Puerto Rico: “Es precisamente contra eso que lucho todos los días como estadista, para sacar a Puerto Rico del poder de la Cláusula Territorial y convertirnos en un estado soberano de Estados Unidos, con derechos propios sobre sus asuntos internos como los demás estados de la Unión.
Los estadistas como Pierluisi, consideran que EPROMESA, al reconocer explícitamente y poner en blanco y negro que Puerto Rico es un territorio, abre por fin las puertas para la descolonización de Puerto Rico, elimina al ELA como opción real y autoriza la celebración consulta estadidad sí o no.