Con 108 votos a favor y 39 en contra, la Asamblea del estado de Nueva York, aprobó un proyecto de ley que prohibirá a cualquier persona amenazar con informar a las autoridades de inmigración sobre el estado migratorio de una persona o causar procedimientos de deportación, como una forma de extorsión o coerción.
Esta legislación se convierte en un esfuerzo por ir construyendo esfuerzos en conjunto a nivel estatal, para ir poco a poco, combatiendo las políticas anti inmigratorias de la administración federal anterior.
“Nuestras comunidades inmigrantes enfrentan desafíos importantes y la mayoría de la Asamblea siempre se ha comprometido a protegerlas”, dijo el portavoz estatal de la Asamblea, Carl Heastie.
El representante del Bronx por el Distrito 83, expresa las graves consecuencias que estos procedimientos representan hacia la comunidad inmigrante e indocumentada, especialmente la latina.
De ahí, la importancia de asegurar que estas personas, no puedan usar a su favor la vulnerabilidad de los inmigrantes para beneficio personal o incluso empresarial.
Los habitantes de la ciudad de Nueva York serán los principales beneficiarios de esta legislación al residir en ella, más de 500.000 personas, según el informe anual de 2020 de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York (MOIA).
La impulsora de esta legislación es la asambleísta Michaelle Solages, y su principal finalidad es evitar la extorsión y la coerción que implica obligar a una persona entregar su propiedad o abstenerse de participar en otras conductas, mediante la intimidación, incluyendo la amenaza de presentar cargos penales contra las personas.
“La amenaza de deportación es muy seria para los inmigrantes indocumentados, lo que los hace particularmente vulnerables a la extorsión o la coerción”, dijo el asambleísta Solages.
La representante de Nassau de origen haitiano, destaca que esta legislación es un ataque directo a los actores sin escrúpulos, por lo que, protegerá a las personas y sus familias de que el estado migratorio sea utilizado en su contra.
Este proyecto de ley modifica las definiciones de "coacción" y "extorsión" de la Ley Penal al incluir también, la realización de amenazas contra quienes causen procedimientos de deportación contra una persona.
Esta legislación también, protegerá a los inmigrantes de tal extorsión al asegurar que la amenaza de obtener cargos de deportación sea tratada de la misma manera que una amenaza de cargos criminales.
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