El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció hoy que esta semana la Asamblea aprobará un paquete de legislación para proteger a los neoyorquinos, mejorar las relaciones policiales y comunitarias y aportar transparencia y responsabilidad al sistema de justicia penal.
“La mayoría demócrata de la Asamblea ha luchado incansablemente a lo largo de los años para lograr reformas de justicia penal significativas y necesarias para nuestro estado. Esta semana continuaremos adelante sobre esas reformas, respondiendo a los llamados de personas de todo Nueva York y el país”, dijo Heastie, presidente de la Asamblea.
“Hemos logrado mucho, desde el aumento de la edad de responsabilidad penal hasta la reforma del sistema de juicios rápidos, descubrimiento pruebas y libertad bajo fianza, pero sabemos que nuestro trabajo aún no ha terminado.
Continuaremos luchando esta semana y más allá para mejorar las relaciones policiales y comunitarias, y para crear un sistema más justo y equitativo para todas las personas”.
“Las personas negras y todas las personas de minorías no son anti-policías, somos anti-policías malos. Durante generaciones hemos sido perseguidos, maltratados, mental y físicamente por policías malos, quienes deben servirnos y protegernos”, dijo la líder de la mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes.
“Es hora de poner fin al secreto que rodea los registros de los oficiales de policía, las agencias de implementación de la ley ya no podrán esconderse detrás de la ley de derechos civiles 50-A que evita que el público de sepa realmente quién está detrás de la placa”.
“Por un tiempo desmedido, un manto de secreto ha generado desconfianza entre el público y la policía en sus comunidades”, dijo el asambleísta Daniel O’Donnell. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son empleados del gobierno y, por lo tanto, el público tiene derecho a conocer los registros disciplinarios y el historial. Esta legislación brindará la transparencia y la responsabilidad que la gente merece”.
“Hemos aprovechado este momento de pérdida y luto, dolor y frustración, angustia y revuelta, y canalizamos nuestra influencia y poder para transformar los procedimientos policiales del Estado de Nueva York”, dijo la asambleísta Tremaine Wright, presidenta del Caucus Legislativo Negro, Puertorriqueño, Hispano y Asiático.
Juntos en este momento, estamos forjando un nuevo camino para poder abordar y corregir las prácticas policiales que han permitido que los abusos hayan pasado prácticamente impunes por mucho tiempo”.
“Uno de los momentos más orgullosos de mi carrera en la Asamblea fue cuando emití mi voto por el presidente Heastie como el primer presidente de la Asamblea negro en la historia de nuestro estado”, dijo el asambleísta Ron Kim, copresidente del Grupo de Trabajo Asiático Pacífico Americano.
“Su audaz visión de la reforma de la justicia penal no siempre ha sido la agenda más popular para mi comunidad de asiáticos americanos. Hoy, puedo decir con orgullo que ya no es el caso. Esta semana, cada grupo comunitario y sin fines de lucro de ascendencia asiática se ha levantado, protestado y marchado en total solidaridad con la comunidad negra y de color. Como copresidente de Grupo de Trabajo Asiático Pacífico Americano, fue un momento muy conmovedor para mí”.
“Sufrir una pandemia y sufrir una pandemia como minoría es doblemente difícil”, dijo la asambleísta Maritza Dávila, presidenta del Grupo de Trabajo Puertorriqueño e Hispano.
“Aquí no tenemos color, aquí tenemos leyes, leyes que pueden ayudar a proteger a los hombres y mujeres negros y marrones en Nueva York a medida que avanzan. Estamos aquí para cambiar la historia”.
Esta semana, la Asamblea aprobará una legislación que aclare que una persona que no está bajo arresto o bajo custodia tiene derecho a registrar la actividad policial y a mantener la custodia y el control de esa grabación y cualquier propiedad o instrumento utilizado para registrar las actividades policiales (A.1360-A Perry)
“Hoy, todos tienen una cámara en sus bolsillos. Y en casos de abuso de poder por parte de la policía, las grabaciones han demostrado una y otra vez ser una protección invaluable. Es un derecho que tenemos y este proyecto de ley nos permitirá ejercer este derecho sin temor a la interferencia policial, la intimidación o la confiscación de nuestros dispositivos de grabación”, dijo el asambleísta N. Nick Perry.
“Esto protegerá los derechos de los neoyorquinos y responsabilizará a la policía por sus acciones. Ya es hora de que el derecho de registro esté codificado en la ley estatal”.
Otro proyecto de ley establecería un derecho de acción en virtud de la Ley de Derechos Civiles cuando una persona sin una razón sólida llama al 911 o convoca a la policía alegando actividad criminal, y dicha llamada o solicitud de asistencia está motivada por prejuicios basados ??en la raza, el color, el origen nacional, ascendencia, género, religión, práctica religiosa, discapacidad u orientación sexual de la persona denunciada (A.1531-B, Richardson).
“Llamar al 911 para casos que no sean emergencias evita que los socorristas ayuden a las personas que realmente están en peligro y representa una amenaza aún mayor para las personas de color en el clima político actual”, dijo la asambleísta Diana Richardson.
“Cuando los oficiales se presentan en una escena con información limitada y esa información suena lo suficientemente crítica, pueden responder con fuerza táctica. Como hemos visto, solo toma unos segundos para que una situación se intensifique.
Esta legislación envía el mensaje sonoro y claro de que no es un delito que las personas de color estén en espacios públicos, y establece un medio de recurso en caso de que se encuentren con ese tratamiento”.
También se aprobará esta semana la Ley Eric Garner Anti-Chokehold, que prohibiría el uso de las llaves de estrangulamiento por parte de la policía y establecería el delito de estrangulamiento agravado, un delito grave de Clase C (A.6144-B, Mosley).
“Hace casi seis años, escuchamos a Eric Garner decirle a la policía ‘no puedo respirar’ cuando un oficial de policía de Nueva York lo asfixió. Sus palabras ahora hablan desde la tumba mientras tratamos con el asesinato policial de George Floyd en circunstancias casi idénticas. Cientos de hombres y mujeres negros desarmados han sido asesinados a manos de agentes de policía antes y entre estas dos tragedias.
En 2015, presenté este proyecto de ley para prohibir los estrangulamientos en todo el estado, y me enorgullece verlo hoy en vigencia a medida que aprobamos legislación para reformar nuestro sistema de justicia penal.
Este es un importante paso adelante, pero no será el último. Debemos trabajar para cambiar la forma en que los policías interactúan con las comunidades de color, o continuaremos viendo cómo ocurren estos asesinatos”, dijo el asambleísta Walter T. Mosley.
Incluido en el paquete legislativo está el Programa de Cámaras Usadas por el cuerpo de la Policía del Estado de Nueva York, que ordena a la División de Policía Estatal que proporcione a todos los oficiales de la policía del estado cámaras corporales que se usarán cada vez que un oficial esté patrullando e identifique situaciones cuando se enciende la cámara y se graba (A.8674A, Walker).
“Como una de las agencias de policía estatales más grandes del país, la Policía del Estado de Nueva York debería ser una de las primeras agencias en dar un ejemplo, para mostrar a los demás cómo usar correctamente las cámaras corporales para ofrecer transparencia y responsabilidad al público”, dijo la Asambleísta Latrice Walker.
“Esta legislación ayudará a sacar a la luz el uso de fuerza excesiva y, con suerte, reducirá la cantidad de incidentes en que hay ‘uso de fuerza’ y dará un primer paso crítico para reparar la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”.
La Asamblea también aprobará una legislación que exija que la policía estatal y local y los oficiales de paz, ya sea que estén en servicio o no, informen a un supervisor dentro de las seis horas posteriores al descargue de un revólver de servicio en circunstancias en las que una persona podría haber sido herida (A.10608 Perry).
Se aprobará además la Ley de Estadísticas y Transparencia de la Policía, que requeriría que los tribunales compilen y publiquen información demográfica racial y de otro tipo sobre arrestos y procesamiento judicial de delitos de bajo nivel, incluidos delitos menores y violaciones. El proyecto de ley también requiere que los departamentos de policía presenten informes anuales sobre muertes relacionadas con arrestos a la División de Servicios de Justicia Criminal, el gobernador y la Legislatura.
“En todo el país, los estadounidenses están pidiendo justicia y responsabilidad por parte de nuestras agencias que aplican la ley”, dijo el presidente del Comité de Códigos, Joseph Lentol.
“Esta legislación proporcionará al público la transparencia que se merece, y permitirá a la Legislatura tomar decisiones informadas y basadas en evidencia con respecto a futuras decisiones políticas”.
La Asamblea también derogará la sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles que ha sido interpretada y ampliada por los tribunales para permitir que los departamentos de policía retengan casi todo lo que se utilizaría para evaluar a un oficial de policía. Esta derogación sometería estos registros a la Ley de Libertad de Información, al igual que todos los demás registros mantenidos por las agencias públicas, al tiempo que protege el contacto personal sensible y la información de salud de estos oficiales .
También se incluye en el paquete legislativo de justicia penal un proyecto de ley que enmendaría la Ley de Derechos Civiles para afirmar el derecho de las personas detenidas a recibir asistencia médica y mental rápida y razonable.
“Muchas personas bajo custodia policial han sufrido o muerto porque sus responsables no brindaron atención médica por lesiones o enfermedades”, dijo la asambleísta Nathalia Fernández.
“Este proyecto de ley es fundamental para proteger a las personas bajo custodia policial y para prevenir este sufrimiento innecesario en el futuro”.
El asambleísta Perry también patrocinó la legislación para crear una Oficina de Investigación Especial dentro de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, que investigará de forma independiente y, si está justificado, procesará incidentes que involucren la muerte de una persona causada por un acto u omisión de la policía u oficial de paz .
Otro proyecto de ley que se aprobará esta semana en la Asamblea establecería la Oficina de Investigación de Mala Conducta de la Aplicación de la Ley dentro del Departamento Legal, que investigaría las quejas, o por iniciativa de la oficina, en relación con denuncias de corrupción, fraude, uso de fuerza excesiva, actividades delictivas, conflictos de intereses. o abuso en ciertas agencias de aplicación de la ley.
El objetivo de esta legislación es mejorar la eficacia de la aplicación de la ley, aumentar la seguridad pública, proteger las libertades y los derechos civiles, garantizar el cumplimiento de las protecciones constitucionales y las leyes locales, estatales y federales, y aumentar la confianza del público en la aplicación de la ley (A.10002 -B, Taylor).
“El establecimiento de la Oficina de Investigación de la Mala Conducta de la Aplicación de la Ley traerá una mayor transparencia a la aplicación de la ley de la misma manera que hemos aportado transparencia a otros aspectos de nuestra sociedad”, dijo la asambleísta Al Taylor. “Esta legislación es esencial para responsabilizar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley por sus operaciones y actividades”.
En el paquete legislativo se incluye un proyecto de ley que prohibiría a los agentes y agencias de aplicación de la ley crear perfiles basados ??en la raza o el origen étnico, establecer una base de datos pública estatal que contenga datos sobre vehículos motorizados y paradas peatonales de la policía y permitir a cualquier víctima de perfiles raciales o étnicos, o el fiscal general, para iniciar una acción por daños o medidas cautelares para detener el perfil incorrecto (A.4615, Bichotte).
“Mi proyecto de ley prohibirá los perfiles raciales al exigir a los agentes de policía de todo el estado que recopilen datos sobre cada detención que realicen y otorgarán un derecho legal de juicio a las víctimas de los perfiles raciales”, dijo la asambleísta Rodneyse Bichotte.
“Desafortunadamente, el Senado cree que es una carga demasiado pesada recopilar datos y ha presentado un proyecto de ley diluido que elimina estas protecciones civiles. Están arrojando un hueso a las víctimas de la discriminación racial: George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, y los muchos, muchos otros cuyos nombres son gritados por personas de todo el estado; pero lucharé por esta legislación y no aceptaré una justicia diluida”.