La Unión de Libertades Civiles presentó este lunes una querella en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia exigiendo que se administre a los inmigrantes detenidos el refuerzo de las vacunas anticovid, especialmente entre aquellos con condiciones vulnerables a la enfermedad.

"La covid-19 continúa propagándose rápidamente en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés)", afirmó Eunice Chao, del proyecto nacional de prisiones de ACLU.

"Los jerarcas de ICE han sabido por meses que deben dar las inoculaciones de refuerzo a las personas detenidas, pero no lo han hecho", añadió. "Esta omisión es cruel e inconstitucional".

ICE indica que hasta este lunes tenía bajo su custodia 18.203 inmigrantes, de los cuales 980 habían tenido resultados positivos en la prueba para la detección del coronavirus, o estaban bajo observación.

Desde el comienzo de la pandemia en 2020, más de 560.000 inmigrantes bajo custodia de ICE recibieron la prueba y entre ellos se confirmaron 40.679 casos positivos de los cuales 11 concluyeron en la muerte.

Los demandantes se identificaron como Miguel Ángel Escalante y Kenet Jefet Hernández Herrera, detenidos en Arizona; Anna Sorokin, en Nueva York, y Ramón Domínguez González, en California.

ACLU sostiene que los cuatro sufren una gama de condiciones médicas que los hacen vulnerables a complicaciones graves de la covid-10, incluyendo infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), infección real crónica, obesidad y síndrome de estrés post traumático.

Estas personas, indica el documento de la querella "han pedido y se les ha negado el refuerzo de las vacunas de Covid-19" y son "médicamente vulnerables a la enfermedad grave y la muerte en caso de infección".

En cuatro meses entre noviembre de 2021 y el 21 de febrero de 2022, ICE ha suministrado un total de 1.436 inoculaciones de refuerzo a personas detenidas a pesar de que tiene bajo su custodia un promedio diario de entre 18.800 y 22.000 detenidos en sus más de 20 centros de detención", según ACLU. EFE

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