El juez federal Emmet Sullivan ordenó el 15 de noviembre la suspensión del Título 42 del Código de Estados Unidos, que se implementó durante la crisis de la pandemia del COVID-19 por la administración de Donald Trump y aplicada también por la administración actual de Joe Biden.
Esta medida ha permitido la expulsión inmediata de quienes cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos, sin la oportunidad de solicitar asilo.
Sin embargo, a diario en la frontera entre Estados Unidos y México se suceden imágenes dramáticas, pero desde que el juez pidió anular la política del Título 42, se respira con menos tensión.
Pero existen demasiadas incertidumbres respecto a la gran afluencia de inmigrantes que pasarían la frontera y llegarían a Nueva York, ya que la ciudad aún se mantiene lidiando con los inmigrantes recién llegados desde el pasado mes de mayo.
Y, aunque, la ciudad de Nueva York ha vivido durante mucho tiempo del sudor y el trabajo de los inmigrantes, su capacidad para ayudarlos a salir adelante se ha visto cada vez más limitada.
En este artículo te vamos a explicar de qué se trata el Título 42, qué está haciendo la administración Biden; también hablaremos sobre la situación de los inmigrantes en la frontera y en México, además, sobre la posibilidad que estos inmigrantes tengan como destino Nueva York y qué podría pasar con ellos.
¿Qué es el Título 42
El presidente Joe Biden se enfrenta a retos nada fáciles, luego de que las políticas implementadas por su antecesor durante sus cuatro años de mandato, fueran bajo deliberaciones animadas por el impulso de la xenofobia y el racismo.
Aunque las políticas de inmigración que prometió durante su campaña no se han podido implementar. El presidente Biden tiene enormes desafíos en lo que le resta de su mandato, sobre todo, por la afluencia de inmigrantes que intentarán cruzar hacia Estados Unidos cuando la controvertida orden de salud del Título 42 finalice el 21 de diciembre.
Pero ¿Qué es el Título 42 y por qué ha generado tanta controversia en el país?
Durante el pico de la pandemia del COVID-19 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron en marzo del 2020 una orden de salud pública. Funcionarios expertos dijeron que tenía como objetivo principal detener la propagación del virus en Estados Unidos.
Con esta orden se permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los inmigrantes en las fronteras terrestres que llegaban al país y, a pesar de que el mismo presidente ya declaró el fin de la pandemia, la orden se ha extendido varias veces.
La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de Estados Unidos que permitió que el director de los CDC la emitiera.
Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que "potencialmente representan un riesgo para la salud". Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de "eludir las medidas de detección médica".
Según la CBP, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. Según datos de la CBP, desde marzo de 2020 y hasta abril de 2022 se habían enviado de regreso a México o a su país de origen 1,7 millones de inmigrantes.
Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia Estados Unidos. Sin embargo, los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida.
El 1 de abril de este año, los CDC anunciaron planes para rescindir la orden, afirmando que ya no es necesaria dadas las condiciones de salud pública actuales y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para detener la propagación del virus.
La política estaba programada para finalizar el 23 de mayo. Pero el martes 15 de noviembre, el juez de distrito, Emmet Sullivan en Washington bloqueó el Título 42 y dijo que encontró que la orden era “arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
¿Qué está haciendo el presidente Biden?
Si bien la llegada masiva de los inmigrantes por cualquier puerto fronterizo representa una dantesca preparación administrativa, el gobierno del presidente Biden parece ni siquiera estar preparado ante esta situación, a pesar de que sus principales banderas de campaña fueron la inmigración y revertir las políticas migratorias del expresidente Trump.
Después de la decisión del juez de distrito de Washington, D.C, Emmet Sullivan, el gobierno de Joe Biden apeló la decisión de un juez federal de poner fin al Título 42.
En noviembre, el juez Emmet Sullivan ordenó a Biden que cancele esa política, aunque, a petición del Gobierno, le concedió cinco semanas, hasta el 21 de diciembre, para cumplir su dictamen. La decisión del Departamento de Justicia de apelar ahora el fallo de Sullivan, revelada por la cadena de noticias CNN, puede dar pie a que otra corte superior decida suspender el final del Título 42, alargando una batalla judicial en la que también participan varios estados republicanos.
Alrededor de 6.000 y 7.000 migrantes llegan a la frontera a diario en medio de una ola de migración masiva. En total, casi 2.8 millones de migrantes cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 (que acabó en septiembre), un número que rompió el récord alcanzado en 2021 (más de un millón), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
Con esto la administración de Biden está solidificando los planes para reducir la cantidad de inmigrantes que calificarían para el asilo en la frontera sur al tiempo que abre nuevos y estrechos caminos para que algunos posibles inmigrantes presenten su solicitud mientras aún están en sus países de origen.
En una declaración La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) insta a la administración de Biden a no revivir la prohibición de tránsito ilegal de la era Trump que elimina las protecciones de asilo.
El director de estrategias fronterizas de la ACLU, Jonathan Blazer, recordó que el presidente Biden ha expresado repetidamente su compromiso de proteger el derecho fundamental y de larga data de los solicitantes de asilo.
También reclamó que la administración Biden ha tomado medidas que socavan sus propias promesas y el sistema de asilo de Estados Unidos.
“Si reviviera la prohibición de tránsito de Trump y Stephen Miller, cortando el acceso vital al asilo para todos los migrantes que no sean de México, ya no habría ni una pizca de pretensión de que está comprometido a proteger a quienes huyen de la persecución y la violencia”, dijo Jonathan Blazer.
Mientras la administración de Biden se prepara para que el número récord de migrantes que cruzan la frontera sur diariamente aumente aún más cuando terminen las restricciones de COVID-19 este mes, el Departamento de Seguridad Nacional quiere más de 3 mil millones de dólres del Congreso para combatir el aumento, dinero que los republicanos pueden no estar dispuestos a aprobar.
Según una publicación de NBC News, tres altos funcionarios del DHS familiarizados con la planificación dicen que el DHS envió una solicitud de miles de millones a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que la Casa Blanca ahora le ha pedido al Congreso más de 3 mil millones de dólares.
En un comunicado, un vocero de la Casa Blanca dijo: “Si los republicanos en el Congreso se toman en serio la seguridad fronteriza, se asegurarán de que los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional tengan los recursos que necesitan para asegurar nuestra frontera y construir una frontera segura, ordenada y un sistema de inmigración humano”.
La situación de los inmigrantes en México
Este tema ha sido muy controversial después de que la administración del presidente Biden anunciara que retiraría la política. Esto provocó un debate sobre si está justificado terminar su aplicación y si los funcionarios están preparados para manejar un aumento esperado de inmigrantes en la frontera,
Pero los defensores de Derechos Humanos aseguran que, con esta regla, que se ha empleado de manera inadecuada como una herramienta de seguridad pública, permite que los inmigrantes experimenten en México situaciones peligrosas, además de los riesgos que podrían atravesar algunos solicitantes de asilo si regresan a sus países de origen.
Por ejemplo, quienes emigran de Venezuela y Nicaragua se exponen a persecuciones políticas, encarcelaciones arbitrarias o, incluso, la muerte. Una situación que el mismo gobierno de Estados Unidos mantiene al tanto.
Muchos defensores esperaban que el presidente Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo, dadas las promesas de su campaña de construir un sistema de inmigración más humano. En cambio, su administración extendió la política y la defendió durante meses en los tribunales.
Algunos inmigrantes incluso han tenido que pagar exorbitantes sumas de dinero para intentar cruzar la frontera, algunos corren con la suerte de llegar a su destino, mientras que otros son víctimas de violencia, narcotráfico o trata de personas.
Desde el primer día de Biden en el cargo hasta finales de diciembre, el gobierno utilizó la norma de salud pública más de un millón de veces para rechazar a los imigrantes en la frontera sur, lo que representa alrededor del 55 % de los encuentros allí, según datos de la gestión.
Los agentes fronterizos se encontraron con casi dos millones de inmigrantes en la frontera sur durante ese periodo. Permitieron que más de 458.000, el 23 % de ellos, entraran en el país y trataran de convencer a un juez de inmigración de que les permitiera quedarse.
El resultado ha sido un enfoque confuso y caótico para la seguridad fronteriza. El hecho de que una persona obtenga permiso de quedarse en Estados Unidos al menos de forma temporal o que sea expulsada de manera inmediata conforme a la regla de salud pública puede variar según la hora o el día, así como de un cruce fronterizo a otro.
Los inmigrantes encontrados bajo el Título 42 son expulsados a sus países de origen o a México, donde los defensores de los derechos humanos dicen que han documentado muchos abusos. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, Human Rights First dice que ha identificado casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el Título 42.
La frontera sur está abrumada
En algunas ocasiones, la cantidad inusualmente alta de cruces fronterizos ilegales ha rebasado al gobierno, pues las áreas de detención han llegado al tope de su capacidad mientras los funcionarios realizan entrevistas y llenan papeleo a los inmigrantes solicitantes de asilo.
Esto ha provocado que cientos de miles de inmigrantes hayan sido liberados en Estados Unidos con instrucciones de reportarse para sus trámites migratorios.
El espacio es limitado debido a las precauciones sanitarias relacionadas con la pandemia, pero la cantidad de migrantes que cruzaron de manera ilegal durante el último año fiscal rompió un récord que había durado 61 años.
Los grupos defensores y las organizaciones internacionales consideraron que estos inmigrantes eran vulnerables; entre ellos hay miles de familias con niños pequeños que viven en lugares peligrosos a lo largo de la frontera. Sin embargo, desde el inicio, el programa ha sido una fuente de confusión.
“No hay un conjunto claro de criterios para permitirles el ingreso a las familias”, comentó en mayo a la radio NPR Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria. “Por eso, para los migrantes se puede sentir de verdad como una especie de juego de azar”.
Las organizaciones humanitarias que accedieron a trabajar junto con el gobierno de Biden para ayudar a los migrantes a buscar ese tipo de exenciones en gran medida terminaron su participación en el verano, porque se oponían a que el gobierno siguiera usando la regla de salud pública.
“Acordamos participar en un plazo determinado para eliminar las barreras y ayudar al mayor número posible de personas a acceder a su derecho a buscar protección internacional, con la expectativa de que la gestión actual pondría fin a la política poco después”, dijo Meghan López, vicepresidenta regional del Comité Internacional de Rescate para América Latina, en un comunicado el 18 de octubre. “Meses después, esto aún no ha sucedido”.
Muchos inmigrantes podrían llegar a Nueva York
Con la finalización del Título 42, las autoridades han indicado que esperan una nueva afluencia de inmigrantes en la frontera. Han dicho que se están preparando para diferentes resultados, incluida la posibilidad en el peor de los casos de que hasta 18.000 inmigrantes por día podrían intentar cruzar la frontera.
Muchos de estos inmigrantes podrían llegar a la ciudad de Nueva York y sumarse a los más de 22,000 inmigrantes que han llegado a la ciudad desde mayo, muchos de ellos enviados en buses desde Texas y Arizona
Nueva York siempre ha sido el hogar de quienes buscan mejores oportunidades y obtener una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchas autoridades incluyendo el alcalde Adams han declarado que para continuar representando esperanza e impulsar el progreso, es necesario expandir la red de seguridad social.
Desde abril, alrededor de 22.000 personas , 17.000 de las cuales se encuentran ahora en refugios, han llegado a la ciudad de Nueva York en autobús desde Texas, una medida del gobernador de Texas Greg Abbott, que utiliza a los inmigrantes como peones políticos sin tener en cuenta su bienestar o el trauma que han vivido.
Aunque la ciudad ha invertido una importante parte del presupuesto para atender a los inmigrantes, una nueva ola podría representar una crisis, una situación que muchas autoridades locales han hecho eco para recurrir a solicitar ayuda del gobierno federal.
El alcalde Adams ha insistido en que desde Washington se debe brindar mayor asistencia legal, agilizar los procesos de autorización de trabajo simplificados, financiamiento de FEMA y recursos educativos para contratar personal bilingüe. Sin estos recursos, según las autoridades no se podria brindar el apoyo adecuado a las personas que desean ayudar a que la ciudad prospere.