EDITORIAL
En una democracia, el poder se ejerce con transparencia, no desde las sombras. Lo que estamos presenciando en Nueva York y otras ciudades del país con el uso cada vez más frecuente de agentes de inmigración enmascarados representa una amenaza directa no solo para los inmigrantes, sino para los principios fundamentales del Estado de derecho.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operan sin identificarse, vestidos de civil, con el rostro cubierto y en vehículos sin marcas, están cruzando una línea peligrosa. No son simplemente funcionarios del gobierno haciendo cumplir la ley; se han convertido, a los ojos de muchos ciudadanos y defensores, en una fuerza secreta que actúa como si estuviera por encima del escrutinio público. Esto no es aceptable.
Nadie está por encima de la rendición de cuentas. Que un agente de ICE pueda detener a una persona en plena calle, sin uniforme, sin identificación visible y sin explicar su acción, socava la confianza en las instituciones y deja una puerta abierta a los abusos. La posibilidad de que un testigo no sepa si está presenciando una detención o un secuestro es alarmante.
Y más aún si pensamos que muchas de estas acciones se dan en las inmediaciones de escuelas, hospitales o tribunales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha hecho lo correcto al liderar una coalición de 21 fiscales generales en la demanda de legislación federal que ponga fin a esta práctica. Las leyes propuestas como el "No Secret Police Act" o el "ICE Badge Visibility Act" deben ser prioridad en el Congreso. No se trata de obstaculizar la labor del ICE, sino de garantizar que dicha labor se haga de manera respetuosa con los derechos civiles y la transparencia.
El uso de máscaras y la falta de identificación no es una simple cuestión técnica. Es una estrategia deliberada que infunde miedo. Y como han documentado numerosos casos, ese miedo no es infundado. Inmigrantes que asisten voluntariamente a sus audiencias en cortes de inmigración han sido arrestados por agentes enmascarados. Ciudadanos que acompañan a familiares han sido interceptados sin explicación alguna. Las comunidades viven con temor a salir, a ir al trabajo, a dejar a sus hijos en la escuela.
Algunos sectores han intentado justificar estas tácticas apelando a la seguridad de los agentes y a la necesidad de ejecutar la ley con eficacia. Pero la eficacia no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales. Las fuerzas del orden deben ser reconocibles, visibles y responsables ante la ley. De lo contrario, nos alejamos peligrosamente de una república constitucional y nos acercamos a un estado autoritario.
También es importante abordar otro aspecto del debate: el reporte del Departamento de Seguridad Nacional que denuncia un aumento del 830 % en las agresiones contra agentes de ICE este año. Esa cifra, aunque alarmante, debe ser analizada con contexto.
El propio gobierno admite que una parte de ese incremento se debe a la creciente tensión social y a la percepción de que los agentes operan fuera del marco legal. Cuando la acción del Estado se torna opaca, la reacción ciudadana también se vuelve impredecible. Y es justamente por eso que se necesita más transparencia, no menos.
No debemos permitir que el discurso oficial intente desviar la atención de los verdaderos problemas. No es el lenguaje crítico de periodistas o activistas lo que está generando tensión, sino las acciones concretas de una agencia que parece haber adoptado la opacidad como norma.
Denunciar el uso de agentes enmascarados no es incitar al odio. Es exigir que la ley se aplique con legalidad, humanidad y responsabilidad.
La historia nos ha enseñado que cuando se normaliza el accionar de fuerzas secretas o encubiertas, los abusos no tardan en llegar. Lo vimos en dictaduras de otras latitudes y en periodos oscuros de nuestro propio pasado. Permitir que ICE actúe sin rostro, sin nombre y sin número de placa, es permitir una peligrosa erosión de nuestras libertades.
Hoy más que nunca, necesitamos una legislación federal clara que exija que todos los agentes de inmigración se identifiquen plenamente, que prohíba el uso de máscaras excepto en situaciones estrictamente justificadas, y que establezca mecanismos reales de supervisión y rendición de cuentas.
Mientras tanto, corresponde a los gobiernos locales, a los tribunales, a los medios de comunicación y a la sociedad civil seguir denunciando estas prácticas. Corresponde a cada ciudadano no mirar hacia otro lado. Porque cuando el gobierno actúa desde las sombras, el silencio también se convierte en cómplice.
El mensaje debe ser claro: en una democracia, no hay lugar para fuerzas del orden sin rostro. La seguridad no puede construirse a costa del miedo. Y la justicia nunca debe ocultarse detrás de una máscara.