Grupos defensores de los derechos civiles exhortaron este miércoles al presidente Joe Biden a proponer una nueva regla de carga pública en Estados Unidos, para evitar la discriminación y los temores de los inmigrantes de bajos recursos.
“Tenemos que ser consistentes con nuestros valores de larga data, de nación acogedora y de oportunidades”, declaró en una teleconferencia de prensa la abogada Militza Pagán, del Shriver Center on Poverty Law.
En su opinión, la nueva regla sería el próximo paso esperado del presidente, que el martes decidió dejar de defender en las cortes los cambios impulsados por la Administración de su predecesor Donald Trump.
La decisión fue comunicada al Tribunal Supremo por la procuradora general del Departamento de Justicia, Elizabeth Prelogar.
Al mismo tiempo, Biden pidió a las agencias federales que revisen la regla de carga pública vigente desde 1965 y planteen sus recomendaciones de cambio antes del 3 de abril.
La organización de Pagán y otras como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados y el Legal Council for Health Justice bloquearon en las cortes durante dos años una orden ejecutiva de Trump de 2019.
El entonces presidente republicano autorizó a los funcionarios en las agencias de inmigración para que negaran la residencia legal permanente a aquellos que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo.
Estas personas no recibirían la llamada “tarjeta verde” de residente por ser considerados una “carga pública”, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Sin embargo, varios amparos concedidos por jueces federales consideraron ilegales y discriminatorios los cambios de Trump en por lo menos 20 estados, entre los que se cuentan California, Nueva York, Illinois, Vermont, Connecticut, Pensilvania y Oregón.
Pagán dijo que con la decisión de Biden de cesar las apelaciones, la regla de Trump “ya no está vigente en ningún lugar del país”.
En el futuro solamente se considerarán dos beneficios para determinar si un inmigrante se considera una carga pública: si recibe asistencia económica en efectivo o si está internado para cuidados de largo plazo pagados por el Gobierno.
En estos tiempos de pandemia se especifica que el tratamiento médico y los servicios preventivos de la covid-19, incluyendo las vacunas, no se consideran carga pública, informó la abogada Pagán.
Las políticas que desalientan a las personas de recibir atención médica “no son solamente moralmente incorrectas, sino también peligrosas para todos”, declaró por su parte Luvia Quiñones, directora de salud de ICIRR.
“Ahora las familias pueden sentirse seguras y acceder a servicios de salud, vivienda y nutrición sin que eso afecte su camino hacia la ciudadanía”, agregó. EFE News
Unos 3,3 millones tendrían la "tarjeta verde" de inmediato con el plan Biden