EDITORIAL
Cuando la administración Trump propuso una nueva regla de carga pública, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional lo respaldaron diciendo el cambio en la política reduciría los pagos a los gobiernos federales y estatales en $2.27 mil millones anuales, “debido a la cancelación de la inscripción o la renuncia a la inscripción en programas de beneficios públicos por parte de extranjeros, que pueden estar recibiendo beneficios públicos.
Eso incluyó una participación federal de aproximadamente $ 1.51 mil millones y una participación estatal de aproximadamente $756 millones, según la agencia federal, una gran ayuda para que Trump consiga los millones que está buscando para llevar adelante sus estrategias neonazis.
Quienes apoyan la propuesta de Trump, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, argumentan que “se busca garantizar mejor que los extranjeros sujetos a la causa de inadmisibilidad de la carga pública sean autosuficientes, es decir, no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino que dependan de sus propias capacidades, así como de los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas.
Sin embargo especialistas indican que el gobierno ha tenido durante mucho tiempo autoridad para bloquear a inmigrantes que probablemente se convertirán en carga pública, pero que realmente el objetivo es limitar considerablemente la migración legal, dando prioridad a personas con dinero y provenientes de países desarrollados, es decir que con la aprobación de esta nueva regla, la Corte Suprema, con mayoría conservadora, está aplicando una ley racista, discriminatoria y que va en contra de la esencia que fundó esta nación, construida por inmigrantes.
La regulación no solo reduce el ingreso de inmigrantes de bajos ingresos, que intentan llegar y permanecer legalmente, adicionalmente mutila las posibilidades de los inmigrantes de obtener la residencia legal y por ende la ciudadanía.
No se puede negar la realidad de abuso por parte de algunos sectores inmigrantes, como los casos de casas de alumbramiento de mujeres asiáticas con el solo objetivo de obtener un número de seguro social.
Pero no pueden crearse leyes que castiguen a todos, como esta nueva regla, que afectará a millones y que tiene el potencial de remodelar la inmigración legal en forma totalmente discriminatoria, basada en el lugar de origen de los inmigrantes y su estatus económico.
Por ahora, mientras continúa la lucha en los tribunales, fuera de ellos la educación es la mejor opción para combatir el temor, educarse sobre los derechos que tiene una persona, -independientemente de su raza, sexo, edad, preferencia sexual, origen nacional o estatus migratorio-, a nacer y vivir con dignidad.
Este esfuerzo supremacista para limitar quién puede venir a Estados Unidos y quién no, refuerza los muros burocráticos contra los inmigrantes, endurecer las condiciones para el asilo, reduce las admisiones de refugiados, expande redadas y deportaciones, usa a los inmigrantes como herramienta para definir políticas exteriores y temas comerciales, como el caso de México, condicionando su ayuda para frenar a quienes huyen de la violencia en Centroamérica, obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos sus audiencias.
Sí, este es un tema sobre el gasto público, sobre el dinero de contribuyentes y ciudadanos, pero es ante todo un mecanismo para imponer la supremacía blanca.
Programas de atención médica, nutrición y vivienda ayudan provisionalmente para que los inmigrantes se mantengan productivos y estables a fin de que puedan prosperar y
contribuir a la nación.
Si bien no faltan casos de abuso de la benevolencia de esta nación, no se puede castigar a cientos de miles de personas inocentes que realmente necesitan ayuda provisionalmente, en una nación que despilfarra miles de millones en cosas que no son vitales, mientras en las calles de la ciudad sede de la Bolsa de Valores, hay 60.000
seres humanos buscando comida en la basura y durmiendo bajo los puentes.
Es esa disparidad la que promueve el florecimiento de tendencias políticas extremas, llamadas eufemísticamente progresistas.
La ciudad de Nueva York ya ha reportado que sus inmigrantes están renunciado a cupones de alimentos y beneficios nutricionales suplementarios para mujeres, bebés y niños, por temor a afectar su elegibilidad para la ciudadanía o para no aumentar su riesgo de deportación.
Una alternativa es el cambio de los hábitos alimenticios y de estilo de vida de los latinos, en términos de salud preventiva.
Las campañas que lideró Nueva York a nivel nacional, promovidas por la administración Bloomberg, para reducir el consumo de bebidas azucaradas, sal, grasas saturadas, apuntaban en esa dirección, prevenir enfermedades que a la larga se traducen en millones de dólares, que no son generados por las comunidades que requieren asistencia
pública, el asunto es prevenir y construir bases para una comunidad más saludable y por ende, más preparada para crecer, producir, disfrutar y aportar y en este momento de la historia, preparada para resistir, luchar y pensar sobre nuevas opciones y estrategias.
La administración Trump ha usado el tema de inmigración desde el principio, atacando a los inmigrantes para alimentar los sentimientos de sus bases, conformadas por neonazis y supremacistas blancos, un aspecto crucial para mantener los votos que le sustentan en el poder, hasta el punto que ha ido personalmente a supervisar la construcción del muro en la frontera y de permitir que el Secretario de Inmigración ofrezca declaraciones oficiales desde la Casa Blanca y no desde el edificio de inmigración, como corresponde.
Presentan la inmigración como un tema de Seguridad Nacional y a pesar de que es innegable que grupos delincuenciales han utilizado a inmigrantes como escudo y camuflaje, comunidades, medios, organizaciones pro defensa de Derechos Humanos, Derechos Civiles, Derechos de los trabajadores, etc., deben ser las primeras en
exigir que se combata al crimen, incluyendo a los narco-terroristas, traficantes de personas y políticos corruptos, para separar estos dos conceptos que mezclan injustamente, inmigración con criminalidad.
La Corte Suprema de Estados Unidos, debe honrar las letras en la fachada de su edificio que dicen: “Justicia Igualitaria Bajo la Ley” y no permitir que esta administración avance con su política racista y discriminatoria.
Este tribunal permitió que la administración prohibiera a la mayoría de migrantes centroamericanos solicitar asilo en Estados Unidos, también permitió que la administración use $2.5 mil millones en fondos del Pentágono para la construcción del muro en la frontera con México.
En el 2018, el tribunal confirmó la prohibición de Trump de viajar desde varios países musulmanes.
Si los jueces conservadores son mayoría en la Suprema Corte, en estas elecciones es importante estudiar el récord de cada uno de los candidatos, investigar de quienes reciben donaciones de campaña, revisar sus logros y elegir a quien realmente merezca el respaldo y confianza del pueblo estadounidense, del cual la comunidad latina es la
minoría más grande.