Los problemas para realojar a los afectados por los terremotos de enero en el sur de Puerto Rico, la gestión del mismo, así como algunas declaraciones polémicas de varios dirigentes en Puerto Rico sobre los afectados por los sismos y una nueva posibilidad de subir la luz, han llevado a la sociedad puertorriqueña a crear iniciativas sociales y volver a salir a la calle a mostrar su hartazgo.
Luis Nieves, precandidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición, emplazó a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, a "revelar hoy, de inmediato, los funcionarios de FEMA que estén presionando al gobierno de Puerto Rico para acceder a firmar el desastroso acuerdo de reestructuración de la deuda con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)".
"Hoy, varios legisladores de la mayoría parlamentaria revelaron que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, ante la gobernadora, les indicó que FEMA insiste en que se firme el acuerdo con los bonistas de AEE, como condición para reconstruir nuestra red eléctrica. De ser eso cierto, esa acción de FEMA constituiría un chantaje de una agencia del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico. FEMA no tiene rol alguno en lo que es una negociación con bonistas privados, que sería avalada por el tribunal federal", dijo.
El expresidente de la Comisión de Energía del Senado sentenció que la gobernadora "lleva meses favoreciendo y sentando las bases para que el pueblo tenga que aceptar un acuerdo con los bonistas de AEE que, más que un acuerdo, es un pacto suicida para el pueblo de Puerto Rico. De firmarse este acuerdo con los bonistas de la AEE, pagaremos la luz cara por más de cuatro décadas, con un servicio cada vez peor".
Nieves emplazó a la gobernadora y a la AEE a que "revelen, hoy, la evidencia, cartas, o correos electrónicos, en los que FEMA insiste en que se firme el acuerdo con los bonistas a cambio de desembolsar fondos para la reconstrucción del sistema eléctrico."
Por su parte, el exgobernador y precandidato a gobernador Pedro Pierluisi, dijo que es "inconcebible que en este momento de crisis, cuando los puertorriqueños siguen sufriendo por los daños causados por los terremotos que todavía continúan y aún no se han recuperado del huracán María, se esté proponiendo que se aumente la luz".
"Cualquier acuerdo para reestructurar la deuda no puede contener disposiciones que afecten el bolsillo de nuestra gente aumentando los costos de ese servicio esencial", agregó en un comunicado.
"Aunque reconocemos que es imprescindible que se atienda el asunto de la deuda de la AEE para poder completar la transformación de nuestro sistema energético, esa reestructuración no puede conllevar una carga más a nuestros consumidores, industrias y comercios", concluyó.
Ante la necesidad de un gobierno transparente, íntegro, y de responsabilidad social la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) presentó este jueves una iniciativa por la que se crea la certificación de responsabilidad pública y gobernanza.
Se trata de una plataforma que integra talleres y conferencias con expertos sobre temas que incluyen aspectos jurídicos, económicos y de políticas públicas para funcionarios electos, no electos y aspirantes a cargos públicos.
Según el presidente de la PUCPR, Jorge Iván Vélez, la certificación nace como parte de un esfuerzo que busca crear una sociedad más participativa y un gobierno de principios éticos que responda a las necesidades del país tras los desafíos de Puerto Rico post María, que vive bajo PROMESA y que en el verano de 2019 aprendió de la fuerza de las protestas.
La certificación consiste de 13 talleres/conferencias, de unas 30 horas contacto que buscan fortalecer las destrezas de gobernanza, en y desde los valores y la integridad para todo aquel que de alguna manera maneje asuntos de Gobierno.
"La importancia radica en que brinde, a todo aquel relacionado con la función pública, una comprensión más profunda de lo que es la gobernanza democrática, no solo como objetivo sino como proceso. Brinda conocimiento extenso sobre todos los aspectos de la responsabilidad pública. Quien obtenga el certificado va a entender de manera más clara los aciertos y desaciertos en el proceso de tomar decisiones, establecer políticas públicas e implantar su cumplimiento, de manera íntegra y vertical", destacó.
Al hartazgo general por la situación de quiebra en la que está inmersa la isla o varios escándalos relacionados con presuntos casos de corrupción, se une el hallazgo de un almacén con suministros ya caducados que ha llevado a algunos puertorriqueños a salir a la calle ya en dos ocasiones y mañana lo hará por tercera vez.
El designado secretario del Departamento de Estado, Elmer Román, dijo hoy que se sintió defraudado "como el resto de Puerto Rico" porque desconocía el inventario y el contenido de los suministros almacenados en Ponce y que no habían sido entregados a los damnificados.
"Quiero dejar claro ante esta comisión y ante Puerto Rico que nunca hubo interés en ocultar los suministros ni existía un proceso paralelo para distribuirlos, como ha aludido el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, Carlos Acevedo", afirmó en la primera vista pública de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia de la Cámara de Representantes.
La convocatoria de nueva manifestación ante la sede del ejecutivo es de Colectiva Feminista en Construcción y el lema será "La despedida, adiós enero. Ni Wanda, ni deudas ni corrupto".
De acuerdo al colectivo Vázquez ha actuado de forma "negligente" con el país y ha sido "ineficaz", además de ser un "fiasco" su gestión del problema de la violencia machista en la isla.
Otro asunto que ha generado polémica entre la sociedad son las palabras y "despreocupación" del secretario de Salud de la isla, Rafael Rodríguez, sobre el coronavirus en el sentido de que no hacía falta un plan estatal para el manejo de trauma por desastre.
La mitad del comercio en el suroeste de Puerto Rico paralizado por los terremotos
La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Roxanna López, solicitó la renuncia o destitución de Rodríguez.
"La ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China. Como no se reciben, pasan por un monitoreo ya sea en Europa o en otros sitios de los países que están", había dicho el Secretario.
"Esto no viene de ahora, todo Puerto Rico está harto de la ineptitud de este funcionario que fue un fiasco luego del paso de los huracanes Irma y María. Un desastre con el manejo de la crisis en el suroeste. Jamás habíamos visto tal desastre en el Departamento de Salud. Debe renunciar hoy mismo o ser destituido por la Gobernadora, no importa a cual de los bandos del PNP pertenezca", aseguró.
Declaraciones polémicas también pronunció recientemente la alcaldesa de Ponce (sur), María Meléndez, quien aseguró esta semana que a los ciudadanos que acudieran a refugios tras el terremoto de 6,4 en la isla, "les encanta" vivir en las carpas establecidas por el Gobierno de Puerto Rico.
En entrevista con Radio Isla 1320 dijo que a la gente de su pueblo "les gusta" vivir en las carpas establecidas porque "hay un orden en cuanto a las actividades, todas las visitas", y a la misma vez "tienen entretenimiento".
Entretanto ha pedido disculpas.
Sus palabras le siguen a las pronunciadas el pasado fin de semana por la gobernadora a un reportero de la cadena estadounidense de televisión CBS, en las que indicó que la gente del sur estaba "contenta" por el trato gubernamental tras los sismos.
Otro de los varios motivos que llevará a algunos puertorriqueños a la calle es que tras tres semanas de los movimientos teluricos, el gobierno de la isla ha anunciado que no será hasta finales de marzo cuando todas las personas damnificadas por los terremotos cuenten con un alojamiento temporal hasta que consigan una alternativa permanente. EFE News