Después de una sesión extraordinaria convocada por la gobernadora Kathy Hochul, el estado de Nueva York extiende el moratoria de desalojos hasta el 15 de enero de 2022.
Esto permitirá a los inquilinos realizar nuevas solicitudes y resolver las aplicaciones pendientes con la finalidad de que miles de familias puedan permanecer en sus hogares, mientras sobreviven a los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 y se derrota la variante Delta, que es altamente contagiosa.
Con los demócratas dominando ambas Cámaras estatales, la prórroga que ayudará a mantener a miles de neoyorquinos en sus hogares prevaleció por una votación de 38 a 19 en el Senado y de 80 a 60 en la Asamblea.
La gobernadora Kathy Hochul está marcando el inicio de una nueva “era y consenso” que su predecesor no supo conducir con respecto al tema de vivienda y desalojos.
Ha reafirmado una de sus principales prioridades anunciadas en su primer discurso oficial, al solicitar a los legisladores estatales se reúnan en “una sesión extraordinaria” para extender la moratoria de desalojos que estaba prevista finalizar este martes 31 de agosto de 2021.
El enfoque “nuevo y colaborativo” de Hochul se visiona en no repetir los errores del año pasado con el COVID-19. Por lo tanto, establecer nuevas medidas proactivas que mantenga a los inquilinos en sus hogares, es la mejor forma de evitar que eso suceda.
En una sesión informativa convocada a última hora desde Albany el martes, explicó que anteriormente había tenido reuniones con el líder de la Asamblea, Carl Heastie, así como también, con la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, para asegurarse de abordar la crisis de vivienda que enfrenta el estado de Nueva York.
“Bajo mi supervisión, no vamos a exacerbar lo que ya es una crisis en términos del problema de las personas sin hogar. No vamos a permitir que las personas que, sin culpa de sus propios ingresos perdidos, no pueden pagar y se enfrentan al desalojo”, dijo Hochul en su presentación.
Desde el Capitolio estatal aseguró que no abandonaran a los vecinos que enfrentan mayores necesidades, especialmente porque bajo la administración del exgobernador Andrew Cuomo, no se cumplió con la responsabilidad de entregar ese dinero que el Congreso de los Estados Unidos asignó al estado de Nueva York a inicios del verano.
“A la luz del fallo de la Corte Suprema de revocar la moratoria federal de desalojos, la mayoría del Senado está tomando medidas para ajustar y extender la moratoria de desalojos del estado para garantizar que miles de neoyorquinos estén protegidos de perder sus hogares y al mismo tiempo ayudar a los pequeños propietarios”, dijo Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría en el Senado estatal, en un comunicado oficial antes de sesionar.
Sobre el fallo de la Corte Suprema
El pasado 12 de agosto la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó la moratoria de desalojos en el estado de Nueva York, una medida que se había establecido en respuesta a los altos niveles de desempleo y la falta de ingresos económicos, entre otras adversidades, después de convertirse en el epicentro de la pandemia mundial con centenares de fallecidos y contagiados por día.
Desde que se dio a conocer que Hochul asumiría el mando del estado después de la renuncia de Cuomo por acusaciones de acoso sexual, la gobernadora sintió la necesidad de abordar rápidamente la decisión de la Corte Suprema y fortalecer la legislación estatal de moratoria de desalojos.
El fallo judicial federal prohibía que los inquilinos presentaran un formulario de dificultades económicas causados por la pandemia del COVID-19. Inclinando la balanza hacia los propietarios al argumentar que la disposición violaba el debido proceso.
“Este esquema viola la antigua enseñanza de la Corte Suprema de que normalmente 'ningún hombre puede ser juez en su propio caso'”, expresa parte del documento oficial emitido por el tribunal supremo. Una directriz que, según los impulsores de la ley, expone a personas en situación de calle, por ende, a contagios y transmisión comunitaria del virus.
En contraposición a esta decisión la gobernadora Hochul calificó el fallo de “despiadado” porque la pandemia del COVID-19 no ha finalizado. De ahí la aprobación de la legislación para “tomar acción".
También ha dicho que “ningún neoyorquino que haya sido golpeado económicamente o desplazado por la pandemia debería ser expulsado de su hogar”. Sobre todo, cuando la variante Delta se mantiene al asecho en cientos de hogares y miles de familias no se recuperan financieramente.
Primeros pasos de la gobernadora Hochul para ayudar a los inquilinos
Antes del 31 de agosto desde la oficina de Hochul ya se habían anunciado una serie de cambios para ayudar a quienes necesiten aplicar al Programa de asistencia de emergencia para el alquiler (ERAP) del estado, con la finalidad de atraer más solicitudes y acelerar los pagos.
Después de que los inquilinos con evidentes necesidades presentaran varias trabas para aplicar en la página web, la nueva administración estatal invertirá $ 1 millón adicionales en esfuerzos de marketing y divulgación para crear conciencia sobre el programa de alivio de alquiler, los fondos disponibles y las sólidas protecciones de desalojo de inquilinos para quienes lo soliciten.
“Quiero sacar el dinero, y quiero sacarlo ahora. No más excusas y retrasos”, ordenó Hochul en su primer discurso oficial de ascenso al poder del estado más importante del país.
La Oficina de Asistencia Temporal y Discapacitados, que administra el programa analizarán los datos de las solicitudes, así como también, se reasignarán 100 empleados para trabajar directamente con los propietarios y completar las solicitudes pendientes, lo que permitirá agilizar los pagos.
Si bien el principal objetivo es ayudar a los inquilinos, se espera que la extensión de la moratoria contra los desalojos hasta el próximo año genere desafíos legales entre los propietarios.
“También sabemos que los propietarios están luchando y debemos asegurarnos de que las pequeñas empresas también estén protegidas”, aclaró la mandataria.
El ERAP que ha sido criticado por no desembolsar completamente los fondos de $2.7 mil millones asignados al estado, pretende establecer que los inquilinos que presenten la solicitud y reúnan los requisitos están protegidos por un año completo contra el desalojo mientras se revisa la solicitud.
Ayudar a los inquilinos de un potencial desalojo masivo en Nueva York se trata de confrontar un problema de equidad y justicia que se exacerbó durante la pandemia del COVID-19, siendo los más afectados la gran mayoría trabajadores esenciales que obtienen bajos ingresos, con un impulso desproporcionado en las comunidades latinas y negras.
Permitir que se expulsen a las personas de sus hogares es una farsa moral, sabiendo que Nueva York se cobija bajo una supuesta agenda progresista, que ha priorizado eliminar el racismo sistémico y garantizar una recuperación económica equitativa.
Según un análisis de datos realizado por el National Equity Atlas, hay seis estados donde al menos uno de cada cuatro inquilinos de bajos ingresos está atrasado con el pago de la renta. Nueva York tiene la mayor proporción con el 32 por ciento.
El grupo de investigación indicó que después del fallo de los tribunales federales más de 830,000 hogares en el estado de Nueva York, la mayoría de ellos en la ciudad de Nueva York, están atrasados en el alquiler, con una deuda total estimada de más de $ 3.2 mil millones.
La extensión de la moratoria destinada finalizar el próximo año, en un principio servirá para distribuir los $2.7 mil millones de ayuda federal, después de que se presentaran trabas en las solicitudes, pero con las iniciativas de marketing publicitario, también se prevé que ingresen nuevas solicitudes de personas que no tenían conocimiento de este beneficio.
Las directrices plasmadas en el programa detallan que ayuda a los inquilinos independientemente de su estado migratorio, con hasta 12 meses de renta vencida, tres meses de asistencia de renta prospectiva y 12 meses de pagos atrasados de servicios públicos.
Los inquilinos no reciben ese pago, sino que va directamente a los propietarios que también tienen costos como hipotecas o impuestos sobre su propiedad.
Los inquilinos solicitantes serán notificados de las cantidades pagadas en su nombre. En el caso de que sea difícil ubicar al propietario o no proporcione la información necesaria para completar la solicitud, los fondos se retendrán hasta 180 días para permitir el tiempo suficiente para ubicar al propietario y recopilar la información requerida, así como también, para brindar protección al inquilino.
La página web de la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacitados, que administra el programa, publicó que hasta el 23 de agosto 46,427 aplicaciones de inquilinos han tenido sus solicitudes aprobadas provisionalmente y se les ha reservado fondos de ayuda para el alquiler.
No obstante, según los funcionarios los problemas siempre se presentan en algunos casos con algunas discrepancias en la información entre las solicitudes del inquilino y el propietario o bien, la necesidad de conciliar las cuentas del propietario, lo que supuestamente está retrasando el envío de los pagos.
Se espera que con los cambios anunciados por la gobernadora Hochul la semana pasada, se trabajará de “manera proactiva” para rectificar estos problemas, de modo que se puedan desembolsar los pagos directos ya reservados.
En la página web del estado, los funcionarios estatales informaron que hasta el 23 de agosto aproximadamente 176,113 hogares han presentado solicitudes a pesar del lento proceso y los errores. Esto evitaría que al menos esas personas al solicitar la exención de alquiler del estado, tienen la certeza de no ser desalojadas.
Los funcionarios estatales dijeron que, hasta ahora, se han distribuido más de $ 203 millones, o alrededor del 7 % del dinero total, dijeron funcionarios estatales. Lo que ubica a Nueva York en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la mayor cantidad de fondos aprobados o pagados a los hogares, según el informe de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, que rastrea la implementación del programa estado por estado.
A pesar de que, en la ley federal, tanto los inquilinos como los propietarios deben completar la solicitud antes de que se puedan realizar los pagos, el estado de Nueva York permite que se apruebe el lado del inquilino de la solicitud para que el inquilino esté completamente cubierto por las protecciones de desalojo que ofrece el programa.
En estos casos, el estado retiene los fondos obligados durante seis meses a medida que se realizan esfuerzos para identificar y pagar al propietario. Los inquilinos en esta circunstancia recibirán una notificación clara que pueden usar como defensa afirmativa para evitar el desalojo por hasta un año.
La gobernadora Hochul tiene claro que esta legislación puede generar desafíos legales en los propietarios de viviendas que han exigido a las autoridades enfocarse en resolver los problemas del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler.
Un grupo de propietarios de Rent Stabilization Association, una asociación comercial que representa a 25,000 propietarios y administradores de edificios en más de 1 millón de apartamentos en los cinco condados amenazó con tomar acciones legales en contra del estado por extender la orden de moratoria hasta el próximo año.
Argumentaron que los inquilinos estaban abusando de la moratoria y no pagaban el alquiler, cuando en algunos casos varios de los beneficiarios si tenían la capacidad para hacerlo.
Para solicitar la desgravación del alquiler puede postularse en línea a través de este enlace, en el caso que las personas no tengan acceso a internet pueden presentar su solicitud a través de una línea directa: 1-844-691-7368.
Si no puede realizarlo personalmente las organizaciones locales de vivienda sin fines de lucro, los grupos de servicios legales y otras organizaciones comunitarias también pueden presentar una solicitud en nombre de los inquilinos.
Los propietarios y los inquilinos deben completar cada uno sus partes de la solicitud antes de que se puedan distribuir los pagos.
También existen otras medidas que previenen los desalojos. A nivel estatal existe La Ley de Puerto Seguro para Inquilinos, evita que los tribunales desalojen a los inquilinos que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia debido a dificultades financieras.
“Sin embargo, esa ley no impide que se presenten casos de desalojo y no evita los desalojos por razones distintas a la renta impaga, y los inquilinos deben probar sus reclamos en los tribunales”.