Por Karina Borodnikoff
IMPACTO LATIN NEWS
Brittany Maynard tiene 29 años, se casó hace poco más de un año y había decidido que pronto sería madre. Su vida transcurría acorde a lo planeado, hasta que comenzó a sentir algunos dolores de cabeza que se fueron agudizando. El primero de enero de este año, día simbólico en el que el calendario cultural marca la iniciación de tantas cosas, a Brittany le anunció un final; el de su propia vida.
Una voz tan autorizada como dolorosa, le confirmó que su biología se estaba enfrentado a sus ganas de vivir, plantándose para darle la batalla más difícil e injusta de todas las que se puedan pelear: la forma más agresiva de cáncer, incurable, con un tumor en su cerebro conocido con el nombre de glioblastoma.
¿Cómo se sigue después de una noticia semejante?
Probablemente, no haya una respuesta correcta a esta pregunta. Seguramente, haya tantas respuestas como personas afectadas por este destino común.
El camino que decidió Brittany fue el de ser ella, y nadie más, la única con derecho a decidir qué día morir. Su plan, que cambió drásticamente, es el de terminar ella misma con su propia vida, de la manera en que mejor pueda sobrellevar tan doloroso viaje hacia el final forzado de una vida que era plena. El 1 de noviembre, en exactamente 9 días, rodeada de su gente más querida, le pondrá fin a su existencia.
Para que esto sea posible, Britanny debió mudarse de California a Oregon, uno de los cinco estados del país que permite el suicidio asistido.
El caso de Brittany abrió un gran debate en los Estados Unidos. Si bien algunos apoyan esta decisión, muchos se manifiestan en contra y sueltan sus discursos reprobatorios con una moralina que sorprende e indigna.
Desde qué lugar, cuál es el mecanismo de estas éticas fallidas mediante el cual se sienten autorizadas a juzgar la decisión tan personal de una mujer que no tiene ninguna opción de vida. Una joven de 29 años que tiene que convivir con la certeza de una muerte lenta y dolorosa durante los próximos seis meses de su existencia. Britanny no decidió morir. Es su cuerpo el que le dice basta sin chances, sin posibilidades, el que le dictó sentencia.
Juzgar a Brittany por su decisión es otro daño colateral al que se la somete, es un acto de crueldad. Es provocarle más dolor, innecesario y evitable, a una joven que tenía tantas ganas de vivir como todos nosotros.
“No puedo explicar el alivio que siento al saber que no tengo que morir de la forma en que me ha descrito por mi tumor”, dice Brittany.
Pero la discusión se lleva adelante sólo en la opinión pública, puesto que el gobierno no tiene este tema en la lista de prioridades de su agenda. Por acción u omisión, ya ha sentado posición al tener leyes que prohíben la posibilidad de la llamada muerte digna en cuarenta y cinco estados, de los cincuenta que conforman el territorio de los Estados Unidos.
En este mismo momento, mientras esta nota es escrita o leída, son muchas, demasiadas, las personas que se enfrentan a la certeza de su propia muerte. Y la gran mayoría no tiene las posibilidades de Brittany de mudarse de estado para llevar adelante la única, la última, acción sobre la que tienen poder de decisión: morirse sin tanto dolor, evitar una agonía anunciada para ella y para quienes la aman tanto.
"Instalarme en Oregon para poder hacer uso de la ley exigió cambios monumentales. Tuve que encontrar nuevos médicos, establecer mi residencia en Portland, buscar una casa, sacarme un carnet de conducir nuevo, cambiar mi registro de votación, buscar quién se hiciera cargo de mis mascotas, y mi marido Dan tuvo que tomar una licencia de su trabajo. La gran mayoría de las familias no tienen la flexibilidad, los recursos y el tiempo para hacer estos cambios", explica Brittany.
El debate, más allá de la posición personal, es lícito. El derecho a opinar es indiscutible, pero qué pena que se oriente sólo a verter opiniones a favor o en contra de estas decisiones personales y no se ponga en la superficie un tema de fondo, sobre el que realmente hay que ir con toda la fuerza de la opinión pública. Y no se trata sólo de facilitar las condiciones para tener acceso a una muerte digna a la gente que recibe la doble condena de saber que va a morir y que debe someterse a los tiempos y al deterioro que marquen su enfermedad. El debate inexistente tiene que ver con exigirles a las autoridades una reorganización de sus prioridades.
Aunque en números parezca mucho, la inversión que realizan los Estados Unidos en ciencia es insuficiente. Y será insuficiente hasta que los avances en la cura del cáncer, y otras enfermedades, encuentren tratamientos tan eficientes que la única opción, para los pacientes con diagnósticos tan agresivos, deje de ser la de decidir si mueren en seis meses o en una semana.
En la actualidad, los Estados Unidos invierten alrededor de 30 mil millones de dólares en investigaciones biomédicas. Pero los recursos altísimos destinados a las guerras y a la fabricación de armas, en los últimos años, les han quitado presupuesto a los investigadores y han limitado la posibilidad de encontrar nuevas drogas y tratamientos más efectivos para muchas enfermedades.
Sólo el programa para el desarrollo del caza F-35, le cuesta al país cerca de 400 mil millones de dólares, una cantidad trece veces superior a lo que se invierte en investigación biomédica.
Es cierto que todos le debemos una vida a la muerte, pero hay demasiado por hacer para que esta vida sea mucho más digna, para desarrollar las únicas armas que realmente pueden dignificar a los seres humanos. Armas para dar batalla a enfermedades que se apropian demasiado temprano de nuestras vidas, para llevar adelante una pelea más justa, una pelea que no esté perdida desde el mismo momento en que escuchamos un diagnóstico en un consultorio médico.
Nadie está exento de que mañana o pasado alguien nos confirme que pronto vamos a morir.