Por Rafael David Loaiza Bigott
A veces es más fácil hablar de indicadores sociales e indicadores económicos cuando se hace referencia a violaciones de Derechos Humanos, pero nunca debemos olvidar que detrás de cada número y detrás de cada estadística hay un ser humano, con madre, padre e hijos. Bajo el gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, las detenciones ilícitas e inconstitucionales son parte de la convivencia “normal”. Los venezolanos ya nos acostumbramos a escuchar noticias donde a fulanito o a menganito lo metieron preso en el Helicoide o en Ramo Verde porque estaba convirtiéndose en una piedra en el zapato para el gobierno.
Muchos creíamos que Nicolás iba a ser menos temerario que Hugo Chavéz. Quizás por el hecho de que no es militar o simplemente porque se expresa como un verdadero idiota. (Que no se ofendan los idiotas) Lamentablemente, en una dictadura lo normal es transgredir hasta los derechos más elementales. De esta forma poco a poco siembran miedo, reducen la disidencia y mantienen los niveles de impunidad para los suyos. Después de todo, para estos supuestos revolucionarios lo importante es mantenerse en el poder; todo lo demás es irrelevante.
De acuerdo a las investigaciones de la Organización Foro Penal Venezolano, el año pasado durante el primer trimestre se realizaron 3 detenciones arbitrarias mientras que en el primer trimestre del 2017 se realizaron 15 detenciones. Algunos de estos detenidos estaban ejerciendo su legítimo derecho a protestar, mientras que otros, fueron apresados en sus casas y en sus lugares de trabajo. El supuesto delito es traición a la patria y/o asociación para delinquir. A todos estos presos políticos los llevan a centros improvisados como lo son Helicoide y Ramo Verde sin ninguna orden judicial, debido proceso ni asistencia de abogado. Algunos pueden estar sometidos en prisiones muy pequeñas donde les realizan diferentes prácticas para “debilitar”, reducir y perjudicar física y psicológicamente.
En este momento hay aproximadamente 116 presos políticos en Venezuela. Algunos están siendo torturados, otros no están recibiendo tratamiento médico. Todas estas atrocidades se realizan con un supuesto manto de legalidad gracias a la complicidad activa y pasiva de los miembros del poder judicial, del sistema penitenciario, de la policía política y especialmente con la complicidad de algunos fiscales del Ministerio Público que no acuden a las audiencias para mantener a los manifestantes en prisión. Estos verdugos de la era postconstitucional creen que sus actuaciones serán olvidadas, pero no será así. Cuando se acabe la dictadura Chavista muchos de ellos serán procesados y juzgados; en ese momento deberemos recordar las actuaciones de Nelson Mandela cuando llegó al poder. Será difícil construir un estado de derecho eficiente pero será posible.
Rafael Loaiza Bigott es abogado, escritor, exprofesor universitario de Derecho Constitucional y Economía Política. Autor de la novela “INFINIA. Catedral de Agua” y de las Aventuras de Peter & Rita. Ha escrito cientos de artículos sobre política, Derechos Humanos, economía y finanzas en diferentes periódicos latinoamericanos.