Obispo de Brooklyn
La politización de los trabajadores indocumentados en nuestro país es un problema social que exige nuestra atención y uno que necesita solución. Pero no se puede solucionar sin abordar las tendencias xenófobas que yacen bajo el barniz de incluso las sociedades más justas.
Mi enfoque no será religioso, aunque ciertamente las Escrituras nos brindan mucho en que pensar a la hora de tratar a los trabajadores entre nosotros. Yo baso esta defensa de los trabajadores inmigrantes en investigaciones pasadas y análisis presente, que provienen de entender la escasez de mano de obra que nuestra nación experimenta en varios sectores, incluso la agricultura, la construcción e las industrias de servicios.
Un reciente estudio del Journal on Migration and Human Security, titulado “La Población Indocumentada de EEUU se Reduce a Menos de 11 Millones en 2014”, muestra que la población indocumentada ha estado mermando por los pasados ocho años, impulsado por la disminución de la población mexicana indocumentada. Esta tendencia se debe a muchos factores, incluso la disponibilidad limitada de ciertos empleos. Hoy, a causa de un exceso de trabajadores en algunas áreas y nuevas leyes restrictivas, muchos de los indocumentados han regresado a sus países de origen.
Durante la década del 1980, yo produje uno de los primeros estudios sobre los inmigrantes indocumentados, financiado por el Departamento del Trabajo de EEUU, como una tesis doctoral. Encontré que en el zona metropolitana de Nueva York, a la mayoría de los empleados indocumentados se les descontaban cuotas del seguro social a sus salarios. Esta practica continúa hoy en día. De hecho, el jefe de actuario de la Administración del Seguro Social ha reportado que los empleados indocumentados hacen una aportación anual de $12 mil millones al seguro social, pero la mayoría de ellos nunca recibirán beneficios del programa.
Una breve revisión de nuestra historia migratoria reconoce que hasta el 1924, con excepciones para los chinos y algunos otros grupos, no había restricciones legales de inmigración bajo la ley, y por lo tanto, no había inmigrantes indocumentados, según interpretamos ese término en la actualidad. Hoy, todavía damos la bienvenida a los trabajadores inmigrantes que desempañan importantes empleos. Sin embargo, no ofrecemos suficientes oportunidades legales para que los trabajadores necesarios entren al país. La mayoría de las violaciones de inmigración implican violaciones de derecho civil, ninguna ofensa criminal. Esta distinción debe hacerse.
Durante el curso de la historia de EEUU, nuestro sistema político ha reconocido regularmente que ciertos grupos que no encajan dentro de nuestras categorías de inmigración legal, deberían tener la oportunidad de legalizar su estatus. Hay dos maneras generales en que las personas indocumentadas que no cualifican para una visa pueden legalizar su estatus. La primera, “cancelación de remoción”, aplica a las personas que enfrentan deportación. Se trata de personas de buen carácter moral que han estado aquí continuamente por lo menos diez años, y cuya remoción crearía una “dificultad extremadamente excepcional e inusual” a ciertos integrantes de su familia cercana que son ciudadanos o residentes legales permanentes. La segunda, el llamado “registro”, aplica a residentes continuos y de mucho tiempo, quienes también tienen un buen carácter moral y otros criterios.
Un problema que debe de ser enfrentado es el eventual camino a la ciudadanía. Excluir a los indocumentados de la ciudadanía equivaldría a regresar a una sociedad de dos niveles. El país tiene suficiente experiencia con la exclusión de antiguos esclavos y sus descendientes, para recordarnos que aquellos que son integrantes de nuestra sociedad nunca debieran ser excluidos de los plenos derechos de la ciudadanía.
Es importante que miremos legal y lógicamente la situación actual. Aquellos que están de acuerdo con la deportación masiva, parecen no entender lo que esto podría significar para nuestra reputación y las vidas de quienes son deportados. Los costos estimados de una deportación masiva alcanzarían $400 mil millones y reducirían el Producto Bruto Interno (GPD, por sus siglas en inglés) por cerca de $1 billón.
Honestamente los trabajadores merecen ser defendidos porque ellos contribuyen a nuestra sociedad y economía, y porque son seres humanos con dignidad, derechos y responsabilidades.
Nicholas DiMarzio es el Obispo de Brooklyn