Sebastián Piñera, actual Presidente de la República de Chile, hoy está imputado por conflicto de interés. Es investigado por la Fiscalía Nacional, por los antecedentes que podrían revestir delito tributario, de cohecho y soborno.
En 2010, en su primer período como mandatario, Piñera caducó el proyecto Barrancones que contemplaba la instalación de dos plantas de carbón a 21 kilómetros al sur de la reserva Pingüino de Humboldt, en la Región de Coquimbo.
No fue una defensa del ecosistema, en realidad existía una razón personal y económica del Presidente, hasta ese momento, oculta: el proyecto Dominga, minera que reemplazaría a Barrancones.
¿Dónde radicaba el interés de Piñera por imponer a Dominga? La familia Piñera-Morel, su esposa e hijos, eran los mayores accionistas de ese proyecto.
En 2017, Piñera, a través de Juan Claro, uno de los empresarios más cercanos al Mandatario y uno de los dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga, negoció la bajada del proyecto Barrancones.
Si bien es evidente el conflicto de interés, la investigación penal que se abrió en contra de Piñera, este 12 de octubre, no se refiere a su presunta intervención para bajar el proyecto termoeléctrico Barrancones para favorecer la instalación de Dominga, sino a la compraventa de esta minera.
La indagación se basa en una información que surge este 4 de octubre, tras un reportaje de CIPER Chile y LaBot, donde se conoce el contrato formal de ese negocio. Allí se especifican los términos y condiciones de la compra de la minera, mientras Piñera ejercía su primer mandato.
La familia Piñera-Morel realizó la venta de Dominga a Carlos Délano, íntimo amigo del Presidente, por US$ 152 millones, pago que se realizaría en tres cuotas, bajo un acuerdo. Tras el reportaje periodístico, se dio a conocer que, en el contrato oficial firmado por ambas partes, en 2010, viene una cláusula que oficializa la transacción.
Se refiere a que la tercera cuota se pagaría en diciembre de 2011, bajo una condición: el área donde iba a operar el proyecto Dominga no debía ser declarada santuario o reserva natural protegida, a modo de que no entorpeciera el desarrollo del proyecto. Decisión que dependía directamente de Piñera.
Piñera, finalmente, cumplió.
El reportaje también reveló que, en cuanto al dinero, la parte sustantiva de la transacción se realizó en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, Piñera no es investigado por ello, ya que utilizar un paraíso fiscal no es ilegal.
Pero, ¿cuál era el beneficio para la familia Piñera-Morel, en términos de oferta? Mantener el secretismo en torno a los beneficiarios de las sociedades de quienes allí se inscriben.
Piñera hoy está imputado por la compraventa de minera Dominga, pero ya tiene experiencia en procesos judiciales.
En 1982, siendo gerente del Banco de Talca, el juez Luis Correa Bulo lo encargó reo, como sospechoso de infracciones a la Ley de Bancos y fraude. Según las querellas, el banco había entregado créditos a empresas relacionadas por cinco veces su capital, 20 veces el tope legal.
Muchas de ellas, sociedades ficticias y exportaciones fingidas de empresas de papel a compañías panameñas, también de fantasía. Los ex dueños del banco reconocen que la idea fue del ahora mandatario chileno. Éste lo negó.
Estuvo prófugo por 24 días, hasta que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo. Décadas después, Mónica Madariaga, ministra de justicia en dictadura, declaró que ella llamó al juez que tenía la causa y pidió la libertad de Piñera.
Las experiencias de Piñera continúan. Entre 1992 y 2004 compró empresas quebradas que, según él, “tenían 100 años de historia”. Las resurgió ficticiamente y las usó para hacer desaparecer utilidades y eludir impuestos.
Solamente entre 2002 y 2004, Inversiones Bancard declaró pérdidas por $ 980 millones, cuando en realidad había tenido utilidades por $ 547 millones. Hizo desaparecer $ 39.000 millones en utilidades, eludiendo así $ 2.800 millones en impuestos.
Suma y sigue. En 1997, siendo senador y accionista minoritario de Enersis, denunció a los ejecutivos por negociar condiciones favorables para sí mismos, y perjudiciales para el resto de los accionistas. Sin embargo, mientras denunciaba públicamente, como accionista negociaba privadamente un acuerdo ventajoso para él.
Otra causa. En 2006, como uno de los dueños de la línea aérea LAN, participó en una junta de directorio en que se reveló el balance de la empresa. Con esa información, inmediatamente compró $ 9.800 millones en acciones de LAN a través de Inversiones Santa Cecilia.
La Superintendencia de Valores y Seguros decidió no perseguirlo por el uso de información privilegiada, sólo lo multó por infringir el “deber de abstención”, lo que en Chile no era considerado delito.
En 2017, involucrado en un nuevo caso. Fue declarado imputado por un eventual uso de información privilegiada, específicamente, por los negocios
realizados por una de sus sociedades, Bancard, en el mercado peruano, justo en momentos en que se desarrollaba en La Haya el juicio entre Chile y Perú.
Por inexplicables motivos (que no es inocencia), Piñera nunca ha sido condenado.