Instan al presidente Biden a reevaluar la decisión de expulsar a venezolanos

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Varios legisladores federales han enviado una carta al presidente Joe Biden y su administración a reevaluar la decisión de expulsar a los venezolanos bajo el Título 42.

Abandonar su tierra no es una decisión que se tome a la ligera o de un día para otro. Sin embargo, existen diferentes circunstancias que motivan a las personas a abandonar su cultura, sus raíces, sus orígenes. Dos de las principales razones es la situación política, económica y social que atraviesa su país de origen.

En los últimos meses las autoridades de la ciudad de Nueva York y el país han reconocido la afluencia de inmigrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro, lo que ha agudizado una crisis en Estados Unidos.

Estos inmigrantes provenientes del Sur de América atraviesan enormes desafíos en su largo recorrido para llegar su destino, sobre todo al cruzar entre el fango, empinadas montañas y los peligros naturales al llegar a el Tapón del Darién, un tramo de 66 millas de terreno selvático que conecta América del Sur y América Central.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calificó la situación en Venezuela como la “segunda crisis de desplazamiento externo más grande del mundo”.

Las familias que en los últimos años han emigrado a distintos países huyen de la violencia, la inseguridad, persecución, desnutrición, así como la falta de medicamentos y servicios esenciales en Venezuela, además de la persecución política que caracteriza a cualquier régimen dictatorial.

Ante esta situación varios legisladores federales han enviado una carta al presidente Joe Biden y su administración a reevaluar la decisión de expulsar a los venezolanos bajo el Título 42.

Para los legisladores federales es cruel e ilegal darles la espalda a estas familias mientras intentan ingresar una solicitud de asilo con la esperanza de alcanzar un lugar seguro en los Estados Unidos y tener mejores oportunidades de vida.

En su misiva los miembros del Congreso reiteran que todas las personas tienen acceso para buscar asilo en los Estados Unidos.

A inicios de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que Estados Unidos aceptará la entrada de hasta 24,000 migrantes venezolanos por avión, mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos, y expulsará a aquellos que entren ilegalmente por la frontera sur.

El nuevo proceso aceptará únicamente a personas solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.

El plan “para reducir la migración irregular de venezolanos” incluye un nuevo proceso para traer de manera legal y segura hasta a 24,000, que serán autorizados caso por caso a viajar por vía aérea, pero "aquellos que intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos”, señala el comunicado.

Los venezolanos que cruzan la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una regla que entró en vigor durante la era de Donald Trump, conocida como autoridad del Título 42, que suspende los derechos de solicitar asilo bajo las leyes estadounidenses e internacionales con el fin de prevenir la propagación de COVID-19.

El senador Bob Menéndez (D-N.J.) y el congresista Adriano Espaillat (NY-13) encabezaron un grupo de 20 colegas en el envío de una carta al presidente Joe Biden, al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) y al Departamento de Estado en respuesta al reciente anuncio de la Administración de utilizar el Título 42 para expulsar a los venezolanos que buscan refugio en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Les escribimos para expresar nuestra profunda decepción por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de utilizar el Título 42 para expulsar a los venezolanos que buscan refugio en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta decisión pone en riesgo a miles de solicitantes de asilo desplazados, no se alinea con los valores de nuestra nación y viola nuestras obligaciones legales bajo el derecho nacional e internacional. Les instamos a que reevalúen esta decisión y se aseguren de que todas las personas tengan acceso al sistema de asilo de nuestra nación”, escribieron los legisladores al presidente Biden, al secretario Mayorkas y al secretario Blinken.

Según los firmantes regresar a estas personas dejan en claro que el Título 42 viola los derechos legales nacionales e internacionales de los Estados Unidos, poniendo a los solicitantes de asilo en riesgo de violencia extrema.

El principio de no devolución en el artículo 33 de la Convención sobre Refugiados y el artículo 3 de la Convención contra la Tortura prohíbe a los estados expulsar a personas a países donde corren peligro.

“Es fundamental que la Administración reevalúe la decisión de implementar el Título 42 contra solicitantes de asilo venezolanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos una responsabilidad moral y legal para asegurar que nuestras políticas de inmigración respeten los derechos humanos y reconozcan la dignidad de todos los seres humanos en busca de refugio”, expresa parte de la carta.

El congresista de origen dominicano por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, quien cuando niño vivió ilegal en los Estados Unidos, envió una carta apoyada por otros colegas, entre ellos Nydia Velásquez, a la administración del presidente Joe Biden en la que piden derribar la barrera burocrática para liberar a venezolanos solicitantes de asilo que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México y asignar a Venezuela el Estatus de Protección Temporal.

En la misiva los colegas congresistas señalaron que se extienda la libertad condicional a los solicitantes de asilo venezolanos, ya que estos “huyen de la violencia, la inseguridad, la desnutrición, así como la falta de medicamentos y servicios esenciales” con los que aspiran obtener en este país.

El congresista Espaillat, que representa una mayoría de constituyentes inmigrantes como los dominicanos, mexicanos y de otros países, señaló en su cuenta de Twitter que la burocracia lenta mantiene a los solicitantes de asilo encerrados en centros de detención durante semanas.

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