EDITORIAL
La pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York desencadenó múltiples crisis con efectos distributivos en los vendedores ambulantes, bajo un contexto de varios años marcado por la criminalización de estos pequeños negocios que no poseen una licencia legal para operar.
Dada las importantes contribuciones económicas, culturales y sociales de los vendedores ambulantes a la ciudad de Nueva York merecen respeto y dignidad, especialmente en una ciudad que se jacta de ser un refugio para la comunidad inmigrante.
Las llamadas de los defensores de esta industria se basan en que este sector esencial del ecosistema de la ciudad representa parte del tejido social y una autonomía económica basada en el emprendimiento y la innovación de estos pequeños negocios.
Los vendedores ambulantes de los 5 condados por varios años han ayudado a resolver el desafío de la inseguridad alimentaria, especialmente durante la pandemia. Su incansable trabajo es pilar fundamental de las familias, ayudándoles a prosperar y generando importantes ingresos económicos como contribuyentes al pagar sus impuestos.
No obstante, hay un límite arbitrario desde hace décadas para los vendedores ambulantes. Una política que tiene solución a nivel estatal y local con la aprobación de legislaciones que les otorgan permisos legales para operar en las calles de la ciudad.
El sistema está fallando a miles de pequeñas empresas que están vendiendo sin los permisos o licencias correspondientes y por esa acción ajena a su voluntad, reciben por parte de la policía tratos inapropiados con penalizaciones que superan hasta los $1,000
La principal demanda de estos trabajadores es ser escuchados y no seguir cometiendo los mismos errores sistemáticos que los someten a un trato cruel y opresivo.
Es necesario que se trate a los vendedores ambulantes como pequeños negocios. Los casi 20,000 trabajadores que según el Proyecto de Vendedores Ambulantes se estima hay en Nueva York, trabajan día y noche para alimentar a sus familias y no piden nada más que legalizar este rubro al otorgarles permisos.
Se trata de equidad y justicia por parte de la gobernadora Kathy Hochul al agregar 19 millones de dólares al presupuesto y asignarlos a nuestra ciudad para dinamizar este sector económico, compuesto en su mayoría por inmigrantes indocumentados, quienes, además, sufrieron los peores embates de la pandemia.
Es de vital importancia despenalizar la venta ambulante y legalizar la industria con los proyectos de ley propuestos por los representantes estatales de Queens, la senadora Jessica Ramos y la asambleísta Jessica Gonzales-Rojas.
Ambas líderes políticas demandan que se priorice a los vendedores ambulantes al eliminar el límite de licencias que se les proporcionan y permitir que estas pequeñas empresas puedan recibir ayuda de manera urgente.
Estas legislaciones requieren, además, que los vendedores ambulantes obtengan un permiso y prevé sanciones por el incumplimiento de dichas normas.
Estos comerciantes de la ciudad de Nueva York a la que llaman su hogar y pagan impuestos, tienen la necesidad de invertir en sus negocios y recibir un trato justo, sin necesidad de estar corriéndose de la policía porque realmente no cometen ningún delito como vendedores.
No proporcionar permisos a los vendedores ambulantes elimina oportunidades de empleo, en un momento que Nueva York está tratando de salir de una pandemia.
Reconocer a este rubro como pequeñas empresas, dará la oportunidad de que estas personas puedan trabajar sin temor alguno, proveer ingresos para sus familias y poner en marcha a la economía.
La legalización no solo ayudará a los vendedores ambulantes a recuperarse del COVID-19 al encaminar su negocio en la economía formal, sino que generará millones de dólares en ingresos tanto para la ciudad como para el estado, decenas de miles de empleos y oportunidades para pequeñas empresas.
Los expertos han revelado que el estado de Nueva York podría ganar anualmente entre $25 y $33 millones en ingresos por concepto de impuestos sobre las ventas si a todos los vendedores que actualmente están en la lista de espera se les otorga una licencia de vendedor general.
Además, una asignación de solo $19 millones en el presupuesto de este año ayudaría a reparar un sistema fallido y explotador que está criminalizando a miembros valiosos de la comunidad y aspirantes a empresarios.
El objeto central al otorgar permisos a estas personas debería ser la provisión de bienestar y su dinámica económica estará orientada a sostener y reproducir la vida de las personas en condiciones de dignidad y respeto.
Estos principios de interdependencia son claves para reorientar la economía del estado de Nueva York hacia objetivos de sostenibilidad.
Como afirman los expertos, los vendedores ambulantes ayudarán a acelerar una recuperación inclusiva en Nueva York, de ahí la urgente necesidad de regular de manera efectiva a la industria, al apoyar empleos dignos que aumentarán los ingresos por impuestos sobre las ventas.
El llamado de los defensores de los vendedores es a que ambas Cámaras de la legislatura asignen $19 millones en fondos e incluyan lenguaje legislativo en otros proyectos de ley de presupuesto de una sola cámara y aboguen por su inclusión en el presupuesto estatal final para formalizar la industria de venta ambulante.