EDITORIAL

El fallo de la Corte Suprema que permite a Donald Trump eliminar el programa de parole humanitario CHNV no es solo una decisión legal. Es una declaración de principios. Y lo que esta decisión nos dice sobre el rumbo de Estados Unidos es profundamente alarmante. En lugar de proteger a quienes siguieron las reglas, el país les da la espalda. En lugar de honrar su palabra, la revoca. En lugar de ofrecer esperanza, impone miedo.

Más de medio millón de personas —hombres, mujeres, niños— confiaron en un proceso legal. Se inscribieron en un programa creado por el propio gobierno federal. Llegaron con autorización, con patrocinadores verificados, cumpliendo requisitos estrictos. Muchos huyeron del colapso institucional, de dictaduras, de violencia y pobreza extrema. Lo hicieron por la vía legal.

Y ahora, esa misma legalidad que los recibió los empuja hacia la incertidumbre.

Lo ocurrido el 30 de mayo de 2025 con este fallo histórico, lejos de representar una reafirmación del orden institucional, es una traición a la confianza ciudadana. Es la validación de que los derechos pueden ser provisionales, que las promesas del Estado no tienen valor si cambian los vientos políticos, que el inmigrante —aun el legal— está permanentemente al borde del abismo.

Lo que la Corte Suprema ha permitido es, en palabras de la abogada Karen Tumlin, “la mayor deslegalización en la historia moderna del país”. Y es difícil no coincidir.

Este programa, lejos de ser una amenaza, ha demostrado ser una herramienta funcional, sensata y humana. Disminuyó el número de cruces irregulares por la frontera. Canalizó la migración por vías seguras. Alivió la presión en los centros de detención. Y permitió que cientos de miles de personas comenzaran una nueva vida con dignidad. Personas que hoy pagan impuestos, que alquilan viviendas, que trabajan legalmente, que envían a sus hijos a la escuela.

Personas que están haciendo lo que se espera de cualquier residente legal: contribuir, integrarse, construir.

Pero la decisión del Supremo —tomada con frialdad, sin mirar a los ojos de quienes afect — ha desatado una ola de miedo que se expande rápidamente. Las escuelas reportan ausencias de niños cuyos padres temen ser detenidos. Las clínicas comunitarias han visto cancelaciones masivas de citas.

En barrios con alta densidad migrante se respira tensión, se comparten rumores, se suspenden trámites por temor. Y nuevamente, como ya ocurrió en la era Trump, las iglesias se convierten en santuarios, las ONG en refugio, y los grupos de WhatsApp en redes de emergencia.

Este país ha vivido momentos de vergüenza moral en su historia migratoria: la deportación masiva de mexicanos en los años treinta, la negativa a recibir a judíos que huían del nazismo, la separación de familias en la frontera en 2018. Cada uno de esos episodios ha sido, con el tiempo, reconocido como una mancha. Hoy, estamos cometiendo un nuevo error de dimensiones similares. Un error que no se basa en necesidad, sino en ideología.

No se basa en seguridad, sino en cálculo político.

Porque aquí no hay una crisis de seguridad. No hay una invasión. No hay una amenaza a la estabilidad nacional. Lo que hay es una narrativa fabricada, un discurso que utiliza al inmigrante como chivo expiatorio, como enemigo conveniente, como distracción frente a los verdaderos desafíos del país. Y lo más grave es que ahora ese discurso tiene el respaldo del más alto tribunal de justicia.

El daño que esta decisión causa no es solo individual. No es solo económico. Es profundamente moral. Es el mensaje que envía: que la legalidad puede ser revocable, que las vidas pueden interrumpirse por decreto, que ninguna promesa tiene peso si cambia el gobierno.

Es el recordatorio de que, en Estados Unidos, el suelo legal bajo los pies del inmigrante puede convertirse en arena movediza de la noche a la mañana.

Y lo peor está por venir. Porque con la eliminación del programa, se abre la puerta al retorno de las redadas masivas, de las detenciones arbitrarias, de las deportaciones relámpago. Ya hay reportes de que ICE se está preparando para operativos en centros de trabajo, estaciones de transporte y vecindarios. Lo vivido entre 2017 y 2020 podría repetirse —pero esta vez con más personas vulnerables y menos herramientas legales para defenderse.

Es cierto que las organizaciones legales y de derechos humanos están movilizadas. Pero también es cierto que la confianza se ha quebrado. Que la promesa básica del Estado proteger a quienes siguen las reglas— ha sido traicionada. Y esa herida no se repara fácilmente.

No podemos aceptar esto como normal. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos permitir que el miedo sustituya al principio de justicia. El país está en un cruce decisivo: puede elegir entre seguir erosionando los pilares que lo sostienen o reconstruirlos con valentía, con humanidad, con coherencia.

Porque al final, lo que está en juego no es solo la vida de medio millón de personas. Lo que está en juego es el alma misma de una nación. Y esa batalla aún no está perdida.

Fallo histórico de la Corte Suprema sacude a más de medio millón de inmigrantes