EDITORIAL
En los últimos 10 años, 5 meses o tres semanas Estados Unidos ha experimentado tiroteos masivos o puntuales, producto del incremento de la violencia armada, dejando un saldo de fallecidos que se agregan a los innumerables asesinatos perpetrados cada año.
Después de cada masacre, los legisladores en el Capitolio se reúnen para generar discusiones puntuales sobre este tema y de la urgente necesidad de reformar el sistema de control de armas.
Demócratas y republicanos siempre se culpan, y ambas Cámaras son incapaces de ponerse de acuerdo en un tema que los mismos estadounidenses han declarado como una epidemia y un problema de salud pública.
Pensar que este problema se podría resolver en los próximos meses es utópico, a pesar de que este flagelo amenaza al derecho más fundamental de todo ser humano, como lo es el derecho a la vida.
En Estados Unidos la violencia con armas de fuego es un problema contemporáneo de derechos humanos, pero que lamentablemente se ha convertido en un tema de cotidianidad, donde se ha escuchado personas decir: “eso es normal acá”, sucede tantas veces, que escuchar en las noticias sobre un tiroteo nos provoca por naturalidad lamentar las muertes, pero sin sorprendernos.
A estos hechos, también se agregan los miles de suicidios por arma de fuego que se realizan en el país anualmente, sobre todo en las comunidades predominantemente negras.
Según un estudio investigativo realizado por la organización Small Arms Survey, hay más armas que personas en Estados Unidos, hasta el 2018 habían contabilizado más de 393 millones de armas de fuego, propiedad de civiles, “o lo suficiente para que cada hombre, mujer y niño tenga un arma y aún le sobran 67 millones”.
Si es muy importante mencionar que estas cifras cambian entre cada estado, en Nueva York, por ejemplo, una de cada diez personas tiene un arma, mientras que, en Nuevo México, 5 de cada 10 personas la poseen, y esto datos obviamente “se traducen de forma inevitable” en el incremento de la violencia armada con armas de fuego.
Un análisis del aumento de la violencia armada en Estados Unidos que realizó The New York Times, muestra que la evidencia es clara, “Estados Unidos tienen más tiroteos masivos porque sus ciudadanos tienen mayor acceso a armas de fuego”.
En el estudio también se analizaron otros temas a los que se le atribuye la violencia armada y el aumento de la criminalidad como la salud mental, la diversidad racial y los videojuegos.
Este tema no se trata de competir que ciudad o estado tiene la mayor cantidad de armas o incremento en los tiroteos, sino de analizar el tipo de arma que los asesinos utilizan, la letalidad de su uso y el fácil acceso para poderla conseguir.
Algunos expertos han expresado que, para entender el debate de las armas en Estados Unidos, hay que tener claro tres conceptos esenciales sobre este país, la Constitución, la Libertad y la Identidad.
La Constitución porque la ley expresamente en la Segunda Enmienda te permite el derecho a poseer y portar un arma al decir: “siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.
La libertad es importante porque es un concepto imprescindible de la historia y del imaginario estadounidense y la identidad, porque sin ella no se entiende la profunda brecha ideológica y cultural que existe en Estados Unidos.
La discusión en el Congreso de los Estados Unidos sobre estos tres conceptos genera mucho debate y controversia, especialmente entre quienes piden mayores restricciones y control de armas, y lo que desean un país más libre “sin un gobierno que les diga lo que pueden hacer o poseer”.
En lo que va de este año se calcula que alrededor de 11,000 personas han fallecido a causa de las armas de fuego y la violencia armada, lo que ha permitido que la administración del presidente Joe Biden cree 6 acciones iniciales para abordar este tema de salud pública.
Dentro de las 6 acciones ejecutivas presentadas por el presidente Biden, pondrán mano dura a las normativas de armas de fuego casera, además, ha propuesto crear una legislación de “bandera roja” para los estados en el que se permite a las fuerzas del orden público soliciten una “orden judicial que prohíba temporalmente a las personas en crisis acceder a armas de fuego si representan un peligro para ellos mismos, o para los demás”.
Estas acciones no atacan el problema de raíz, son una mampara o una promesa de campaña desde ya inconclusa del presidente Biden, porque para erradicar este flagelo, es necesario atacar directamente a los proveedores y distribuidores de estas herramientas, que históricamente le han ocasionado mucho daño al país.
Una simple denuncia o comunicado sobre la prohibición de armas no es suficiente, necesitan las autoridades plantearse regulaciones y leyes que verdaderamente generen un cambio en la legislación.