Durante la administración Obama se deportaron 400.000 inmigrantes anualmente y un cuarto de ellos padres de niños estadounidenses, con costos financieros y sicológicos para miles de familias. Miles de niños fueron dados en adopción o internados mientras se arreglaba la situación de sus padres. Hay casi 6.000 niños en “foster care" dependiendo de la asistencia pública, con grave perjuicio económico para Estados Unidos.
Las deportaciones masivas no son algo nuevo. En los años 30 y la operación espalda mojadas en 1954 sacaron del país a cientos de inmigrantes. Hay innumerables casos de residentes legales que por crímenes menores están siendo deportados. 90% de los deportados son hombres y más del 97% son latinoamericanos.
El gran problema por un lado es el que Estados Unidos está deportando a niños y mujeres a lugares con elevada violencia, lo cual no solo es inhumano, sino que está violando tratados internacionales de asilo a víctimas de violencia. En ese sentido los lideres latinoamericanos no han hecho nada al respecto y se han limitado a apoyar las protestas de las mujeres y de los inmigrantes de los países con antecedentes de terrorismo.
No hay una propuesta propia de liderazgo latino de Nueva York en apoyo a los latinoamericanos que huyen de la violencia y a las deportaciones.
La victoria de Donald Trump no se debería representar un temor a la continuación de prácticas ya establecidas a nivel del gobierno de Estados Unidos, sino que deben manejarse argumentos contundentes. Como el impacto en los sistemas internos de los países latinoamericanos a nivel de justicia carcelaria, economía y seguridad local.
El gobierno mexicano, que no ha sido capaz de confrontar en forma efectiva el problema del crimen organizado, ni de los carteles del narcotráfico, ni de los coyotes y traficantes de personas, en lugar de cerrarse al diálogo, debe primeramente comprender que urgentemente debe desarrollar estrategias internas para crear fuentes de empleo que no dependan del exterior.
Existe una gran falla de los sistema internos de los países latinoamericanos para ofrecer protección a sus ciudadanos, sin fondos, con un liderazgo pobre, incluso complicidad de las autoridades, gobiernos corruptos y sistemas judiciales ineficientes.
Varios mandatarios latinoamericanos tienen conocimiento del sistema carcelario, como la defenestrada Presidente de Brasil, Dilma Rousseff encarcelada por el régimen militar durante tres años, en la década de los setenta al igual que la Presidente de Chile, Michelle Bachelet, encarcelada e incluso torturada por la dictadura militar. José Mujica estuvo detenido más de trece años por el régimen militar en Uruguay, uno de los países con grandes problemas carcelarios. También el padre de Rafael Correa estuvo en una cárcel de Georgia por transportación de drogas, sin embargo ninguno de esos gobiernos han desarrollado estrategias y soluciones específicas para mejorar no solo la infraestructura carcelaria, tampoco han desarrollado programas para la rehabilitación y reincorporación de los reos a la sociedad.
La violencia no solo entre reos, pero de parte del personal, manifiesta un sistema abusivo en donde las violaciones a los Derechos Humanos están a la orden del día en las cárceles latinoamericanas, que definitivamente no van a poder abastecer el ingreso de los criminales que el gobierno del Presidente Trump pretende retornar.
Los países latinoamericanos, encabezados por México, el más cercano y grande vecino de Estados Unidos, deben comenzar por reconocer las razones por las cuales sus compatriotas huyen al norte.
Latinoamérica tiene un reto histórico y está confrontada a responder dejando de exportar inmigrantes para obtener los ingresos, que ha nivel interno ha sido incapaz de generar o de administrar justa y apropiadamente sus gobiernos locales y nacionales.
Ya es hora de dejar de exportar inmigrantes, para balancear con sus remesas el presupuesto nacional, mientras el producto de la riqueza interna, generada por recursos naturales es mal distribuida entre las élites privilegiadas.
El asunto central para Latinoamérica no es meramente defender a sus connacionales y destinar recursos, para mantener a grupos que usan a los inmigrantes para generar ingresos.
El reto principal para Latinoamérica es reestructurar su sistema de justicia, reactivar su sistema económico, distribuir justamente las riquezas nacionales, combatir la impunidad, la corrupción con un buen y fuerte sistema de justicia, independiente de otros poderes del Estado. Mantener un sistema de seguridad nacional fuerte, bien pagado. Sancionar a los delincuentes y en eso Perú está tomando medidas firmes como retirarles ciertos derechos.
México y Latinoamérica debe desarrollar una forma para dejar de exportar inmigrantes a que sujeten su economía interna con remesas, buscando el empleo y las oportunidades educativas y laborales que por derecho deben obtener en la tierra que los vio nacer.
El efecto boomerang de las deportaciones está aún por verse, la mayoría de adolescentes y jóvenes criminales deportados, según estudios, siempre vuelven a intentar retornar a Estados Unidos.
En la zona del Triángulo del Norte solo el 5% de los casos por asesinato son condenados, por lo cual crece la inseguridad social. La emigración desde el triángulo del norte no llega solo a Estados Unidos, también va a México, Costa Rica, Belize y Nicaragua, donde los niveles de emigrantes solicitando asilo se incrementaron en 1.200 por ciento desde el 2008.
El problema de la emigración, la separación de familias, de la violencia, de narcotráfico, de desigualdad económica y educativa es un problema de Latinoamérica, no de Estados Unidos.
Debemos reconocer el derecho que tiene Estados Unidos a defender su soberanía y no cargar con el problema de los vecinos. Nosotros los latinoamericanos tenemos la obligación de solucionar nuestros problemas en forma efectiva, justa, urgentemente, ese es nuestro gran reto, no pelear y atacar al nuevo gobierno. Se requieren soluciones a largo plazo urgentemente!!!