Washington.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, afirmó que, durante una reunión con funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, se mostró dispuesto a luchar por una reforma migratoria integral que legalice a la población indocumentada.
"Estoy dispuesto a venir a dar testimonio ante cualquier foro defendiendo la reforma migratoria del presidente (Barack) Obama y que ya la estamos implementando en Puerto Rico", dijo García Padilla, al resumir parte del mensaje que trasladó a la Casa Blanca en su reunión de ayer.
"En temas de inmigración también estoy trabajando con la Casa Blanca. Por ejemplo, esa idea de que los inmigrantes (indocumentados) en Puerto Rico tengan acceso completo a la salud, a la educación", agregó García Padilla durante una mesa redonda con un reducido grupo de medios en español.
El gobernador y presidente del Partido Popular Democrático de Puerto Rico señaló que durante el encuentro en la Casa Blanca transmitió su mensaje de que trabajan en el mismo sentido y que él apoya la política migratoria de Obama.
El Senado de EE.UU., bajo control demócrata, aprobó el mes pasado un proyecto de ley de reforma que legaliza a los once millones de inmigrantes indocumentados que se calcula residen en el país, fortalece la seguridad en la frontera sur y moderniza el sistema de visas, entre otros elementos.
El equipo negociador de la Cámara de Representantes, bajo control republicano, prevé presentar su propia versión después del receso legislativo de agosto.
Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, con derecho al voto en elecciones federales si viven en Estados Unidos, muchos grupos se han solidarizado con los indocumentados que presionan por su legalización en este país.
García Padilla dijo que prevé promulgar pronto una ley que permitirá emitir licencias de conducir a la población indocumentada en Puerto Rico, la mayoría proveniente de República Dominicana.
El gobernador hizo esas declaraciones tras su primera comparecencia ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EE.UU., que analizó el referendo no vinculante del 6 de noviembre de 2012 para definir el estatus político de la isla.