El caso Snowden
Autoridades británicas: entre el abuso de poder
y la intimidación a la libertad de prensa
El caso Snowden ya no es solo la historia de un ex consultor tecnológico de la CIA que filtró información confidencial a los medios de comunicación y dejó en evidencia al gobierno de los Estados Unidos, en lo que se ha convertido, seguramente, en la tarea de espionaje menos secreta de todos los tiempos.
El informante, exiliado en Rusia, es el último y más claro exponente de un nuevo paradigma que atraviesa el mundo en todas sus dimensiones. La era tecnológica obliga a reestructurar las relaciones de poder, las estrategias políticas y el relato hegemónico. Otorga herramientas y recursos a los más hábiles que se mueven por fuera de las instituciones y organismos internacionales tradicionales.
Los altos mandos de la política internacional están nerviosos, sienten que pierden el control, ven debilitado su poder y cometen exabruptos. Uno de los últimos tuvo lugar en Londres donde fue detenido David Miranda, pareja del periodista que destapó el caso Snowden.
El hecho fue tan grotesco que no solo dejó en claro que los “mandamás” del planeta se sienten vulnerados y sin estrategia que pueda sacarlos de la mira en el corto plazo, sino que le muestran al mundo que el ejercicio de los derechos del ciudadano, la libertad y la democracia, son beneficios que quedan a su merced y manejan a su antojo.
El periodista Glenn Greenwald reveló, a través de una serie de reportajes, importantes programas de espionaje a cargo de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) y su novio, un brasilero de 28 años, fue detenido cuando regresaba de un viaje realizado a Alemania para ser expuesto a un largo interrogatorio.
Fue retenido por el máximo de horas que permite la controvertida ley antiterrorista de 2000. Bajo el artículo 7, se lo sometió a nueve horas de preguntas que no están asociadas al espíritu de esta ley, sino que buscaban información de otro tipo que no solo arremete contra sus derechos como persona, como sujeto jurídico, sino que es un gigantesco atentado e intimidación contra la libertad de prensa.
Esta norma fue forzada en su aplicación, puesto que era el único recurso “legal” al que podían recurrir las autoridades y significa un nuevo sismo en la política internacional, que enfurece a la opinión pública y genera, en principio, otro conflicto con Brasil luego de todas las derivaciones y excesos cometidos en materia de espionaje.
Brasil, a través de la cancillería, emitió rápidamente un comunicado: “El Gobierno brasileño manifiesta la grave preocupación por el episodio ocurrido hoy en Londres, donde un ciudadano brasileño fue retenido y mantenido incomunicado en el aeropuerto de Heathrow 9 horas” (…) "Se trata de una medida injustificable por involucrar a un individuo contra el que no pesa ninguna acusación que pueda legitimar el uso de la referida legislación [antiterrorista]".
Para el país que preside Dilma Rousseff, y para tantísimos otros gobiernos que no han emitido comunicados oficiales pero que se encuentran en alerta y preocupados, no hay forma de justificar lo sucedido.
De esta manera, el aeropuerto de Heathrow, en el Reino Unido, se convirtió en el escenario de una operación que no es un hecho aislado. Es un atropello a los derechos fundamentales que nos involucra a todos y frente al cual toda la comunidad internacional debe alzarse y repudiar.
Está claro que lo que se está jugando aquí tiene que ver con los límites, con los abusos de autoridad, con la transparencia, con el rol social y fundamental de los medios de comunicación. Esto tiene que ver con la libertad y con la democracia.