EDITORIAL

En un país que se precia de ser una democracia sólida y de garantizar el Estado de Derecho, el caso de Kilmar Ábrego García representa un fracaso institucional alarmante. La historia de este joven salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador a pesar de contar con protección legal vigente en Estados Unidos no es simplemente un "error administrativo", como ha pretendido minimizar la administración de Donald Trump.

Es un acto de negligencia estatal, una violación al debido proceso y un atentado contra los valores fundamentales de justicia y humanidad que dicen regir en esta nación.

Kilmar Ábrego no es un criminal, ni un terrorista. Es un residente legal, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de hijos nacidos en este país. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación bajo la figura de “retención de remoción” debido al peligro real que enfrentaría si regresaba a El Salvador, de donde huyó cuando era adolescente para escapar de las amenazas de pandillas. Su estatus era claro.

Su expediente, documentado. Y aun así, el 15 de marzo de 2025, fue arrancado de su familia y enviado al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad salvadoreña, donde ahora permanece detenido en condiciones que han sido calificadas por múltiples organismos como inhumanas.

Lo más grave es que esta deportación no fue producto de una confusión de identidad ni de una orden judicial anulada. Fue ejecutada en abierta desobediencia a una orden judicial federal, un hecho sin precedentes recientes en la historia legal de Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema ordenó su repatriación el pasado 10 de abril, la expectativa era clara: el gobierno debía actuar para corregir la injusticia. Sin embargo, la Casa Blanca se negó a cumplir, alegando que, al estar bajo custodia de otro país, su responsabilidad terminaba ahí.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt declaró que Ábrego es “un terrorista extranjero” y “miembro de la MS-13”, a pesar de que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Estas declaraciones, carentes de sustento legal, se usaron para justificar su entrega al gobierno salvadoreño bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de más de dos siglos diseñada para tiempos de guerra, no para aplicar en procesos migratorios de carácter civil.

El presidente Nayib Bukele, por su parte, se negó a liberarlo, a pesar de que reconoció tener el poder para hacerlo. “En El Salvador no nos gusta liberar a terroristas”, dijo, alineándose con la retórica del gobierno estadounidense. ¿El resultado? Un joven sin condena, sin proceso penal y sin acceso a justicia, recluido en una prisión militarizada en otro país por decisión conjunta de dos gobiernos que han priorizado intereses políticos y discursos de mano dura por encima del Estado de Derecho.

Este editorial no pretende ser una defensa individual, sino un llamado de atención colectiva. Lo que le sucedió a Kilmar Ábrego le puede suceder a cualquier inmigrante. Si un gobierno puede ignorar una orden judicial federal y deportar a un residente legal sin consecuencias inmediatas, ¿qué garantías tienen quienes aún esperan asilo, ajuste de estatus o simplemente una audiencia justa?

La jueza federal Paula Xinis, que lleva el caso en Maryland, ha ordenado una investigación exhaustiva y ha exigido que los funcionarios involucrados testifiquen bajo juramento. Su firmeza judicial representa un último bastión de institucionalidad frente a un Ejecutivo que ha mostrado desprecio por las normas básicas del sistema legal. Xinis dejó en claro que no tolerará evasivas ni demoras: “No se ha hecho nada”, dijo contundente durante la audiencia. Esa frase resuena como un juicio moral a toda la estructura gubernamental que ha permitido esta aberración.

Pero en medio de esta tormenta legal, la figura de Jennifer Vásquez, esposa de Kilmar, se levanta como símbolo de resistencia. Sin ser abogada, sin ser política, sin más armas que su voz, ha recorrido cada rincón del sistema para exigir el regreso de su esposo. Su clamor —“No pararé hasta verlo con vida”— representa no solo el amor de una familia rota, sino la dignidad de toda una comunidad que ha sido históricamente marginada, criminalizada y silenciada.

El caso Kilmar Ábrego es un espejo incómodo para Estados Unidos. Refleja el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el uso excesivo de poderes ejecutivos y la facilidad con la que se pueden pisotear los derechos de quienes no tienen voz política. No se trata solo de corregir un error, sino de restaurar la confianza en la justicia, de reafirmar que ni siquiera el presidente puede estar por encima de la ley.

Este país no puede proclamarse defensor de la libertad y los derechos humanos mientras permite que sus instituciones ignoren fallos judiciales y cooperen con gobiernos extranjeros para encarcelar a quienes la ley protege. La repatriación inmediata de Kilmar Ábrego no es solo una obligación legal. Es un imperativo moral.

​Kilmar Ábrego García: El caso que conmociona a la comunidad migrante