Por primera vez en la historia de Ecuador su presidente constitucional decretó la Muerte Cruzada y disolvió a la Asamblea Nacional, por ello los ecuatorianos en el exterior también deberán volver a elegir al presidente y a sus representantes ante la nueva legislatura en agosto de 2023.
ANTECEDENTES
Después de catorce años de correísmo, Guillermo Lasso ganó democráticamente las elecciones para gobernar Ecuador desde mayo de 2021 hasta mayo de 2025. Desde que asumió funciones, hubo varios intentos de la oposición, concentrada mediante alianzas en la Asamblea Nacional órgano legislativo de Ecuador, para sacarlo del poder.
La oposición a Lasso en la Asamblea la conformaba el Movimiento Revolución Ciudadana y su fracción UNES, los dos de índole correista; el derechista Partido Socialcristiano y el indigenista Partido Pachakutik, quienes fundamentándose en publicaciones periodísticas, sobre los llamados Papeles de Pandora, que en unas listas de supuestos beneficiarios de empresas fantasma, incluían al presidente Lasso, quien aparecía en transacciones que el gobernante hizo, mucho antes de ser presidente y en ejercicio de sus actividades en la empresa privada.
La Asamblea finalmente se fundamentó en un reportaje periodístico titulado El Gran Padrino, publicado por un portal de noticias amarillistas, que detallaba una supuesta trama de corrupción dentro de las empresas públicas en torno a Danilo Carrera, cuñado del presidente, quien no ha ocupado ningún cargo en la administración de Lasso.
Desde el inicio del gobierno de Lasso, la Asamblea Nacional, planteó numerosos juicios políticos a ministros, secretarios de Estado y autoridades de control; tramitó catorce juicios políticos y planteó cinco juicios políticos a ministros. Solicitó 1.300 pedidos de información a diferentes ministerios.
PUGNA DE PODERES
Finalmente la Asamblea logró llevar a juicio político al presidente, argumentando además una supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo FLOPEC. La Asamblea Nacional consideró que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, el cual fue firmado años antes de que Lasso asumiera el cargo. El presidente se presentó en la Asamblea Nacional y negó que estuviera involucrado en el delito que se le atribuía, incluso aseguró que en 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue ese caso.
La oposición culpa a Lasso de la inseguridad y violencia en Ecuador, la cuales son resultado de acciones tomadas durante el mandato de Rafael Correa, quien entre otros, permitió el ingreso de extranjero a Ecuador sin visa ni ningún control, desde entonces grupos delincuenciales internacionales se instalaron en ese país, lo que ha resultado en una creciente ola de violencia e inseguridad, que a su vez ha provocado una masiva emigración de ecuatorianos de los estratos populares, hacia Estados Unidos y otros lugares.
La masiva emigración de ecuatorianos se debe a la violencia e inseguridad y no a un problema económico, ya que como demuestran las cifras, durante la presidencia de Lasso, Ecuador ha logrado la reducción del déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares; en diciembre de 2022, Ecuador tenía una inflación de 3,7 % y para 2023 espera que sea la más baja con 1,4 % y un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 3 %, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La baja de la popularidad del gobierno de Lasso se debe en gran parte a que varios funcionarios, asesores y aliados del correísmo se quedaron dentro de su administración, al igual que empleados del servicio exterior que no son funcionarios de carrera diplomática, pero que son parte del sistema logístico de los procesos electorales.
ATAQUES A LA FISCAL
A los intentos de destitución del presidente también la oposición, liderada por Correa y sus aliados estratégicos, ha desplegado varios ataques contra la Fiscal General, Diana Salazar, quien encabezó las investigaciones que determinaron la sentencia de la Corte de Justicia, en la que fueron ajusticiados por varios cargos el propio Rafael Correa y dieciocho de sus funcionarios, varios de los cuales también se encuentran prófugos en Argentina, Venezuela y México.
Correa, cuyo mandato se extendió de 2007 a 2017 fue sentenciado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador a ocho años de prisión y un reembolso millonario por el caso "Sobornos 2012-2016", cuando se confirmó su participación en una red de sobornos que implicaba haber recibido aportes indebidos para la financiación de su movimiento político, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general Diana Salazar escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el tribunal ratificó la sentencia en contra de dieciocho sentenciados.
Correa, socio estratégico del castrismo, chavismo, kirchnerismo del gobierno nicaragüense de los esposos Ortega, actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, en donde se radicó cuando dejó la presidencia en manos de su vicepresidente Lenin Moreno y desde donde comanda a una bien organizada red de seguidores en varios países, particularmente establecida en Nueva York.
El Consejo de la Judicatura, al igual que el Consejo de Participacion Ciudadana, entidades creadas por el correato, también ejercen presión para destituir a la Fiscal Salazar, quien realiza investigaciones a tres vocales del Consejo de la Judicatura: Fausto Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz. Además, el mismo 30 de mayo, se sumó a los ataques contra la fiscal el Consejo de Participación Ciudadana, que emitió un comunicado para anunciar que solicitará a la Judicatura que informe si ya designaron fiscal subrogante. Por su parte la Fiscal Salazar ratificó que ese organismo no tiene las facultades y que ella no está sujeta al régimen disciplinario de esa institución. El titular del Consejo de Participacion Ciudadana fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso contra diario El Universo.
Una de las organizaciones que pide la comparecencia de Salazar es Acción Jurídica Popular, representada por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual.
ASAMBLEA IMPOPULAR
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Ecuador. Es un parlamento unicameral formado por 137 asambleístas, que según varias encuestas ha sido totalmente impopular y sus funcionarios han estado envueltos en varios escándalos.
En el caso de los representantes de los ecuatorianos en el exterior, la asambleísta electa por el partido correista UNES, en su cuenta de Facebook publicó su foto con el ahora prófugo ex presidente Correa, prometiéndole que durante su función en la asamblea se enfocará en lograr que se desestimen los cargos por los que fue sancionado, pero no ha presentado ningún proyecto de ley en beneficio de quienes la eligieron. Varios ex funcionarios consulares de Ecuador en Estados Unidos han buscado curules en la Asamblea por el partido UNES, que es el nuevo brazo político de Rafael Correa.
DECRETO DE MUERTE CRUZADA
El 17 de mayo de 2023, el presidente Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 741, aplicando la Muerte Cruzada, disolviendo la Asamblea y solicitando al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones generales.
El decreto 741 explica entre otros que: “El artículo 148 de la Constitución fue diseñado como una medida excepcional para superar graves crisis políticas y de conmoción interna, originadas por la pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, por lo que se cambió la figura de la revocatoria del mandato a través de consulta popular, por la de disolución de la Asamblea Nacional”.
También explica que: “La Asamblea creó circunstancias de inestabilidad administrativa, demostrando un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado prevista en la Constitución”. El presidente del Ecuador confirmó que tomó la medida para diluir los obstáculos planteados en el legislativo al ejercicio del poder ejecutivo.
¿Qué es la muerte cruzada?
Es un recurso constitucional para disolver los poderes representativos del Estado ecuatoriano, que consiste en la facultad del presidente y de la Asamblea Nacional, para interrumpir un periodo de funciones y convocar a elecciones generales para la reposición de sus cargos. Es la primera vez en la historia de Ecuador que un presidente aplica este recurso, el cual puede ser utilizado una sola vez, durante los tres primeros años del mandato.
La denominación de “muerte cruzada” viene dada por una característica fundamental
de este mecanismo democratico, esto es que, al destituir a quienes conforman la otra Función del Estado, quien aplicó la destitución pone a disposición de la ciudadanía su propio cargo, es decir, se convoca a elecciones para renovar el cargo de la función cesada, pero también de quien solicita la destitución.
Este mecanismo constitucional se incorporó en la Constitución de 2008, elaborada a partir de la reforma política convocada por Rafael Correa, cuyo partido, el Movimiento Alianza País, consiguió 79 de 130 escaños o el 61%, con lo cual esa constitución, actualmente vigente en Ecuador, puede considerarse de cuño correísta.
La muerte cruzada, si bien interrumpe el ejercicio de los cargos, no implica alteración del período en sí. Quienes resulten electos, no iniciarán un nuevo período de cuatro años, sino que completarán el período ya iniciado. Los asambleístas y el presidente que sean electos en el nuevo proceso electoral, finalizarán sus funciones el 23 de mayo del año 2025.
¿Cuándo serán las elecciones?
El Consejo Nacional Electoral, mediante decreto aprobó el inicio del periodo electoral, a partir del 18 de mayo de 2023, para elegir presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Nacional, incluidos dos representantes de los ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá. Quienes sean elegidos permanecerán en sus cargos hasta 2025, año en que están previstas las próximas elecciones regulares en Ecuador.
Iniciaron ya las inscripciones de candidatos, el debate presidencial oficial se realizará el domingo 13 de agosto. Las elecciones generales se realizarán el domingo 20 de agosto de 2023. De haber empate la segunda vuelta se realizaria el domingo 15 de octubre.
¿Quiénes son los candidatos?
Uno de los primeros en presentar su candidatura fue el laureado periodista Fernando Villavicencio, ex asambleísta, cuyas investigaciones han promovido una lucha feroz contra la corrupción en Ecuador, al igual que el ex presidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner. También presentó recientemente su candidatura el magnate bananero Alvaro Noboa y antes que él su hijo Daniel Noboa.
Por el movimiento indigena han presentado candidaturas Yaku Perez y Leonidas Iza, quien se opuso ferozmente a la muerte cruzada y por el Partido Social Cristiano el empresario Jan Topic.
Impacto Latino mantendrá informada a la comunidad sobre los avances en el proceso electoral.
Para más información sobre el proceso electoral en Ecuador para el 2023 revise: Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 - Consejo Nacional Electoral - Construyendo Democracia - Ecuador (cne.gob.ec)