EDITORIAL
Dylan, un joven venezolano de 20 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York el pasado 21 de mayo. ¿Su delito? Haber acudido, de manera voluntaria y sin abogado, a una cita rutinaria en un tribunal de inmigración.
Lo que debía ser un paso dentro del proceso legal se convirtió en una emboscada. Agentes vestidos de civil lo siguieron tras salir del tribunal y lo arrestaron sin previo aviso. Desde entonces, ha sido trasladado de centro en centro de detención y su familia vive en un estado de angustia permanente.
Este no es un hecho aislado. Cada vez más, ICE está utilizando citas legales, oficinas migratorias, escuelas e incluso hospitales como escenarios de captura. Las personas que intentan regularizar su estatus —que hacen lo correcto, que creen en el sistema— están siendo castigadas por seguir las reglas. Es una práctica profundamente deshonesta, una contradicción a los valores legales y morales que supuestamente definen a Estados Unidos.
Lo que sucedió con Dylan, estudiante de un instituto público en El Bronx, representa un quiebre grave en la relación entre las comunidades migrantes y las instituciones. La narrativa oficial, repetida por políticos de todos los partidos, ha sido clara durante años: “Si sigues el proceso legal, estarás protegido.” Esa narrativa ha sido esencial para sostener la frágil esperanza de millones de personas que buscan una vida mejor bajo las reglas del país.
Pero cuando las autoridades federales convierten ese mismo proceso en una trampa, lo que se erosiona no es solo la confianza. Se derrumba por completo la legitimidad del sistema.
¿Cómo se puede hablar de “respeto a la ley” cuando comparecer ante un juez o cumplir con una cita en USCIS puede llevarte directo a una celda? ¿Qué le dice eso a los jóvenes migrantes que estudian, trabajan y contribuyen a sus comunidades?
Dylan no es una amenaza. Es un joven trabajador, sin antecedentes penales, que estudia inglés y cuida de sus hermanas pequeñas. Representa la historia de miles de inmigrantes que están haciendo su parte para salir adelante. Su detención, además de injusta, es un mensaje aterrador: en el Estados Unidos de hoy, cumplir con la ley no te protege; te expone.
Y no se trata de una exageración. Casos como el de Dylan se repiten en todo el país. Una madre hondureña fue detenida en Texas tras llevar documentos para su hijo ciudadano. Un joven guatemalteco fue arrestado al salir de una corte de familia en Florida. Migrantes en California han sido detenidos en estaciones de tren camino a citas migratorias. El patrón es claro: ICE no está persiguiendo delincuentes, está emboscando a personas que se presentan voluntariamente, personas que no se esconden, que cooperan, que creen en el proceso.
Estas detenciones están generando miedo, retraimiento y un efecto paralizante en las comunidades. Muchas personas ahora dudan si deben presentarse a sus audiencias. Algunas ya no van a clases.
Otras evitan hospitales o estaciones de policía. Todo lo que implique contacto con una institución pública representa un riesgo. Se ha sembrado una desconfianza tan profunda que amenaza con aislar por completo a millones de personas del sistema del que dependen para sobrevivir.
Mientras tanto, las autoridades locales intentan desmarcarse. El alcalde Eric Adams, al ser consultado sobre el caso de Dylan, señaló simplemente que la detención “no ocurrió en una escuela” y que la ciudad “no se coordina con ICE”. Esa respuesta, aunque políticamente segura, es moralmente insuficiente. En lugar de liderar una defensa activa de los inmigrantes, muchos funcionarios optan por el silencio, la neutralidad o la evasión.
Lo más preocupante de este escenario es que estas prácticas no ocurren en la sombra de una administración radical. Están ocurriendo ahora, bajo un gobierno que prometió restaurar la humanidad en las políticas migratorias. Pero los hechos hablan más fuerte que los discursos, y la comunidad migrante lo sabe. La promesa de una migración “justa y compasiva” pierde fuerza cuando ICE sigue operando con impunidad, y cuando cada cita legal se transforma en una posible condena.
A pesar de todo, las comunidades están respondiendo. Cientos de estudiantes salieron a protestar en Union Square en defensa de Dylan. Organizaciones legales y de derechos civiles están movilizando recursos para detener estos abusos. Y los propios inmigrantes están aprendiendo a documentar, resistir y protegerse mutuamente.
Pero no debería recaer en los más vulnerables la responsabilidad de frenar un aparato estatal que actúa con arbitrariedad. Es el Estado quien debe rendir cuentas. Y es la sociedad en su conjunto la que debe preguntarse: ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Uno que castiga a los que hacen las cosas bien, o uno que protege a quienes confían en la justicia?
La detención de Dylan es una herida abierta. Es el reflejo de un sistema roto que necesita ser reformado con urgencia. Y es, sobre todo, una advertencia: si no alzamos la voz ahora, mañana puede ser demasiado tarde.