Por Constanza Roncati
“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en
el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.”
Esta fue la manera en la que Emilio Palacio, ex jefe de opinión del diario ecuatoriano El Universo, eligió para hacerle
frente a un Presidente como Rafael Correa que tiene una historia conflictiva y conocida con los medios masivos de comunicación.
Llamó nueve veces “dictador” al Presidente ecuatoriano en su columna “No a las mentiras” del 6 de febrero de 2011 y dejó
delineadas las bases para una nueva batalla contra la libertad de expresión.
La polémica columna de opinión se refería a la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de
septiembre de 2010, en la huelga nacional policial contra la ley de servicio público en dónde Correa acudió para hacerles entender que no habría marcha atrás. Al salir lastimado fue llevado al hospital de policías donde se dijo que, aparentemente, “estuvo varias horas secuestrado”. Lo curioso es que nadie le pidió al presidente ecuatoriano que se acerque a solucionar la revuelta, sino que, “la pésima idea de ir al Regimiento Quito e ingresar a la fuerza fue suya”, reflexiona Palacio en su columna.
Como es de público conocimiento, el 20 de julio pasado, luego de tan solo 24 horas el juez Juan Paredes redactó una sentencia: decretó 3 años
de prisión para los directivos de El Universo- los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez- y para Palacio, además de una indemnización de 40 millones de dólares.
Luego de que el 21 de septiembre de 2011 los miembros del tribunal Hellen Mantilla y Henry Morán rechazaran la apelación
presentada por los directivos del diario, Nicolás Pérez se mostró preocupado por algo más que la continuidad de El Universo: “Ahora no solo queremos salvar al medio, sino que nos preocupa el precedente y ambiente de autocensura en el país.
Entonces, todos habremos perdido”.
Ecuador está en manos de un presidente que desde su llegada no hizo más que reformar: Ministerios, Ley de Comunicación, la
Constitución.
La Consulta Popular del 7 de mayo, en dónde según los medios opositores se buscó crear un consejo regulador para controlar
los contenidos de la televisión, la radio y los medios impresos, es otro claro ejemplo de la relación de Correa con determinados medios de comunicación.
Ahora bien, podríamos comparar este caso con otros, y dilucidar si es coherente con la lógica histórica legal de aquel país,
el hecho de que se pidan 3 años de prisión y 40 millones de dólares para indemnizar al primer mandatario.
En primer lugar, encontramos el caso de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, quienes fueron torturados y desaparecidos por efectivos policiales en 1998: el Estado reconoció su responsabilidad y dispuso el pago de una indemnización de 2 millones de dólares por cada víctima.
Por otro lado, en ese mismo año, el Estado ecuatoriano también reconoció su responsabilidad por la detención ilegal, tortura y asesinato de la profesora Consuelo Benavides en 1985 y la indemnización fue de 1 millón de dólares.
¿Un crimen de lesa humanidad vale tanto menos que una injuria a un presidente?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GALI (Grupo Andino para las Libertades Informativas) y la Asociación de Entidades Periodísticas dieron muestra de apoyo al periódico y alertaron sobre los riesgos que esto podría significar para un libre ejercicio
de la libertad de prensa.
Rafael Correa, en reiteradas oportunidades, calificó a cierto sector de la prensa de “mediocre, incompetente, inexacta, mentirosa” y “parte de la estructura de la corrupción y el desastre nacional”.
Esta situación lleva a reflexionar sobre la importancia del caso. El solo hecho de haber demandado a un medio, más allá de
la sentencia, del resultado, es una eficaz manera de alertar a la prensa, la radio y la televisión respecto a lo que “conviene” o no decir.