Aunque faltan cinco meses para elegir al nuevo Presidente de la República de Chile, el ambiente electoral se siente. Este 18 de julio se desarrollarán elecciones primarias, en donde la ciudadanía elegirá a los aspirantes que competirán en diciembre por el sillón presidencial.
Desde un escenario fracturado en su estructura política, con una profunda crisis institucional por la forma en que se ha ejercido la democracia, Chile está rediseñando su cultura, redefiniendo su contrato social.
Después de años de grandes decepciones y desigualdades que, a partir de octubre del 2019 estallaron desde todos los sectores sociales, los chilenos y chilenas comienzan a elegir a sus gobernantes de manera más prolija.
Chile arrastra un sin número de promesas incumplidas post dictadura; juicio a violadores de Derechos Humanos, cambio de Constitución, fin a las Administradoras de Fondos de Pensiones, mejoramiento del sistema de salud, de transporte, de educación, fin a la delincuencia, y otros cientos de proposiciones que jamás se hicieron efectivas.
Gobiernos demócratas, socialistas, PPD, de derecha, todos con un mismo lenguaje; palabras, tan solo palabras, en los temas fundamentales para la sociedad chilena. De hecho, de las 256 promesas legislativas del actual gobierno de Sebastián Piñera, solo 32 de ellas se cumplieron, por el contrario, 125 tuvieron avance cero.
Es por eso que, hoy más que nunca, los programas de gobierno que presenten los candidatos van a adquirir un papel preponderante para tomar una decisión.
Daniel Jadue, candidato presidencial del Partido Comunista de Chile, con un 18% de las preferencias, alcanza la puntuación más alta de todos los demás que compiten por ser la máxima autoridad. En su proyecto gubernamental, aspira a “transformar Chile, recuperar la dignidad y mejorar la vida”.
El candidato de izquierda plantea transformaciones desde lo económico y social; el término de las Administradoras de Fondos de Pensiones, fortalecimiento de la educación pública (y la provisión privada sin fondos públicos), una reforma tributaria, impuesto a los “súper ricos”, reducción de la jornada laboral (considerando el tiempo como derecho fundamental), la legalización de la marihuana y refundación de Carabineros.
Propuestas poderosamente convincentes para la mayoría del pueblo de Chile.
Sin duda, la visión de un nuevo país más equitativo.
No obstante, entre los temas que generan mayor controversia está la propuesta sobre la instalación de un “consejo ciudadano” que fiscalice la objetividad de los medios de comunicación y pueda revocar concesiones a quienes se aparten de esa línea.
El Consejo, según Jadue, estaría conformado “por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”.
Existe una realidad. El mercado de los medios de comunicación chileno está concentrado, o sea, genera conflictos de interés entre los propietarios y el derecho a la información de los ciudadanos a los que deben servir. No hay duda de que los grandes grupos económicos son los propietarios de los medios.
Jadue ha planteado una ley que exija que los medios sean “objetivos”.
Pero, ¿quién define qué medio cumple con esos estándares de “objetividad” para el gobierno ?, ¿cómo establecer y delimitar esa “objetividad” ?, ¿quién la delimita y bajo qué razonamientos?
¿Cómo considerar “objetivo” un ente burocrático dominado por un sector político? ¿Se trata de ciudadanos elegidos por la mayoría para silenciar las voces de la minoría?
A través del proyecto de “objetividad” de los medios de comunicación, se intenta dar un remedio que puede terminar siendo peor que la enfermedad.
Si hoy existiera en Chile un consejo como el que propone Jadue, Piñera podría ordenar quitar la concesión de un canal de televisión, por ejemplo, si es que, según ciertos criterios políticos (o delimitado por ciertas personas), se considera poco “objetivo”.
¿Es una discusión filosófica, conceptual, de puntos de vista? Si tiene relación con cualquiera de los tres, ¿qué lógicas (partidistas) están involucradas?
Como primera premisa, la objetividad pura no existe. Cada acción que el ser humano realice o piense, individual o colectivamente, llevará una impronta, una experiencia, un pensamiento, una forma, una dirección.
Quienes apoyan la propuesta de Jadue, ¿estarían de acuerdo si ese “Consejo ciudadano” fuera dominado por la derecha? Tal vez primaría la antigua y obsoleta discusión de “los buenos” y “los malos”.
Es un deber de la prensa incomodar al poder, tanto político como económico, para ello, debe contar con independencia que propenda a la crítica y lo relevante, porque cuando se trata del derecho a la información, el fin no justifica los medios.
La discusión es más profunda y sale de los límites de la “verdad” y lo “falso”, para orientarse hacia la pluralidad de voces y visiones, abordadas desde la reflexión y la crítica.
Porque conflictos de interés existen de todos los colores, tamaños y sectores políticos, cada uno con sus propios argumentos. Siempre aparecerán “árbitros” de la objetividad que pueden amenazar la libertad de expresión.
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