La “ciudadanía por derecho de nacimiento” es un tema que tiene grandes implicaciones constitucionales. La Sección 1 de la Enmienda 14 establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen.
Ningún estado deberá crear o hacer cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección legal equitativa”.
Pero una orden ejecutiva que pronto será emitida por nuestro presidente pudiera poner un límite a la ciudadanía de los Estados Unidos por nacimiento. Si este fuera el caso, esa Orden Ejecutiva tendría que incuestionablemente ser revisada en los tribunales.
Algunos consideran razonable negar la ciudadanía a los hijos de quienes vienen a los Estados Unidos solo para dar a luz. En nuestra propia diócesis hace varias semanas, fuimos testigos del desafortunado ataque a varios bebés chinos en Flushing, cuyas madres viajaron para que sus hijos nacieran en los Estados Unidos en las llamadas "casas de parto".
Este es un asunto que merece ser enfrentado, sin embargo, quizás no de esta manera radical. Porque una vez que eliminemos esa Enmienda de nuestra Constitución, el hecho es que a cualquier persona, incluso a los hijos de inmigrantes legales, se les pudiera negar el derecho de ciudadanía por nacimiento.
Otro argumento antiinmigrante que ha puesto en curso nuestro gobierno es la propuesta de norma sobre la carga pública. El término "carga pública" aparece por primera vez en la Ley de Inmigración de 1882, refiriéndose específicamente a cualquier "persona que no pueda cuidarse a sí misma sin convertirse en una carga pública".
Desafortunadamente, la nueva interpretación de "carga pública" va bastante más allá de su intención original porque ahora cualquier inmigrante legal en los Estados Unidos que acepte asistencia pública en dinero efectivo, o que sea institucionalizado a expensas del gobierno, no podrá solicitar la ciudadanía. Esto también es válido para los hijos de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos legalmente.
Parece que acceder al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), los programas de vales de subsidio para la Vivienda de Sección 8 y el Medicaid que no es de emergencia, así como la asistencia de alquiler basada en proyectos habitacionales del Departamento de Vivienda, serían motivo para negar la ciudadanía a residentes permanentes. También se está discutiendo agregar el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) dentro de esta lista.
Debemos entender que las familias inmigrantes vienen a nuestro país a trabajar, no a recolectar beneficios sociales. Algunos, desafortunadamente, tienen que acceder a estos beneficios en momentos de necesidad. Actualmente ya es casi imposible para las personas indocumentadas recibir cualquiera de estos beneficios.
Debemos apoyar los derechos humanos fundamentales y rechazar las iniciativas populistas que son incompatibles con los valores del Evangelio. Esto debería inspirar nuestra participación en la vida y el discurso político. Necesitamos entender nuestras opciones fundamentales cuando elegimos a nuestros funcionarios públicos, quienes deberían defender la vida en todas las etapas de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural. No podemos escoger a nuestro antojo qué asuntos vitales vamos a apoyar. Todos son importantes. No podemos negociar uno por otro.
Nicholas DiMarzio es obispo de la Diócesis de Brooklyn y Queens