La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) concluyó hoy que la multa impuesta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por alegado incumplimiento con los protocolos de hostigamiento sexual y violencia machista contra un extitular, no proceden por errores procesales.
Según alegó hoy en un comunicado de prensa la OPM, por un error suyo en la investigación inicial, no le remitió el Informe de Investigación con la Orden para Mostrar Causa suscrita el 26 de junio de 2018 a la CTPR, aunque lo hizo posterior a que los hallazgos se hicieran públicos en conferencia de prensa.
Además, del propio Informe de Investigación que llevó a cabo la OPM, la CTPR no recibió querellas relacionadas a la conducta de hostigamiento sexual en el año 2017 y tampoco hasta el 19 de enero de 2018, razón por la cual no activó el protocolo de hostigamiento sexual contra su extitular, José Izquierdo III.
De igual forma, surge del expediente del caso, evidencia sometida por CTPR que muestra el cumplimiento con la política pública en contra del hostigamiento sexual y la implementación de un procedimiento para atender cualquier queja o situación de hostigamiento sexual en el empleo dentro de la agencia.
Y, cuando se le refirió el informe a la CTPR ésta tuvo la oportunidad de presentar evidencia que sustentara su posición sobre los hechos alegados en el mismo.
De igual forma, la CTPR alegó no tener copia del Informe de Investigación emitido el 26 de junio por la OPM, por lo que se le estaba violando el debido proceso de ley.
La resolución indica además que Izquierdo tampoco fue citado por la OPM como parte del proceso investigativo, ni tuvo oportunidad de contestar alegaciones, aunque sí fueron citados ejecutivos de Departamento de Desarrollo Económico y el principal asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico.
Asimismo, el protocolo de la CTPR requiere la formalización de una querella ya sea verbal o escrita, pero esto nunca ocurrió, por lo que no existió el incumplimiento.
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No obstante, la OPM le ordena al CTPR que enmiende ese protocolo de manera prospectiva en un término no mayor de 60 días, por considerar que ese requisito puede ser más flexible.
Igualmente, la OPM, dirigida por Lersy Boria, le ordenó revisar su Plan de Acción Correctiva para implantar mejoras a las políticas y protocolos de hostigamiento sexual en el empleo, así como de violencia machista.
"La OPM tiene el más alto interés de cumplir con su misión. Y en este caso, que dispone que todo patrono tiene el deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y deberá exponer claramente su política contra hostigamiento sexual ante sus supervisores y empleados y garantizará que puedan trabajar con seguridad y dignidad", dijo Boria, por su parte.
"Cumpliendo así, con la obligación que se le impone al patrono de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo, y tomando las medidas necesarias o convenientes para este propósito", enfatizó.
Surge de la evidencia presentada por la CTPR que, al Carla Campos asumir la posición de directora ejecutiva interina, posterior a la renuncia de Izquierdo, tomó medidas adicionales en cumplimiento con la Ley Núm. 17 de 1988.
Entre éstas, instruyó al director de Recursos Humanos a llevar a cabo una serie de medidas para asegurarse que se estaba dando fiel cumplimiento a la política contra el hostigamiento sexual, incluyendo la revisión de los protocolos para este tipo de casos, así como ofrecer talleres por la OPM sobre el tema.
Además, Campos le envió una comunicación a la procuradora interina de la OPM el 11 de enero de 2018 para solicitar asistencia técnica en la revisión de la política contra el hostigamiento sexual y talleres sobre el tema para los empleados de la CTPR. EFE