A medida que nuestro país se acerca a la aprobación de una reforma migratoria, el estado de Nueva York debe honrar su reputación progresista y aprobar legislación que protegerá a millones de inmigrantes contra los inescrupulosos proveedores de servicios de inmigración, incluyendo a los más de 750,000 inmigrantes indocumentados que viven en nuestro estado.
Durante décadas, los inmigrantes que buscan ayuda legal para tramitar la ciudadanía han sido estafados por personas y grupos que toman sus ahorros de toda la vida y no cumplen con proveerles la ayuda que les prometen. En el 2012, y nuevamente este año, la Asamblea aprobó mi propuesta, Aplicación de Servicios de Ayuda para Inmigrantes (A.158/S.0786). El Senado estatal ha fracasado en permitir el progreso de esta importante legislación la cual protege al consumidor y es a favor de los inmigrantes, evitando que la ley propuesta llegue al Gobernador para que la firme. Esta propuesta para detener el fraude en los servicios que se proveen a los inmigrantes es necesaria antes de que las puertas se abran a los indocumentados que buscan solicitar el estatus propuesto de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés).
Y es aquí donde los proveedores fraudulentos de servicios de inmigración verán su oportunidad para enriquecerse al poner en su mirilla a esos inmigrantes. A más de 11 millones de inmigrantes indocumentados se les requerirá presentar un sinnúmero de documentos al gobierno federal para calificar para el estatus de Inmigrante Provisional Registrado, que es un prerrequisito para obtener la ciudadanía americana. Los inmigrantes legales e indocumentados correrán a buscar ayuda para cumplir con los requisitos de la reforma migratoria federal que se espera sea convertida en ley pronto.
En el 2011, la ciudad de Nueva York y la Comisión Federal de Comercio inspeccionaron a 228 proveedores de servicios a inmigrantes para detectar acciones fraudulentas y encontraron 134 violaciones de la ley y emitieron un total de $288,000 en multas. Pero el sistema actual para detener el fraude es insuficiente y muy costoso para los inmigrantes que son víctimas de este tipo de delito. Es por eso que mi propuesta es necesaria, ya que exigiría que los proveedores legítimos de servicios de inmigración se registren y reciban una certificación del estado. Los inmigrantes que buscan este tipo de servicios sabrán que las personas que no tienen certificación y no se han registrado con el estado de Nueva York no están calificadas para ayudarlos con sus asuntos de inmigración. Mi propuesta también aumenta las multas sustancialmente para desalentar el fraude.
Nuestro país está en medio de una reforma migratoria necesaria desde hace mucho tiempo. La última década ha sido testigo de la que podría ser la época más anti-inmigrante en la historia de los Estados Unidos: miles de familias destrozadas, violaciones a los derech0s civiles a gran escala e intentos sistemáticos para estigmatizar a comunidades enteras. Necesitamos asegurar que el nuevo y complicado camino hacia la ciudadanía no sea desviado por proveedores fraudulentos de servicios de inmigración.
Marcos A. Crepo Miembro de la Asamblea Distrito 85 del Bronx