El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció que la Asamblea aprobó un paquete integral de legislación destinado a detener la trata de personas en todo el estado y apoyar a las víctimas de la violencia doméstica y otros delitos.
“La mayoría de la Asamblea reconoce que el crimen no solo toca las vidas de las víctimas, sino también la de sus familias y comunidades”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Por eso estamos comprometidos a garantizar que todos los afectados tengan las protecciones, recursos, servicios y el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas”.
Protecciones de Vivienda
El paquete legislativo incluye una medida que establecería el derecho de un inquilino de solicitar asistencia policial u otra asistencia de emergencia sin temor a perder su vivienda como resultado de las acciones del propietario o leyes locales alteración del orden público (A.2919, Lavine). A menudo las leyes locales de alteración del orden público se implementan para abordar delitos relacionados con drogas, armas, desorden público y daños a la propiedad, y para garantizar el disfrute tranquilo de los miembros de la comunidad. Sin embargo, estas leyes pueden activarse si la policía o los servicios de emergencia brindan ayuda o son llamados varias veces a una propiedad. Esta legislación busca evitar que estas ordenanzas provoquen que las víctimas, a menudo mujeres y sus hijos, sean desalojadas de sus hogares por requerir ayuda de emergencia.
Concientización Sobre la Trata de Personas y Apoyo a las Víctimas
Otras medidas aprobadas hoy ayudarían a proteger y apoyar a las víctimas de la trata de personas y educarían a las empresas y a las personas en cuanto a formas de reconocer los signos de la trata de personas.
Frecuentemente, las víctimas de la explotación sexual son tratadas como delincuentes y acusadas de delitos como merodear por los alrededores de algún lugar o prostitución. La legislación de hoy garantizaría que las víctimas del tráfico sexual no estén obligadas a proporcionar muestras de ADN para ser incluidas en la base de datos del estado para su identificación criminal (A.1030, Paulin). Otra medida abordaría la necesidad de que las víctimas del tráfico sexual se aseguren de que se las ubique en viviendas a corto y largo plazo asegurando su pronta elegibilidad (A.3223-A, Lentol). Estas residencias ofrecen servicios tan necesarios, como asesoría, que a menudo ayudan a los sobrevivientes a regresar a la comunidad.
La trata de personas es un delito oculto, y el primer paso para combatirlo es identificar a las víctimas para que puedan ser rescatadas y llevar a los responsables ante la justicia. Es bien conocido que las redes de tráfico humano a menudo dependen de negocios legítimos, como los hoteles, para mantener sus operaciones ilegales.
En un esfuerzo por capacitar a las personas para reconocer mejor el tráfico sexual, el paquete legislativo de hoy incluye una medida que establecería programas uniformes de capacitación para reconocer los casos de trata de personas y exigiría que todos los empleados de las instalaciones comerciales de juegos de casino sean capacitados (A.7034, Titone). Otra propuesta de ley obligaría a cada instalación de alojamiento a garantizar que cualquier empleado que interactúe con los huéspedes se someta a un entrenamiento para reconocer los casos de trata de personas (A.6834-B, Paulin).
Apoyo a Víctimas de Crímenes
La Oficina de Servicios a las Víctimas (OVS, sus siglas en inglés) proporciona compensación a las víctimas de estos delitos, financia los servicios directos a las víctimas a través de una red de programas comunitarios y defiende los derechos de todas las personas inocentes de estos delitos. La mayoría en la Asamblea se compromete a garantizar que las víctimas de delitos tengan acceso al apoyo y los recursos que la OVS ofrece.
La legislación aprobada daría a los tribunales la discreción de ordenar que se pague a la OVS (A.3555, Englebright) parte o la totalidad de las multas penales o civiles de acuerdo con ciertas leyes antimonopolio.
El paquete también incluye medidas que buscan asegurar que las víctimas de crímenes no sean injustamente excluidas de los servicios provistos por la OVS. Bajo el proyecto de Ley de la Asamblea 3920 (Glick), las parejas domésticas de víctimas de homicidio serían elegibles para una compensación de la OVS por gastos de desembolso y de consejería. Otra legislación autorizaría a la OVS a aceptar otros documentos oficiales, además de los informes policiales, como prueba de elegibilidad para recibir servicios como víctimas de delitos familiares (A.3936, Pretlow).
Redefinición de Actos Sexuales Criminales
La Asamblea también aprobó una medida para definir más ampliamente los estatutos de violación del estado. Según la ley actual, el sexo oral y anal forzado no se considera violación. La legislación de hoy eliminaría el requisito de penetración de los estatutos de violación y redefiniría la violación como contacto sexual vaginal, contacto sexual oral o contacto sexual anal (A.4249-A, Simotas).
“La trata de personas y el tráfico sexual son crímenes reprochables que causan un gran daño a las personas que sobreviven estas pruebas”, dijo el asambleísta Joseph Lentol. “Es importante que proporcionemos un sistema de apoyo que no los someta a más obstáculos para que recuperen sus vidas. Estas medidas garantizarán que nuestras leyes respondan a las necesidades de las víctimas”, agregó.
“El homicidio es un crimen atroz que afecta las vidas de todos los seres queridos de una víctima, incluidas las parejas domésticas”, dijo la asambleísta Deborah Glick. “Esta legislación reconoce que el estado civil no establece la importancia de una relación, ni afecta el impacto devastador –emocional y financieramente- que un homicidio tiene sobre la pareja doméstica de la víctima”, añadió Glick.
“La trata de personas se incrementa secretamente y se vale del temor de las personas vulnerables”, dijo la asambleísta Amy Paulin. “Al generar conciencia y ayudar a las personas y las empresas a comprender los signos del tráfico y de quienes explotan, podemos dificultar que estas operaciones criminales continúen en nuestro estado”, indicó Paulin.
“Mi proyecto de ley es un cambio de sentido común a la ley penal del estado que facilitará castigar a los culpables y darles a los sobrevivientes de violación un sentido de justicia”, expresó la asambleísta Aravella Simotas. “Es nuestra obligación para con los sobrevivientes que garanticemos que el delito que cualquiera reconocería como una violación sea inequívocamente llamado violación por la ley. Usar otros nombres agrega un insulto a aquellos que ya han sido heridos de una manera inimaginable”, concluyó Simotas.