Luego de que en enero de este año se promulgara una legislación que permite a los inmigrantes con tarjeta verde y permiso de trabajo poder ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales, un grupo de republicanos de la ciudad de Nueva York, presentó una demanda ante los tribunales de justicia para que unas 800.000 personas no ciudadanos no puedan votar.
Los defensores de la legislación, Ley Local 11-2022 y una coalición de organizaciones se apostaron frente a la Corte Suprema del Condado de Richmond (Staten Island), para intervenir en el proceso y defender que este sector de la población sean escuchados.
Con la aprobación de esta legislación "Nuestra Ciudad, Nuestro Voto", se dio un paso en favor de esta comunidad y de la democracia, al permitir que casi un millón de inmigrantes, incluyendo beneficiarios de DACA y TPS, puedan tener una voz en las elecciones locales.
“Como beneficiario de DACA, contribuyente, propietario de vivienda y residente de Staten Island, es crucial ser parte del proceso político para tener voz en la elección de nuestros representantes”, dijo Carlos Vargas, quien también aclaró que, “estos funcionarios electos toman decisiones políticas a nivel más local de nuestro gobierno que impactan nuestras vidas”.
Los argumentos de los republicanos al momento de presentar la demanda se basan en que estas personas tendrán los mismos derechos y privilegios que un ciudadano al emitir su voto en la ciudad. También resaltan que votar es un derecho que la Constitución del estado reserva para los ciudadanos estadounidenses.
No obstante, las mismas leyes federales aclaran que “los estados y las ciudades son los que tienen el derecho de decidir quienes votan en sus elecciones locales”, una aclaración presentada por el exconcejal Ydanis Rodríguez, patrocinador de la ley quien al momento de presentar esta legislación aclaró que la ley local pretende enmendar los estatutos electorales de la ciudad de Nueva York.
En una conferencia de prensa previo a que el juez escuchara los argumentos de los demandantes del Partido Republicano, los activistas presentaron sus argumentos de sobre cómo la Ley Local 11-2022 empoderaría a las comunidades inmigrantes al darles voz sobre quién los representa en las elecciones locales, al tiempo que denunciaron la demanda como otra instancia de restricción del acceso de los votantes a las urnas.
“No dejaremos que el extremo derecho descarrile el audaz compromiso de la ciudad de Nueva York con la democracia. Por eso estamos llevando esta lucha en los tribunales”, dijo Yesenia Mata, directora ejecutiva de La Colmena.
Otra de las exigencias de los defensores del voto al alcalde Eric Adams y al Concejo Municipal es la creación de un fondo de $25 millones que se distribuirá para llevar a cabo un registro de votantes, educación de votantes y GOTV verdaderamente amplios en toda la ciudad, al mismo tiempo que aumenta los presupuestos de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE, por sus siglas en inglés) para que puedan implementar adecuadamente la Ley Local 11-2022.
Con el aumento del presupuesto se permitirá que la Junta Electoral de la ciudad eduque a los nuevos votantes sobre sus derechos, apoye el registro de votantes y aumente el acceso al idioma y los servicios de traducción.
La Coalición de Inmigración de Nueva York, United Neighborhood Housing y Our City Our Vote Coalition, han sido las principales organizaciones de la sociedad civil en impulsar esta legislación y sus procesos jurídicos.
Los principales argumentos de estas organizaciones, es que, si los residentes inmigrantes “envían sus hijos a las escuelas, pagan sus impuestos y contribuyen a su ciudad”, también deberían tener derecho a votar en sus elecciones locales.
La legislación se enmarca únicamente en la ciudad de Nueva York, es decir, en las elecciones municipales para los cargos de Alcalde, Contralor, Defensor Público, miembros del Concejo Municipal y Presidente de Condado.
Desde el punto de vista del significado de las cosas, esta legislación que además tuvo el apoyo del alcalde Eric Adams, destaca ese proceso electoral que nos permite una profunda aproximación a los candidatos políticos y sus programas de gobierno que afectan o benefician a la comunidad dentro del mundo sociopolítico.
Bajo esta nueva perspectiva, el voto de los residentes permanentes en la ciudad de Nueva York se convertiría en una pieza fundamental de su sistema democrático. Aunque es muy importante tener en cuenta que, democracia es mucho más que el simple ejercicio de votar.
La importancia de este modelo ejemplar y legítimo en el que todos se sientan representados es que, está directamente relacionado con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, por un lado, articular y agregar intereses y, por otro, regular y resolver los conflictos entre ellos.
“Los procedimientos judiciales de hoy son otro ejemplo más de cómo los republicanos intentan privar de sus derechos a las comunidades negras y latinas a través de la desinformación y el engaño”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.
El defensor de los inmigrantes también aclaró que La Ley Local 11-2022 haría posible que los inmigrantes neoyorquinos que son activos en sus comunidades trabajen aquí, críen a sus hijos y paguen impuestos aquí para participar en su democracia local.
“Merecen tener el derecho de elegir a las personas que representen sus intereses. Cuando todo esté dicho y hecho, las comunidades de inmigrantes de la Ciudad de Nueva York prevalecerán”, agregó Awawdeh.