La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una moción contra el Departamento de Correcciones de Nuevo México por negarle atención médica especializada a una interna que sufre de abundantes sangrados desde hace un año.
Por medio de la moción para cumplimentar una orden preliminar en el Primer Tribunal de Distrito Judicial, la organización está solicitando que el tribunal ordene de "inmediato" que se brinde atención médica adecuada a la prisionera, que se encuentra en el Centro Correccional Springer y a quien identifican como S.M.
Mediante un comunicado, ACLU informó que la mujer sufre por sangrado uterino anormal y síntomas consistentes con prolapso de órganos pélvicos.
Indican que desde junio del 2018 se ha quejado en repetidas ocasiones de presión y dolor pélvico constantes, incontinencia urinaria y sangrado abundante, entre otros síntomas, y el correccional se ha negado a llevarla con un médico especialista.
ACLU argumenta que la negación de la atención adecuada equivale a un "castigo cruel" e inusual y viola la Constitución de Nuevo México.
"Nuestro cliente no está pidiendo nada extraordinario o difícil de proporcionar, ella está pidiendo ver a un especialista médico que pueda diagnosticarla y tratarla adecuadamente para que no tenga que seguir viviendo en un estado constante de dolor, vergüenza y miedo por su salud", dijo Lalita Moskowitz, abogada y miembro de Equal Justice Works.
La jurista recordó que el 2 de mayo de 2018, después de quejarse de dolor durante meses, la interna fue llevada ante una enfermera practicante empleada por Centurion, la compañía subarrendada por la prisión.
La enfermera diagnosticó a la mujer con un tipo de prolapso de órganos pélvicos y la remitió a un hospital en Ratón, Nuevo México, para que le hicieran una ecografía.
Moskowitz dijo asimismo que el ultrasonido reveló la presencia de posibles crecimientos malignos en otras partes de su cuerpo, pero no proporcionaron ninguna información sobre la gravedad de su prolapso de órganos pélvicos.
"Un ultrasonido no es la herramienta de diagnóstico adecuada para tal condición", apuntó.
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"Nunca debería haber llegado a esto, pero ahora estamos pidiendo a la corte que intervenga y defienda los derechos constitucionales de la afectada para que una enfermedad tratable no resulte en daño permanente, o peor aún, una trágica pérdida de vidas", expresó la activista.
Moskowitz aclaró que lo que requería la prisionera era una visita a un médico certificado en obstetricia y ginecología que tenga la experiencia adecuada, para crear un plan de tratamiento eficiente.
Aunque ACLU y la afectada solicitaron una cita con un especialista en varias ocasiones, aún no la han llevado a una consulta especializada.
"Los pocos pasos que la correccional y Centurion han tomado para abordar las condiciones médicas graves de nuestros clientes han sido superficiales, descaradamente inapropiados y completamente ineficaces", añadió Moskowitz.
Según la web del Departamento de Correccionales de Nuevo México, el Centro Correccional Springer (SCC) abrió oficialmente el 1 de enero de 2007 y pasó a ser una instalación para mujeres en octubre de 2016. EFE