Este 18 de octubre, en Chile se conmemoró el segundo aniversario del estallido social que dejó al descubierto la magnitud del anhelo de cambios, y que detonó de diversas maneras; con marchas alegres, cacerolazos, cánticos, consignas, gritos, pero, además, con violencia, silencio, abuso, represión y falta de voluntad de quienes deben generar las transformaciones en el país.
Chile despertó a una nueva forma de enfrentar años de historia de iniquidades sociales, y la lucha de millones de personas impulsó un proceso constituyente bien encaminado que logró estampar la caída de la Constitución Política de Augusto Pinochet.
Si bien, en 2019, los hechos ocurridos marcaron positivamente un antes y un después en la vida de los chilenos, también se abrió una nueva herida, miles de familias experimentaron la muerte de seres queridos, desapariciones, torturas, traumas oculares, detenciones y encarcelamientos. Hoy ese dolor sigue abierto, sin reparación y sin justicia.
La conmemoración se dio en un contexto pacífico, con una marcha multitudinaria (que el gobierno se niega a reconocer), cantos, lemas y manifestaciones artísticas, exigiendo verdad, soluciones y probidad.
Sin embargo, las calles terminaron nuevamente con hechos violentos: enfrentamientos de manifestantes con carabineros, atentados incendiarios, destrucción de espacios públicos y privados, saqueos, ataques a cuarteles policiales, detenidos. Lo peor, dos personas muertas.
Ante el caos, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que más allá de los autores materiales de los delitos, los verdaderos y finales responsables son quienes apoyan las manifestaciones y defienden a los presos del estallido social de 2019.
“Instalaron en Chile una sensación de impunidad y presentaron un proyecto de indulto, como Yasna Provoste, y quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric”.
Buscando dividendos políticos (a días de las elecciones presidenciales), la autoridad nacional responsabilizó directamente a los candidatos a la presidencia Gabriel Boric y Yasna Provoste, por los incidentes violentos ocurridos.
El gobierno intentó desligarse de una tarea que le compete al Ministerio del Interior y no a los candidatos: resguardar la seguridad pública. Las autoridades siguen actuando desde un solo punto de vista, buscar y encontrar culpables, pero no se han encargado verdaderamente de encontrar la explicación a los hechos de violencia.
La constante histórica en el país es que no se atiende la efervescencia social como el síntoma de algo, sino como un problema que hay que aplastar. Cuando se ejerce violencia, casi siempre se recibe violencia.
¿Por qué después del cambio de la Carta Magna siguen existiendo desórdenes en las calles de Chile? ¿Qué mueve la violencia?, ¿por qué la gente se expone a ser reprimida y golpeada por carabineros?
Los problemas urgentes
La Convención definirá qué medios son legítimos para los fines deseados por las personas en materia de equidad y justicia social, es una mirada que se está construyendo para los próximos cincuenta años.
Sin embargo, existe total abandono e indiferencia ante las necesidades inmediatas y problemas urgentes de la gente; endeudamiento, alza de precios, sueldos, CAE, previsión, desempleo. Durante dos años, el gobierno de Sebastián Piñera no se ha hecho cargo de ningún punto de la agenda social.
Corresponde a la apatía del mandatario, actualmente imputado y acusado constitucionalmente por delito tributario, cohecho y soborno por la venta de minera Dominga.
Libertad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Se han conocido nuevas imágenes que han dado a conocer cómo actuó carabineros durante el estallido social, violando los derechos humanos. Hasta ahora ningún mando estratégico ha sido procesado.
Una herida abierta que se manifiesta en las calles como un reclamo, un grito en el ardor ciudadano. No existe verdad, reparación ni garantías de no repetición para las víctimas. De todos ellos, estos son solo algunos casos dramáticos:
Fabiola Campillai, el 26 de noviembre del 2019, cuando iba a su trabajo, el carabinero Patricio Maturana le disparó directo a su cara con una bomba lacrimógena, dejándola ciega, sin gusto y sin olfato, con fracturas en el cráneo y secuelas de por vida.
Mario Acuña, el 23 de octubre de 2019, fue brutalmente torturado por carabineros en una manifestación, dejándolo postrado para siembre.
Oscar Pérez, joven atropellado por dos carros lanza aguas, uno de ellos, conducido por el carabinero Mauricio Carrillo. El joven ha sido operado ocho veces.
Camila Valdés, el 13 de diciembre de 2019, de vuelta de su trabajo, carabineros le disparó seis perdigones en su pierna, dejándola dependiente de un bastón.
Miguel Rojas, 22 de octubre de 2019, carabineros lo torturó dentro de un supermercado, dejándolo con un 90% de daño neurológico.
Alex Núñez, el 20 de octubre de 2019, falleció a manos de carabineros.
Nicole Kramm, realizadora audiovisual y fotoperiodista, el 31 de diciembre de 2019, dirigiéndose a trabajar en un documental, fue impactada por un balín de carabineros, perdiendo la visión de su ojo izquierdo.
Amnistía Internacional ha demostrado que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros, posibilitaron, promovieron y toleraron el uso excesivo de la fuerza.
Además, reconoce que la justicia y reforma estructural de la institución son pasos fundamentales para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan.
Es primordial considerar que los actos delictuales deben ser reprimidos, pero, por otra parte, se debe buscar en las manifestaciones el trasfondo, el sentir de la gente, sus necesidades y sus derechos que evidentemente no están siendo atendidos.
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