El asesinato masivo en San Bernardino California no solo ha motivado la controversia nacional sobre terrorismo y portación de armas, atisbada por la coyuntura electoral. Sobretodo ha confrontado al gobierno en sus diferentes ramas a una realidad ineludible: la presencia de terroristas dentro del país.
El candente tema topa aspectos tan sensibles como la inmigración, mientras la tendencia generalizada es de rechazo a la inmigración ilegal, la información oficialmente confirmada indica que los terroristas son ciudadanos o residentes legales del país. Esta circunstancia promueve una gran reflexión sobre el enfoque de la política migratoria nacional. Mientras una gran mayoría de inmigrantes latinoamericanos llegan a Estados Unidos huyendo de la pobreza y el desacierto político, muchos extremistas tienen mayores y mejores condiciones para legalizarse y realizar ataques desde dentro de la propia estructura estadounidense, que por otro lado le niega todo derecho a gente humilde cuyo único objetivo es trabajar y ganarse dignamente el pan.
Por otro lado existe una gran indignación sobre las políticas de control de armas que actualmente permite a los civiles adquirir legalmente armas diseñadas específicamente para matar a la gente con rapidez y eficacia brutal, armas de guerra comercializadas libremente en tiendas y ahora con mayor frecuencia por internet.
Hay una fuerte critica a los oficiales electos que por un lado ofrecen oraciones por las víctimas de armas de fuego y sus familias, pero que no hacen nada para restringir, mejorar o perfeccionar estas leyes que en grandes potencias mundiales como el Reino Unido, Japón, Australia, por mencionar unos pocos, tienen mejor funcionamiento y garantizan el bienestar y seguridad de sus ciudadanos.
Ojalá la presencia lega de terroristas, radicales y fanáticos islámicos, motive a una mejor regulación sobre la adquisición y postración de armas, uno de los meas peligrosos enemigos de la paz y la salud pública de Estados Unidos. No se trata de profundos cambios constitucionales ni de suprimir la Segunda Enmienda, sino de regularizar y delimitar claramente quién puede, sobretodo, adquirir y usar armas de alto alcance.
Ciertos tipos de armas, como fusiles de combate y ciertos tipos de munición deberían ser prohibidos para la población civil. La cultura de violencia parece comandada, dirigida y patrocinada por el Estado y marca todos los estamentos sociales, promoviendo una mentalidad de alerta permanente que por otro lado contrasta con la ineficacia de los servicios de seguridad nacional a quienes se les han escapado, a pesar de sus sistemas tecnológicos, el rastrear a parejas como los radicales asesinos de San Bernardino o los hermanos que perpetraron el atentado en la Maratón de Boston.
Es indispensable establecer categorías de armas, definirlas de manera clara y eficiente, reflexionar sobre la preservación de las especies animales.
La industria de fabricación de armas es más grande y poderosa que la de producción internacional de drogas y su poder de trabajo en las esferas políticas es conocido, sin que por ello la mayoría de estadounidenses cierren sus ojos a la realidad, que exige más que nunca enfrentarla y exigir acciones concretas por parte de los líderes políticos.